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ANÁLISIS A FONDO
DÓNDE ESTÁN LOS NIÑOS
Francisco Gómez Maza
- 602 días llevan desaparecidos Adriana, Diana y Julio César
- Y el desdén de las autoridades decepciona a Monterrey
 La falta de oportunidades, el analfabetismo y la pobreza de las hermanas María Inés y Mónica Bernal Hernández se conjugaron para que sus hijas e hijo fueran secuestrados cuando se encontraban albergados en la Casa Hogar “Refugio de Amor” del Centro de Adaptación e Integración Familiar, A.C., CAIFAC, organización que opera en Nuevo León a partir de 1993. Denunció hace ya varios meses en la revista Nosotras doña Irma Alma Ochoa Treviño, directora general, de la organización defensora de los derechos de la mujer, Arthemisas por la Equidad, A.C. Las hermanas Hernández interpusieron la denuncia 2554/2008-VII-4, ante el Agente del Ministerio Público número Siete de Justicia Familiar, el 1º de Diciembre del 2008, por el delito de secuestro, cometido en perjuicio de sus hijos Julio César y Adriana Guadalupe Castañeda Bernal y Diana Lizeth Bernal Hernández, en contra de Patricia Murguía, directora del CAIFAC, ubicado en Hacienda Los Morales en San Nicolás de los Garza, N. L.
Hace exactamente un mes, las organizaciones Alternativas Pacíficas, A.C., Arthemisas por la Equidad, A.C. y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) preguntaron en los medios de prensa ¿Dónde están los niños perdidos? ¿Dónde los responsables? Las organizaciones que firmaron el desplegado manifestaron (y lo siguen haciendo, ante la ausencia de resultados de la investigación del secuestro por parte de las indolentes autoridades jurisdiccionales del estado de Nuevo León, cuya capital es la ciudad de Monterrey, su más profunda preocupación por el desdén con que las autoridades han tratado el caso de las niñas y el niño desaparecidos mientras se encontraban bajo el supuesto cuidado de CAIFAC. En el momento de la denuncia habían trascurrido 470 días de los hechos, y a ayer, 16 de febrero, Adriana, Diana y Julio César siguen sin ser localizados y los señalados como responsables directos de tal desaparición siguen sin ser llevados ante la justicia. Los reclamos de sus familias y de la sociedad siguen sin ser escuchados. Y se impone, como advierte Pablo de Tarso, hablar, denunciar, oportuna e inoportunamente, como cuchillo de palo, porque las autoridades son las responsables de que ni aparezcan los niños desaparecidos ni sean llamados a cuentas los, como se dice en lenguaje judicial, indiciados de ser los responsables, diría mejor, los culpables, de estas desapariciones, que claman venganza al cielo.
Las madres de los niños desaparecidos y las organizaciones que han tomado el caso en sus manos han acudido a las diferentes instancias gubernamentales implicadas en proporcionar la seguridad y el bienestar social de los niños, pero ellos siguen sin aparecer. Antes de que desaparecieran Adriana, Diana y Julio, las autoridades, tenían datos que les permitían conocer que los niños estaban en riesgo. Según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el expediente CEDH/129/2009, el 18 de diciembre de 2008 el Ministerio Público pidió a las autoridades del Sistema DIF que investigaran el riesgo en que podían estar Adriana, Diana y Julio César Sin embargo, dichos funcionarios fueron omisos y sólo realizaron una entrevista parcial, pese a que tenían los elementos técnicos y jurídicos para provisionalmente egresar de ese albergue a los niños e ingresarlos en otro, en tanto investigaban con más cuidado los hechos. La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación derivada del expediente CEDH/129/2009, en la que afirmó que se violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos del niño y se incurrió en prestación indebida del servicio público. Con todo, la recomendación de la Comisión Estatal señala sólo a dos delegadas del DIF que tuvieron contacto directo con los niños. Las organizaciones denunciantes consideran que también son responsables los superiores de esas delegadas y las autoridades que por errores y omisiones han fallado en la localización de las niñas y el niño y han permitido que en este caso haya impunidad.
Las representantes de Alternativas Pacíficas, A.C., Arthemisas por la Equidad, A.C. y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) sostuvieron, hace poco más de un mes una reunión con Jesús Zacarías Villarreal Pérez, secretario de Salud de Nuevo León, quien se comprometió a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Presentación de Servicios de Atención Médica, la cual no fue aplicada en los albergues de CAIFAC y esto permitió que el lugar siguiera operando sin cumplir con asuntos básicos de la norma como, por ejemplo, tener un expediente por niño. La sociedad necesita que el sistema de guarda y protección de la infancia sea transparente y eficaz, que se rija por el Derecho y busque siempre el interés superior de las niñas y los niños, y que cuando haya una irregularidad sea correctamente investigada y subsanada. Desde este espacio continuamos unidos con las organizaciones demandantes y exigimos que las autoridades den resultados puntuales: que las niñas y el niño sean localizados con vida y devueltos a sus respectivas madres; que los responsables sean llevados pronto ante la justicia y que se tomen medidas serias que eviten la repetición de estas violaciones. Exigimos también, unidos a las madres de los pequeños, que, basados en el reglamento del estado, la Procuraduría General De Justicia ofrezca una recompensa por información que lleve a la localización de Adriana, Diana y Julio.
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