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30 de julio de 2010
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Autoritarismo y exclusión en Guanajuato

Luis Miguel Rionda

 

El autoritarismo es una actitud que se desarrolla con celeridad en los individuos que carecen de capacidad de persuasión, incluso de dificultades para la comunicación simple.

 

Cuando se llega al poder público, en particular si el poder es mucho y sin contrapesos, el sujeto puede obnubilarse -confundirse hasta el estado de estupor, dice el diccionario- y confundir las convicciones propias o de grupo con las de la colectividad o de la mayoría. Si este estado se prolonga demasiado, se va perdiendo lucidez, sentido común y capacidad de escucha de opiniones diferentes a la propia.

 

A los presidentes de la república les aqueja con demasiada frecuencia esta patología, que puede llegar hasta un estado de enajenación irreversible. Podemos constatarlo en la visión extasiada que reflejan las memorias presidenciales, como “Mis Tiempos”, de José López Portillo, o “México: un paso difícil a la modernidad”, de Carlos Salinas de Gortari.

 

El mal también aqueja a muchos de los titulares de los ejecutivos estatales y municipales. Desde los viejos caudillismos y cacicazgos del pasado, hasta las exhibiciones de intolerancia y/o necedad que evidencian nuestros actuales gobernantes en Guanajuato.

 

A nivel municipal, el ejemplo más inmediato ha sido la actitud asumida por el alcalde de la capital, Nicéforo Guerrero, quien en voz propia o de sus subordinados descalificó una de las marchas ciudadanas más auténticas que se han visto en esta ciudad. Se nos acusó de manipulados, ignorantes, falaces y tontos. Necean en que la fiesta de la Cueva no se verá amenazada, que no se le tocará una piedra a los cerros de La Bufa y los Picachos, y que desconocemos el  área efectiva a urbanizar, así como el proyecto.

 

Lo primero es falso: nunca se han defendido esas sandeces por parte del movimiento social que nació en Facebook. La demanda real ha sido simple: que no se cambie el uso de suelo en toda esa zona, incluyendo el predio que hoy sabemos se llama Granja La Bufa, propiedad de la constructora AZACAN.

 

La segunda acusación, la de que somos ignorantes, es parcialmente verdadera. Pero cada vez lo somos menos porque hemos estado consiguiendo información con los medios a nuestro alcance, y la hemos divulgado. Nos estamos asesorando con verdaderos especialistas en derecho, urbanismo, ecología, hidrología y climatología. También sobre la historia y la cultura locales. Las opiniones en contra de la urbanización hacen legión, mientras que las voces favorables sólo salen de los espacios gubernamentales, partidistas y del constructor, quien incluso ha acudido a las amenazas a un regidor.

 

En lo personal opinaría que la autoridad debe difundir toda la información existente, y subirla a su página electrónica, que hoy no informa nada. Que se organice una consulta popular bajo la supervisión del IFE, del IEEG o de la UG -nosotros reuniremos firmas de ciudadanos-. Que el ayuntamiento se abra al diálogo con nuestro grupo, porque cuando los elegimos no les dimos cheque en blanco. Y que se respete una zona de preservación ecológica alrededor de la ciudad, que incluya el área en debate.

 

No deseamos más depredación en aras de un “desarrollo” mal entendido; muchos de los miembros del grupo han propuesto opciones de crecimiento para la ciudad, que deberían considerarse con seriedad. Señores ediles, recuerden: Guanajuato es el patrimonio de todos, no de unos cuantos.

 

El abucheo del miércoles fue un claro mensaje al edil. No tuvimos que estar presentes los miembros de “Guanajuato somos todos” para que la voz de la ciudad se hiciera oír en el auditorio del estado. Pero las promesas de coyuntura se las lleva el viento, y pudo haber sido una estrategia para escapar del brete. No bajaremos la guardia, y marcharemos nuevamente este sábado 31 a partir de las 10:00 horas, desde la glorieta Pozuelos.

 

Pero el autoritarismo parece no tener límites en Guanajuato. El miércoles se perpetró uno de los ataques más arteros a la separación de la iglesia y el estado, y el perpetrador fue el Congreso local. El obispo auxiliar de León, Juan Frausto, prelado de una de las múltiples iglesias y religiones que existen en nuestro país, fue recibido de manera oficial por diputados de todos los partidos excepto, al parecer, del PRD. No sólo le dieron la bienvenida y le acompañaron en el recorrido por el edificio –por cierto, diseñado por el ateo Luis Long-, sino que incluso recibieron la bendición con la cabeza gacha.

 

Admitiendo la visita formal de un representante de una de las iglesias que conviven y compiten en nuestro país, el Congreso local se obliga a invitar a representantes de las otras iglesias formalmente registradas en la Secretaría de Gobernación. Sólo así se atendería el principio de equidad a que está obligado el poder público. No sólo se violó el artículo 130 constitucional; con el acto de la bendición pública se viola el artículo 24: “Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos”.

 

Es lamentable que en Guanajuato estemos retrocediendo a la situación previa a la insurgencia de 1810. ¿Así celebramos el bicentenario?

 

Antropólogo social. Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León.

luis@rionda.net – www.luis.rionda.net - rionda.blogspot.com

 

 

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