Suscribete
 
1373 31 Julio 2013

 

ESTADO DE LOS ESTADOS
Cifras maquilladas
Lilia Arellano

Cancún.- En lo que respecta al terreno de la seguridad, en donde el gobierno presume de triunfos cuando lo único real ha sido la entrega pactada de Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40’”, siguen empeñados en presentarnos un panorama y un sinnúmero de reportes en los que consideran que la violencia y los actos delincuenciales han disminuido.

Sin embargo, la realidad nos muestra un rostro totalmente diferente, y no hay día en el que no sean reportadas un mínimo de 30 ejecuciones, todas ellas sanguinarias, con colgados, mutilados, cremados; siguen descubriéndose las fosas clandestinas y obviamente no hay rastro alguno de los miles de desaparecidos.

Recientemente está el caso de una ejecución publicitada, la del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la Octava zona naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y en la que presuntamente están implicados tres integrantes de la organización criminal “los caballeros templarios”, que están detenidos y son interrogados en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, que de inmediato atrajo el caso.

Destaca el hecho de que sea precisamente en Michoacán, donde hay un gobierno acéfalo ante la enfermedad de Fausto Vallejo Figueroa, en donde se presenta prácticamente un estado fallido y en donde las ejecuciones violentas están a la orden del día; entre ellas se cuentan no sólo oficiales de la Marina sino también agentes federales y mandos policíacos locales, sin que falten civiles inocentes y presuntos delincuentes.

En la administración federal por discursos no paran, comenzando por el presidente Enrique Peña Nieto, quien “garantizó” que habrá celeridad para llevar ante la justicia a los responsables del ataque a elementos de la Marina en el Estado de Michoacán. El titular del Ejecutivo federal afirmó desde sus oficinas en la residencia oficial de Los Pinos, que “su gobierno” refuerza la decisión de hacer valer el estado de derecho en todo el territorio nacional.

Mientras que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sale presuroso a declarar que la organización delictiva de los “caballeros templarios” fueron los responsables del ataque contra el mando naval, con lo que intenta prematuramente dar por resuelto el caso.

Sin embargo, a la hora de la verdad y dejando de lado los discursos, lo cierto es que los niveles de violencia que se alcanzaron durante la pasada administración panista, se mantienen en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que no ha sido capaz de diseñar una nueva estrategia contra la delincuencia organizada y los cárteles de la droga en el país, por lo que los resultados –o mejor dicho la falta de éstos– siguen siendo los mismos.

La administración del mexiquense sigue plegada a la estrategia que le dictan desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, de combate frontal a las organizaciones delictivas, lo que conviene a los intereses de la administración de Barack Obama, pero que no responde a las necesidades y demandas de México.

Tan son falsas las cifras que maneja la administración federal en torno a la percepción de disminución de la violencia, que ahí están los datos duros, fríos que desmienten el optimismo oficial, no sólo en los reportes diarios de ejecuciones a lo largo y ancho del territorio nacional (que a pesar de todo siguen difundiendo los medios de comunicación) sino también los reportes oficiales, como la localización, por parte de la secretaría de la Defensa Nacional, de al menos 198 fosas clandestinas con 486 cadáveres, tan sólo en los últimos dos años.

Y son precisamente los estados de Tamaulipas, Veracruz y Durango, en donde se concentran estas clandestinas tumbas multitudinarias, en San Fernando, Tamaulipas, se han encontrado 52 fosas con 210 cuerpos; San Julián, en Veracruz, 14 fosas y 65 cadáveres, y Durango, Durango, 7 fosas y 26 cuerpos.

Y las fallas en la administración y procuración de justicia siguen exhibiéndose, incluso en el terreno internacional. Luego de la liberación de la secuestradora francesa Florence Cassez, y la falta de pruebas contra generales encarcelados en el gobierno calderonista, ahora surge el caso de Sandra Ávila Beltrán, conocida también como la “Reina del Pacífico”, a quien se ha mantenido encarcelada durante un sexenio, acusada de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Uno a uno los cargos fueron cayendo, a pesar de lo cual los gobiernos de México y Estados Unidos la mantuvieron tras las rejas hasta que un juez estadounidense consideró que su condena ya está cubierta por lo que se espera su liberación y repatriación a México.

En territorio nacional, fuentes ministeriales insisten y advierten que Sandra Ávila Beltrán será detenida una vez que ingrese a México, debido a que existe un juicio abierto por el delito de recursos de procedencia ilícita y del cual se espera conocer la sentencia correspondiente.

De los pasillos

El curso económico del país sigue sin una mano firme y prácticamente a la deriva. Los adoctrinados funcionarios del gabinete económico siguen sin encontrar los controles de la economía nacional y ésta padece todos los días la inexperiencia e impericia de los burócratas a cargo de las principales carteras de las secretarías de Hacienda y Economía y del Banco de México.

La situación en la materia es tan adversa que hasta la propia Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ajustó a la baja su estimación del crecimiento económico a 2.5 por ciento por debajo del 3.1 por ciento previsto por el gobierno federal, debido a las condiciones que presenta el país.

Cabe destacar que un menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no sólo indica una menor generación de riqueza, sino que también representa una menor generación de empleos en una economía dominada ya por la informalidad, que se ha convertido en un válvula de escape a la pobreza por la falta de trabajo formal.

No cabe duda que hoy más que nunca tiene vigencia la sentencia de “El Tlacuache”, el abogado y diplomático veracruzano César Garizurieta, quien aseguró que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Resulta que el Banco de México informó que un total de 119 aspirantes a ocupar un lugar en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica que serán examinados el próximo sábado 3 de agosto; en total son 85 los aspirantes que cumplen con los ocho requisitos que indica el Artículo 28 de la Constitución para ser comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y 50 para comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Cabe precisar que del total de aspirantes, 16 se postularon para los dos organismos por lo que presentarán dos exámenes, que serán grabados en video y audio digitales.

La crisis inmobiliaria en el país sigue afectando a las principales constructoras de vivienda. Ayer, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió la cotización de las acciones emitidas por la desarrolladora de vivienda GEO, tras presentarse movimientos “inusitados en la cotización de los valores representativos de capital de la emisora”. La medida, explicó en un comunicado la BMV, será levantada hasta que la emisora envié a esa institución alguna explicación.

lilia_arellano@yahoo.com
@Lilia_arellano1

 

Su nombre :
Su correo electrónico :
Sus comentarios :

 

 

15diario.com