Debido proceso
Samuel Schmidt
Ciudad de México.- Se veía venir. El caso de Florence Cassez abrió una puerta que los militares y la policía federal tenían tapiada. La Suprema Corte de Justicia encontró (aunque con reticencia) que los derechos de las personas detenidas son pisoteados, que suelen sufrir detenciones ilegales, tortura, invención de delitos y que hay un sistema judicial que se encarga de asegurarse que estos abusos queden cubiertos, mientras los inocentes pagan largas condenas.
Se dice que un elevado porcentaje de los presos son inocentes y al ser pobres carecen de los medios para defenderse y lograr que sus casos se muevan. Poco remedio se tiene frente a una policía corrupta, con un sistema judicial pesado que se vende al mejor postor, cubriendo las espaldas de los jueces abusivos. El juez que condenó al inocente cuyo caso fue presentado en el documental Presunto Culpable, fue promovido a magistrado, desde donde podrá hacer más daño.
La liberación de un joven detenido por el ejército, torturado e interrogado ilegalmente ha sido ordenada por la Suprema Corte de Justicia. Este muchacho fue acusado de participar en una matanza en Ciudad Juárez, se pasó tres años en la cárcel, su familia fue destruida, y todo porque los militares necesitaban un culpable. En aquella un policía corrupto, padre de robacoches, detiene a un inocente y lo acusa de asesinato, ninguna prueba o testimonio de descargo es suficiente, incluida aquella que demuestra que estaba a kilómetros de distancia de donde se cometió el crimen. En el caso de Ciudad Juárez, una institución no muy limpia produce un culpable para demostrar eficiencia. En ambos casos, el sistema judicial se presta para cometer una ignominia, el juez se encargó de descartar los testimonios que tiraban la acusación.
Cuando Human Rights Watch emitió su recomendación sobre México, se refirieron directamente al hecho que los militares estuvieran en las calles, que la sociedad careciera de mecanismos de queja y que no hubiera la forma de juzgar a los militares que abusan de los derechos humanos, porque las quejas contra los militares las revisan ellos mismos. El caso de Ciudad Juárez se ajusta a la perfección y nos demuestra un rasgo más perverso: los soldados actúan en combinación con los policías para condenar a un civil inocente, generan confusión, despojan al individuo de la posibilidad de acusar directamente a sus torturadores y falsos acusadores, y cubren su incompetencia llenando las cárceles de inocentes, todo ello avalado por jueces.
El problema mayor es que no estamos hablando de casos sueltos, sino de actitudes que son regla.
Durante años, se insistió que el gobierno debía cancelar el uso de un detector molecular que no sirve para nada, aunque con él condenaron a la cárcel a muchas personas. Los militares que se consideran infalibles e imponen el silencio de las armas, se negaron a aceptar el razonamiento científico, tal vez para ocultar el nombre de quien posiblemente se embolsó mucho dinero en la compra de un aparato boletinado internacionalmente como inservible.
Los jueces daban como válida la prueba de la llamada Ouija del diablo para condenar gente inocente, así crearon efectos legales que le cuestan muy caro a las víctimas, ¿habrá algún juez que le pueda poner valor a la pérdida de tres años de libertad? Antes, cuando se cometían agravios, el gobierno cínicamente solicitaba disculpas. Hoy el agravio ha aumentado y ni siquiera hay disculpas, aunque no hay disculpa posible. Pero la sociedad no quiere disculpas, quiere justicia.
Si las dos decisiones de la Suprema Corte se tomarán en serio, procede que se abran los casos de los miles de personas que están encarceladas en base a acusaciones espurias, con pruebas falsas, con procedimientos irregulares y
se les libere, pero para acercarnos aunque sea un ápice a la justicia, el Estado los debe compensar por lo perdido por actos de gobierno incorrectos y castigarse a los responsables.
No es suficiente que un soldado diga que le ordenaron, él sabía bien que actuaba ilegalmente, igual que los superiores que toleraron e incentivaron esa conducta, ambos deben pagar legalmente.
La Suprema Corte ha abierto un resquicio para acercarnos al Estado de derecho, hay que aprovechar la oportunidad para hacer algo de justicia, abrir más la puerta y asegurarnos que nadie llegue a cerrarla.
