ESTADO DE LOS ESTADOS
Recursos públicos sin comprobación: ASF
Lilia Arellano
Cancún.- El principal impulsor de las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador es la administración de Enrique Peña Nieto, la cual se ha caracterizado por una profunda e impune corrupción, un ofensivo dispendio de los recursos fiscales, un abierto abuso y despilfarro del presupuesto, una peligrosa ineficiencia y un cinismo terminal.
“Los problemas estructurales” en el ejercicio del presupuesto se han vuelto recurrentes en esta gestión federal y las irregularidades en el ejercicio del gasto público saltan a la vista en prácticamente todas las áreas: contrataciones, padrones de beneficiarios de gasto social, manejo de las transferencias de fondos federales a estados y municipios, etcétera. Las irregularidades en el gasto público federal y de los estados en 2015 ascienden a 164 mil 716 millones, reportó la Auditoria Superior de la Federación a la Cámara de Diputados esta semana.
En la revisión del documento se revela una buena parte de todos los excesos denunciados un día sí y el otro también en diferentes medios de comunicación. Sin embargo no cubren lo detectado y expuesto en todos los niveles de gobierno. Resalta en el federal el derroche en Los Pinos, pero nada atrás quedan los descubiertos en torno a los miembros del gabinete, directores de paraestatales, gobernadores, alcaldes, ministros, jueces, magistrados. No hay un solo estacionamiento que se salve, todos permanecen repletos de autos de modelo reciente en el peor de los casos. Pese a ser los impuestos el origen de las cuotas percibidas por los sindicatos, los líderes están exentos de revisiones y organizaciones como la petrolera, la educativa, la de la salud, tienen la caja de recursos gubernamentales abierta permanentemente, sin que las cifras manejadas revelen el más mínimo beneficio para los sindicalizados.
Las críticas se lanzan de un grupo de poder a otro. Los legisladores aparecen prestos a denunciar abusos cuando se trata de referirse a una dependencia del Ejecutivo, sin embargo guardan silencio ante la presentación de pruebas reunidas en las revisiones de la ASF, o cuando se dan a conocer públicamente los ingresos adicionales a la “dieta” –salario- asignado y de los cuales no existe ninguna exigencia para comprobar en que los gastaron. El gasto de 30 millones de pesos diarios hecho por la Semarnat en la organización y hospedaje de los asistentes a la COP 13, fue considerado por los legisladores como “escandaloso”. Han demando les sea entregada una relación de empresas contratadas para el evento y de dónde provino la autorización de pagar sin contar con presupuestos varios. El hotel sede ha sido, desde hace algún tiempo, el preferido para estas reuniones y, de acuerdo a los comentarios de los asistentes, servicio y alimentos fueron de la peor calidad. José Chapur, yucateco, recibió por dos semanas de este evento 462 millones de pesos.
Organismos como el INE y su estructura con todo y Tribunales, representan un lujo. En situaciones críticas con endeudamientos casi al tope, los salarios, prestaciones y en general el presupuesto ejercido no tiene ninguna relación con la escasa confiabilidad ciudadana con la cual cuentan. Ahí si se cobra y muy bien aun y cuando nadie trabaje. Los tiempos de elecciones están debidamente señalados en los calendarios y por lo tanto mientras no se esté en esas etapas, el salario es igual y los inventos para recorrer algunas entidades “en preparación” se multiplican. En estas giras “como son largas, sobre todo cuando llegan las etapas de capacitación de ciudadanos”, cargan con la familia y el perico dentro de un clásico Todo Incluido a costa de impuestos y deuda.
La pobreza de más del 50 por ciento de la población mexicana contrasta con el dispendioso nivel de vida de la clase política. Un ejemplo claro se puede observar todos los días en la pasarela de autos de lujo -cuyos costos ascienden a más de un millón de pesos por vehículo-, adquiridos con recursos públicos, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde las percepciones de los jueces superan los 380 mil pesos mensuales. También en la Cámara de Diputados se ejercen los recursos públicos sin racionalidad y sin comprobar sean destinados a los trabajos legislativos, como concluyó la ASF en los resultados del análisis de la Cuenta Púbica 2015. El presupuesto que recibió la Cámara de Diputados ese año fue de 7 mil 812 millones de pesos. En la revisión se detectó “subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en subvenciones y otros conceptos relacionados con actividades legislativas”, que en el año ascendieron a mil 742 millones 978 mil 600 pesos.
De la suma total de irregularidades en el gasto público del gobierno federal y de los estados en 2015, “cerca de 100 mil millones de pesos” corresponden al sector central y el resto a las entidades y alcaldías. El saldo histórico que estas últimas no han podido solventar asciende a 216 mil 456 millones. La cuenta pública –sospechosamente por tercer año consecutivo no incluyó una auditoría a Los Pinos- fue revisada por un grupo de especialistas, quienes detectaron riesgos en el ejercicio del presupuesto, por uso inadecuado de los recursos, lo cual implica abusos, desperdicio o corrupción; inconsistencia entre resultados esperados y obtenidos, es decir, incumplimiento parcial o incompleto de obligaciones del Estado, con su principal ejemplo en los subejercicios; discrecionalidad en la toma de decisiones, incluye a funcionarios públicos sin transparencia, regularidad y control; archivos públicos deficientes, los cuales constituyen un riesgo en el seguimiento de decisiones y, en consecuencia, la verificación de la legalidad; revelación inadecuada de información financiera, con implicaciones sobre la confiabilidad de las cifras; y vulnerabilidad en las finanzas públicas, la cual comprometen la posición financiera del Estado.
En 2015, estados y municipios recibieron transferencia de “poco más de un billón” de pesos y la ASF revisó una muestra de 693 mil millones, 63 por ciento del total, y de ésta las observaciones por irregularidades ascienden a 65 mil 194 millones de pesos. De éstos, 33 mil 449 millones corresponden a subejercicios y 31 mil 745 millones a “violaciones normativas”. De 2011 a 2014, los gobiernos locales únicamente solventaron 29 mil de los 175 mil millones con observaciones por irregularidades, lo cual deja un remanente de 146 mil 265 millones, cifra a la cual se añaden 64 mil 716 millones de 2015. En total, más de 210 mil millones pendientes de solventar, monto equivalente al asignado en un año a 16 de los 31 estados y la Ciudad de México.
RESISTIR, ES LA CLAVE
Ni se puede ni se debe pedir “peras al olmo”, no es posible creer serán estos y los anteriores o los próximos los funcionarios honestos requeridos. Lo más cercano es contemplar con cara de jugador de pokar el nacimiento de otro elefante blanco dispuesto a realizar revisiones a fondo, a descubrir un hilo negro, la punta de la madeja del nudo formado entre cómplices mal llamados “servidores públicos”. Si a lo anterior le agregamos la inexistencia de voluntad política para ubicar en el lugar que les corresponde a los depredadores, abusivos, amantes de lo ajeno, el círculo se cierra, el cinturón se aprieta y se busca en el infinito la forma de recobrar, por lo menos, la esperanza de tener gobiernos cumplidores.
Y en cualquier punto de la República se ejercen las malas mañas detrás de los escritorios de las oficinas públicas. Se aumentan impuestos, se intenta contar con una buena imagen donando lentes, sillas de ruedas, algunas becas y, como reporte anual aparecen las negociaciones de las deudas. En el colmo se sitúan, inclusive, presidentes del Tribunal Superior de Justicia en los estados y ellos mismos no logran calcular el momento en el cual el país se diluyó entre manos. En Quintana Roo se hizo una caravana o mejor dicho organizaron un “paseíllo” para doña Margarita. Veremos si el anfitrión de esta noche mantiene sus relaciones de primer mundo, como lo presume.
Aunque antes, varios renglones se convierten en cuestionamientos. ¿Qué hace un gobernador sirviendo de intermediario en una operación particular, ligada al deporte profesional al cual le negó en campaña cualquier apoyo futuro? Porque resulta ser el propio Carlos Joaquín el promotor de la compra-venta del equipo de beis bol Tigres, propiedad aun del empresario Carlos Peralta. Muy contento el mandatario anuncia el cierre muy próximo de esta operación que permitirá siga en Quintana Roo el equipo. Seguramente y como es costumbre entre algunos llegados al poder ocultó ocupan el lugar 16 de la tabla general y cuentan sólo con 4 de los 18 puntos posibles. Su propia directiva considera se encuentran en uno de los peores momentos para éste y para cualquier otro equipo. Tanto interés ¿lleva comisión?
DEUDA AL LIMITE
Otra característica del gobierno de Peña Nieto es un acelerado e injustificado endeudamiento. De acuerdo al informe de la ASF de la cuenta pública 2015, “la deuda pública en México está cerca de los limites de los criterios prudenciales que recomiendan los organismos internacionales”. Al iniciar el gobierno de Vicente Fox, en 2000, el endeudamiento neto del sector público alcanzaba 2 billones 51 mil millones de pesos. Tras concluir el gobierno de Felipe Calderón contabilizaba 5 billones 890 mil millones de pesos. Y a 2015, la deuda ascendía a 8 billones 633 mil millones de pesos, equivalentes a 45.7 por ciento del PIB, con lo cual se observa “un debilitamiento de la sostenibilidad de la deuda”.
México es el país de América Latina con el mayor crecimiento de la deuda de su sector público respecto del tamaño de la economía hasta representar el 49 por ciento del PIB nacional, al situarse en un monto de 9.6 billones de pesos. Es precisamente desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, en donde se ha dado un poco más de la mitad del incremento de la deuda pública de México en la última década. Tan sólo el año pasado, el gobierno federal incrementó el saldo en un billón 533 mil millones de pesos, casi 20 por ciento más que en 2015, a pesar de ser oficialmente un periodo de austeridad y ajuste del cinturón gubernamental. En ese periodo, salieron de las arcas nacionales alrededor de 500 mil millones de pesos para el pago de intereses, comisiones y “gastos”. A pesar de eso, la deuda aumentó en más de 1.5 billones de pesos.
DISPENDIO
A gasto corriente se destina hasta el 71.6 por ciento del gasto programable. En la nómina burocrática el gasto suma un poco más de un billón 110 mil millones de pesos. Los sueldos de la alta burocracia son estratosféricos y sus prestaciones son realmente ofensivas vistas no solo ante los bajos ingresos del grueso de la población sino en comparación con las percepciones de funcionarios de países del primer mundo. El abuso y el despilfarro es cínico y ni siquiera se pretende ocultar. Por ejemplo, los sueldos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quienes se les acaba de dotar con vehículos cuyos costos superan el millón de pesos, ascienden a 380 mil 406 pesos mensuales, y no se reducirán como parte de las medidas de austeridad.
Otro ejemplo del dispendio lo vemos en el Senado de la República, en donde la nómina ronda los 2 mil 400 millones de pesos anuales. En la cámara alta se pagan, como si fueran prestaciones, por lo menos 8 fiestas al año para apapachar a sus 500 trabajadores sindicalizados, con cargo a los contribuyentes, por supuesto. A fin de mantener contentos a los burócratas, el gobierno federal gasta más de 29 mil millones de pesos, utilizados para celebrar el Día de las Madres, el Día del Niño, así como los regalos del Día de Reyes para los hijos de los trabajadores y la rifa de electrodomésticos.
Y en la Cámara de Diputados, la ASF concluyó se ejercen los recursos públicos sin racionalidad y sin comprobar sean destinados a los trabajos legislativos. Al entregar su informe en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Auditoría reportó pudo recuperar 162 millones de pesos debido a la intervención directa al momento de realizar revisiones al gasto público. En 2015, la Cámara baja recibió un presupuesto de 7 mil 812 millones de pesos, de los cuales la ASF revisó 6 mil 198 millones 784 mil pesos.
En las conclusiones entregadas a los legisladores de la Comisión de Vigilancia de la ASF, destaca: “subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en subvenciones y otros conceptos relacionados con actividades legislativas, que en el año 2015 ascendieron a mil 742 millones 978 mil 600 pesos. Por tanto, en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 no se contó con la información que permitiera evaluar la racionalidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”.
En el dictamen de la auditoria, la ASF determinó: “en términos generales, la Cámara de Diputados no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”. Eso se aprecia especialmente en las partidas entregadas a los grupos parlamentarios y los apoyos a los diputados para actividades legislativas, que en 2015 sumaron mil 742 millones de pesos.
RECORTES OPACOS
De acuerdo con la ASF, el recorte al gasto en 2015, por 124 mil 265 millones de pesos, no se comprobó en un 51.1 por ciento. En el análisis de la cuenta pública no se identifica dónde y cómo se aplicaron 63 mil 524 millones de pesos. “No se pudo determinar en la Cuenta Pública si la medida fue aplicada en cada una de las dependencias, entidades anunciadas, debido a que no se aplicaron las adecuaciones presupuestarias ni fue posible identificarlas con base en la información disponible”, destacaron.
DESVÍOS EN EL AEROPUERTO
La ASF emplazó a la administración federal a comprobar más de 338 millones de pesos destinados a la remodelación del hangar presidencial y el inicio de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El órgano de control detectó en la realización de las obras contratos de adjudicación directa, pagos indebidos al personal e improcedentes ajustes de costos, supervisiones sin realizar e incongruencias entre costos y trabajos ejecutados.
Tan sólo en la ampliación del hangar presidencial, la el órgano de revisión determinó la existencia de daños al erario por 139.3 millones de pesos. Y por la construcción inicial de la nueva terminal aérea calculó un posible daño al erario por 143.5 millones de pesos y, además, pidió aclarar otros 85.3 millones destinados a pagos de nómina. “En términos generales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, señala el dictamen de auditoría.
Los contratos de obra pública y de servicios se adjudicaron directamente a empresas con proyectos caros y mal integrados, lo cual imposibilitó el cumplimiento de objetivos, además de generar un sobrecosto de 141 millones de pesos. Existe también una falta de comprobación de 85.3 millones de pesos en pagos de nómina. Asimismo, hubo dos contratos de servicios ambientales los cuales consideraron los mismos objetivos y metas por un monto de 1.4 millones; por ajustes de costos se dio un pago improcedente por 41.7 millones de pesos y se detectó la incorrecta integración de precios unitarios, al existir duplicidades, por 49.1 millones de pesos.
También se pagaron servicios no ejecutados por un monto de 39 millones de pesos, pagos improcedentes de estudios e investigaciones en los costos indirectos por 8.8 millones de pesos; no se acreditaron actividades de supervisión externa por un monto de 372 mil pesos, y se determinó incorrecta la integración de precios unitarios extraordinarios por un monto de 3.4 millones. Además, hubo pagos en exceso por duplicidad de conceptos, como pozos, demolición y retiro de escombro, por un monto de 1.3 millones de pesos.
Eso sí, corresponde al pueblo, a los mexicanos, ajustarse el cinturón y salir a gritar a las calles consignas contra Donald Trump.
PENSIONES PRESIONAN FINANZAS
En el mediano y largo plazo, los recursos para financiar las jubilaciones podrían representar una presión a las finanzas públicas, advirtió la ASF. En 2014, reportó, las obligaciones del Sistema Nacional de Pensiones ascendieron a 11.4 billones de pesos, esto es, 66.5 por ciento del PIB de ese año. Del monto total, 2 billones de pesos representan los pasivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al retirarse, los trabajadores no recibirán ni la mitad de su último sueldo, destaca en el informe de la cuenta pública 2015.
Un análisis de las valuaciones actuariales al 31 de diciembre de 2014 determinó que el valor presente de los ingresos de los 72 regímenes de beneficio definido ascendió a 6 billones 211 mil millones de pesos, en tanto el valor presente de las obligaciones pensionarias fue de 11.4 billones. Lo anterior se traduce en un déficit de 5 billones 253 mil millones de pesos. Según los estudios actuariales sobre el flujo de gastos que conlleva esta sistema, alcanzarán su valor máximo en 2034, cuando se requerirán recursos fiscales para el régimen de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 156 mil 563 millones anuales, y de 253 mil 803 millones para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Los recursos fiscales para pensiones se han incrementado a un promedio anual de 5.2 por ciento entre 2010 y 2015, al pasar de 52 mil 722 millones a 67 mil 955 millones de peso. En 2015, se ejercieron 963 mil 428 millones de pesos para el sistema de pensiones, 10 por ciento más que lo aprobado por la Cámara de Diputados, quien autorizó 875 mil 536 millones de pesos.
DE LOS PASILLOS
Al protagonizar “Un día sin migrantes”, decenas de miles de inmigrantes y simpatizantes con su causa marcharon, llamaron a la resistencia y cerraron negocios y escuelas en distintas ciudades de Estados Unidos. Trabajadores, estudiantes, madres de familia empujando sus carritos de bebé y miembros de distintas organizaciones defensoras de los derechos civiles de los inmigrantes, marcharon de costa a costa. Nueva York, Filadelfia, Boston, Washington y Chicago se convirtieron en las primeras ciudades en sentir el impacto de este día sin migrantes. Una coalición de organizaciones salieron a las calles para manifestarse contra las redadas y las deportaciones que mantienen en vilo a miles de familias…
Tras considerar un acto de responsabilidad la pausa que dieron los legisladores para hacer más consultas sobre la Ley de Seguridad Interior, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, confió en que sea aprobada en el actual periodo de sesiones, el cual termina el 30 de abril. El panista negó que hechos recientes, como el enfrentamiento en Nayarit, en donde más de una decena de presuntos criminales murieron a manos de la Marina, hayan obligado al aplazamiento de la ley…Una muestra más de ausencia de voluntad política para erradicar la corrupción y la impunidad se tuvo ayer al aplazarse de nuevo la presentación de candidatos a ocupar la fiscalía anticorrupción. Dicen podría ser el 15 de marzo… podría…
A buena barda se trepó la senadora panista Laura Angélica Rojas, rival de la Vázquez Mota para conseguir la candidatura por el gobierno del Estado de México, al señalar no tiene como adversario a Alfredito del Mazo, el del PRI-Verde, sino a quien será candidato a la presidencia de la República: Andrés Manuel López Obrador. Seguro sabe de la aseveración: “a mis enemigos los escojo yo”… Y Rafael Moreno Valle, el poblano muy amigo del quintanarroense protector de su equipo político, ya tiene sobre su cabeza el señalamiento de haber causado daños patrimoniales a Puebla por varios miles de millones de pesos, y eso que apenas inició una auditoría federal; localmente, su sucesor, prefiere organizar festejos del “amor y la amistad”.
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