INTERÉS PÚBLICO
Jugar en corto
Víctor Reynoso

Puebla.- En el antiguo régimen mexicano se utilizaba la expresión “sabadazo” para referirse a acciones de la autoridad que, por su impopularidad, eran tomadas en la víspera de días festivos. En esa época se trabajaba los sábados: de ahí viene el término.

Los diputados del congreso del estado de Puebla parecen haber seguido esta lógica al tomar el viernes previo a semana santa una controvertida decisión: inhabilitar por 12 años y una multar con 25 millones de pesos al expresidente municipal poblano, Eduardo Rivera Pérez.

El sabadazo contra Rivera Pérez contrasta con la aprensión del exgobernador veracruzano, Javier Duarte. Esta última se realizó en la víspera de una semana laborable, y alcanzó la máxima atención de la opinión pública en el país. Máxima atención y máximo consenso: no habrá quien defienda a Duarte. Algo hay de casualidad en el día de la detención del veracruzano; no en la decisión contra el poblano.

Mientras Duarte es símbolo de corrupción y cinismo, Rivera Pérez tiene una buena imagen. Tanto que, se dice, uno de los más populares periodistas poblanos declaró que “es el único político honrado que conoce”. Una exageración si se quiere, pero que expresa bien la imagen que del exalcalde se tiene.

Lo que no es un rumor, sino una carta abierta a la opinión pública, es la declaración de las seis universidades particulares más importantes del estado de Puebla (Ibero Puebla, Anáhuac, UDLAP, UMAD, Tecnológico de Monterrey y UPAEP) que ven “con enorme preocupación la resolución del Congreso del Estado de Puebla, referente a la cuenta pública 2013 de la gestión de Eduardo Rivera”.

El congreso local ha logrado unificar a las universidades de los jesuitas, de los legionarios de Cristo, del presunto Yunque, y otras de origen liberal o incluso protestante. No es un mérito menor.

Pero los representantes de esas universidades no son los únicos que tienen una “enorme preocupación” por la decisión del congreso. Que no es por cierto un acto aislado, sino una actitud a lo largo de las dos últimas legislaturas: la sumisión del legislativo local al ejecutivo del estado.

Por la forma como se dio la decisión deja la impresión de que la clase política está jugando su propio juego, al margen de los intereses de la sociedad, de la que vive y a la que se dice representar.
Todo indica que de lo que se trata es de dejar a Rivera Pérez fuera de la elección de gobernador en 2018 para que quede como candidato (o candidata) del PAN alguien del grupo que gobierna Puebla desde 2011.

“Puebla reclama un auténtico Estado de Derecho”: con esta frase cierra la carta de las seis universidades mencionadas. Las decisiones del congreso poblano, ésta en particular, no parecen ir en la línea de construir ese Estado de Derecho, sino en la búsqueda de intereses personales, de grupo, incluso familiares.

Lo que tiene que ver con varias cosas, una de ellas la composición del congreso. En 2008 el PRI tenía el 63.4% de los diputados, el PAN 19.5% y el PRD y el PT 4.9% cada uno. Prácticamente todo el congreso estaba formado por partidos políticos fácilmente identificables por la población, y por eso mismo responsables, en algún sentido.

Ahora, resultado de la elección de 2013, hay nueve partidos con representación en el congreso, más un diputado sin partido. El grupo parlamentario más grande es el PAN, con 31.7%. El PRI es el segundo, con 19.5%. La tercera fuerza, con 12.2%, el partido Compromiso por Puebla.

Un congreso fragmentado, con identidades diluidas. Y muy probablemente con lealtades que no van hacia la ciudadanía y el interés público. Todo resultado de coaliciones electorales realizadas en funciones de intereses particulares.

Los priistas poblanos siguieron su propio juego. Pero también jugaron en corto, como si vivieran en corto y sus intereses como partido fueran de corto plazo.

Primero habían declarado que votarían en contra de la propuesta de sancionar a Rivera, puesto que la misma no tenía sustento jurídico. Pero votaron a favor. El argumento: votar en contra significaba apoyar a la candidata panista a la gubernatura del estado de México, cuyo coordinador de campaña es precisamente Eduardo Rivera Pérez.

El mensaje del priismo poblano es claro: no les interesa el Estado de Derecho, sino la elección mexiquense del 2017. No un proyecto de nación de mediano y largo plazo, sino el acceso al poder en la próxima elección.

Algunos ven algo todavía peor: el PRI cambiando su primogenitura por un plato de lentejas. La primogenitura sería en este caso la responsabilidad histórica y política de haber conducido la política nacional por décadas, y la posibilidad de seguir haciéndolo. El plato de lentejas: las concesiones de taxis que el gobierno panista de Puebla otorgó al dirigente nacional del PRI.

Frente a este juego en corto de priistas, panistas y otros, los integrantes de MORENA se frotan las manos.

victorm.reynoso@udlap.mx