2022: un año para el olvido
Carlos M. López Hernández
Por una parte, los corruptos son los de la «vieja política», porque sus prácticas llevan a asuntos que generan corrupción. Por otra, los ladrones son aquellas empresas, agricultores y ganaderos, ya que se roban el agua de ríos, arroyos. pozos, y son quienes han agravado la crisis del agua. Además, aquellos particulares que han incrementado el precio del agua en garrafón.
Ahora, respecto a la semana pasada, los canallas son los transportistas, ya que aumentaron las tarifas de su servicio, unilateralmente, de 12 a 15 pesos, lo cual afectó a los ciudadanos hasta en tres factores: económico, debido al incremento de la tarifa; tiempo, por la espera a que elementos de movilidad sancionaran (multar) a las unidades; y movilidad, cuando la autoridad retiró de la circulación a algunos camiones con grúas.
Como consecuencia, todo este discurso que se está manejando desde el gobierno del estado, recuerda aquella conferencia en la que, palabras más, palabras menos, dejaba dicho: «a mí no me miren, yo solo soy el gobernador». O también, ese dicho de: «todos son culpables, menos yo».
Pero, ¿será cierto esto? Habría que analizarlo: por el lado de la «vieja política», Samuel García ha mantenido un discurso de crítica constante,
pero, al mismo tiempo, dejó a algunos funcionarios de la pasada administración, como a Aldo Fasci, secretario de seguridad, cuyo rubro está en crisis: sea ha incrementado la inseguridad en el estado, lo cual ha generado un mayor índice de feminicidios y homicidios dolosos, los cuales, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, de enero a mayo de este año, se han registrado 543; por ejemplo, hace unos días, un grupo delincuencial emboscó a seis policías en el municipio de Anáhuac.
Ahora, por el lado del agua, se habla de cómo se ha afectado a los bolsillos de los ciudadanos y de «aguachicol». Sin embargo, el gobierno del estado fue el primero en incrementar el costo del servicio de agua; incluso, se han reportado casos que van contra toda lógica, como que se generen facturas de servicio de consumo de agua por cantidades de más de 76 mil pesos, cuando se supone no hay. Además, lejos de ayudar a los usuarios con estos errores claros, Agua y Drenaje de Monterrey culpa a los usuarios y les exhorta a cubrir el pago; caso contrario, se procederá al corte del servicio.
A esto hay que sumar el hecho de la falta de cumplimiento del horario de suministro que prometió el estado, lo cual ha provocado que distintos ciudadanos, en su desesperación por carecer del vital líquido por más de una semana, realicen actos de saqueo de las mismas instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey, como ocurrió hace unos días en el municipio de Juárez, y cuya acción provocó un derrame de aproximadamente 200 mil litros.
Por último, respecto al problema con las tarifas de transporte, se habla de un incumplimiento del gobierno del estado, el cual consistía en subsidiar 2 pesos por kilómetro, por lo que se requeriría de una cantidad de 50 millones de pesos; además, otro detalle, la tarifa de las unidades que maneja el gobierno es de 15 pesos; nuevamente, el primer paso lo dio la autoridad.
Sin embargo, ante esta medida unilateral del incremento en la tarifa, por los transportistas, la dependencia de movilidad y planeación urbana inició un operativo de multas a las unidades que estuvieron cobrando una tarifa no autorizada, lo cual hicieron por tres días consecutivos. Multas que, acorde a información oficial, desde el primer día, alcanzan un total de más de 30 millones de pesos, lo que hace sospechar que quizá ese dinero sea utilizado para cubrir el subsidio que no se cumplió con los transportistas en primer lugar y así evitar el «tarifazo», aunque de manera pasajera.
Además, existe otro detalle, pues el gobernador dio la orden de requisar a las rutas que se negaran a cobrar la tarifa autorizada de 12 pesos, por lo que habría que cuestionarse ¿Con qué dinero se cubriría la requisa? Si no se tiene un presupuesto para cubrir 50 millones del subsidio; entonces ¿de dónde saldrán 5 mil millones para requisar las unidades de transporte?
Quizá se estaría ante un caso como el que ocurrió con la pasada administración de Jaime Rodríguez Calderón (“El Bronco”), cuando requisó unidades para la Ecovía, cuyo pago no fue cubierto y, como consecuencia, lo llevó al penal del municipio de Apodaca.
Por todo, parece ser que el gobierno del estado de Nuevo León no está tan exento de culpa como afirma el gobernador, Samuel García, sino que también es parte del problema, y no se haya.
Resulta ser un año para el olvido.