A 50 años del 10 de junio de 1971
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- Este jueves 10 de junio se cumplen 50 años de la represión paramilitar contra los estudiantes que participaban en una marcha de apoyo a la autonomía de la Universidad de Nuevo León y que la historia negra de México registra como el Jueves de Corpus o el ‘halconazo’.

     50 años de impunidad han transcurrido del fatídico 10 de junio de 1971, cuando el Estado Mexicano demostró –igual que el 2 de octubre de 1968–, su carácter represor y asesino al enfrentar una marcha pacífica de estudiantes con elementos paramilitares –bautizados como ‘los halcones’– perfectamente entrenados para herir y adiestrados para matar a jóvenes indefensos.

     Después de la masacre de 1968 tanto alumnos como maestros de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y del IPN (Instituto Politécnico Nacional) se mantenían en resistencia clandestina, pues muchos de sus dirigentes y activistas habían sido detenidos. Sin embargo, el 5 de junio de 1971 convocaron a una manifestación para el 10 de junio –sería la primera desde el 2 de octubre de 1968– con el fin de apoyar a los estudiantes de Nuevo León que estaban en huelga porque el Gobierno del Estado redujo el presupuesto a la Universidad, ya que en 1969 lograron que se reconociera su autonomía y en 1970 pudieron establecer un gobierno paritario.

     Además de apoyar a la Universidad de Nuevo León, en la manifestación también demandarían democratizar la enseñanza, elevar el presupuesto a la educación equiparable al 12% del PIB, tener representación paritaria de maestros y alumnos en los consejos técnicos, derogar el Reglamento General del IPN, disolver a los porros y libertad para todos los presos políticos.

     El 10 de junio, cuando los estudiantes marchaban por San Cosme (hoy Calzada México-Tacuba) y a la vista de decenas de granaderos, fueron atacados arteramente por jóvenes armados con varas de bambú y otate. Los agresores proferían gritos de “¡halcones!” y “¡viva el Che Guevara!”, mientras que otros disparaban desde las azoteas pistolas calibre 45 y carabinas 30 M-2. Decenas de agredidos que trataron de huir fueron llevados en patrullas y camiones. Empero, la persecución continuó hasta los hospitales a donde trasladaron a algunos heridos. Hombres armados intimidaron a doctores y enfermeras al ingresar en las salas de urgencias para rematar a los jóvenes.

     Tras el Jueves de Corpus cientos de jóvenes decidieron que no había más posibilidades de participación que la lucha armada. Proliferaron así células y grupos armados en varios puntos del país, la mayoría con jóvenes inexpertos.

     En lugar de hacer justicia para familiares, compañeros y amigos de los mártires estudiantiles, lo que ocurrió fue el incremento de la represión ante la posibilidad de que el movimiento estudiantil resurgiera. La respuesta del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-76) se centró en aplicar una “estrategia de aniquilamiento o exterminación del enemigo”. Esta etapa representó el inicio de la llamada “Guerra Sucia”, inclemente periodo durante el cual miles de jóvenes fueron perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados y desaparecidos por los cuerpos policiacos y militares.

     Tan lamentables acciones ordenadas y orquestadas desde las más altas esferas de los poderes públicos –Presidencia de la República, Suprema Corte de Justicia y Ejército Mexicano–, provocaron que activistas e investigadores señalaran de manera clara y enérgica que se trató de ¡un crimen de Estado!

     Ayer y ahora el pueblo de México clama justicia para las compañeras y los compañeros caídos por la mano represora de Echeverría y de frente a tal impunidad el gobierno de Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación formar un grupo de investigadores académicos y periodistas, que desde el 2020 han levantado nuevos de testimonios y revisado documentos históricos y expedientes judiciales para ubicar responsabilidades de la represión gubernamental contra los movimientos estudiantiles.

     Pasados seis sexenios de gobiernos priistas y dos de panistas sin castigo a los responsables intelectuales y materiales del cruel ‘halconazo’ y de la “Guerra Sucia” desatada por Echeverría, a quien en el 2005 la Suprema Corte exoneró por los sucesos del 10 de junio del 71 y en 2009 por la matanza del 2 de octubre del 68, no queda más que salir a las calles de las principales ciudades del país para rendir tributo a los mártires estudiantiles, como cada año lo hacen los contingentes del Frente Popular ‘Tierra y Libertad’ y del Partido del Trabajo por las calles de Monterrey –aunque este año tampoco podremos realizar la Marcha Luctuosa a causa de la pandemia– y lanzar las consignas populares:

     ¡10 de junio… No se olvida! ¡10 de junio… Ni perdón ni olvido!