Agua: asunto de seguridad nacional
Carlos M. López Hernández
Y mientras se da, el pasado viernes 29 de julio, el mandatario firmó un “decreto por el que se establece el plan de acción inmediata para atender la emergencia por el desabasto de agua potable para el uso público urbano u doméstico en los municipios afectados por baja disponibilidad en sus fuentes de abastecimiento y por sequía en el estado de Nuevo León”.
Con este decreto, se declara el agua como un asunto de seguridad nacional, mediante el cual se faculta a la Conagua a administrar los volúmenes concesionados destinados, sea para modificarlos o reducirlos temporalmente (durante seis meses).
Esto es derivado de lo poco claro que ha sido el gobierno de Nuevo León en esta crisis hídrica por la que atraviesa el estado; ya por más de cinco meses.
Misma sospecha, al parecer, del gobierno federal al no considerar importante la presencia del gobernador durante la firma del decreto presidencial. A quien, incluso, en la visita del presidente en mayo en Nuevo León, se le extendió un cheque para la presa “Libertad” y atender los problemas del vital líquido, el cual fue por un monto de 584 millones este año, y para el siguiente 1,132 millones (un total de 2,183 millones).
Pero, ¿por qué sospechar? Ciertamente, el gobernador Samuel García ha documentado, mediante redes, algunas acciones para explicar la crisis. Sin embargo, quedan muchas cosas por aclarar.
Por ejemplo, hace menos de un año, el ahora gobernador, cerraba su campaña a bordo de una lancha en la presa “La Boca”, la cual, por lo que se observa en imágenes, distaba mucho de estar seca. Sin embargo, hoy lo está, sin dar mayor explicación al cómo es que esto aconteció.
Su narrativa se ha concentrado en culpar a otras administraciones; al cambio climático; incluso a los ciudadanos. Pero no se ha explicado cómo, teniendo un «plan maestro» para garantizar el agua a 2050, no evitó que dos presas se «secaran» en menos de un año.
Se ha contado, además, de tomas clandestinas, desvío de ríos, empresas sin permisos de extracción de agua y otras irregularidades. No obstante, no se ha mencionado qué sanciones se han impuesto y qué instrumentos se han implementado para evitar que se sigan realizando estas actividades ilegales.
Tampoco ha sido claro en el rol que juegan industrias importantes; por lo que su silencio se interpreta como una defensa a este sector.
Por lo mismo, la ciudadanía no deja de preguntarse cómo las refresqueras, cerveceras y embotelladoras, no se han visto afectadas por la crisis. Considerando que se requieren varios litros de agua para las presentaciones más modestas de sus productos.
Pareciera, pues, que el agua, para el gobierno estatal, no resultara ser un derecho fundamental. Contrario a cómo se entiende este derecho en el decreto presidencial, el cual incluso llega a considerarse como un asunto de seguridad nacional.
Pero tampoco hay que apresurarse. Habrá qué ver, desde este lunes 1 de agosto, qué tan efectivas serán las medidas del gobierno federal para atender esta crisis.