Aire extremadamente sucio
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- La mala calidad del aire que respiramos mañana, tarde y noche en el Área Metropolitana de Monterrey, es un tema prioritario por sus implicaciones en la salud y la vida de casi 5 millones de habitantes.
La contaminación del aire no solamente afecta la salud pública, sino que ocasiona un gasto adicional para las familias, implica más recursos para el sector salud e impacta en la productividad de las empresas e industrias.
A pesar de que la pandemia del Covid-19 ha provocado que todo tipo de actividades humanas contaminantes disminuyan durante dos años, incluyendo la circulación vehicular, no hemos logrado despejar el aire sucio de nuestros municipios metropolitanos.
Por lo contrario, tanto a finales del año 2021 como a principios de este 2022 se han disparado las altas concentraciones contaminantes de micro partículas PM10 y PM2.5.
De acuerdo con los reportes del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, las estaciones con registros más altos de aire sucio extremadamente malo, son las de Santa Catarina, Juárez y García.
En el caso de micro partículas PM2.5, o ‘polvos finos’, se registraron 175 microgramos por metro cúbico en Santa Catarina, y 136 tanto en García como en Juárez, muy por encima del límite de 41 microgramos por metro cúbico establecido por la Norma Ambiental Estatal.
Estos datos sobre la contaminación sin control terminan por confirmar que el Área Metropolitana de Monterrey sigue siendo la zona atmosférica más contaminada de América Latina, tal y como lo determinó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) desde hace 16 años.
Al igual como lo ha hecho el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire Metropolitano (OCCAM), no dejamos de cuestionar que el Programa de Respuesta Contingencias Atmosférica del Estado no activó, al menos, seis alertas ambientales y una contingencia Fase 1 PM2.5 durante diciembre del 2021.
Ante los efectos negativos del cambio climático en la salud y la ecología, así como por las pérdidas millonarias en el desarrollo social y urbano, debido a la contaminación, a las sequías, a los incendios, a las inundaciones, a las ondas cálidas y gélidas, la demanda de activistas ambientales como de la ciudadanía nuevoleonesas en general, es que las autoridades cumplan sus compromisos de campaña y tomen en cuenta las iniciativas de diversas organizaciones civiles para lograr la calidad del aire.
A pesar de los esfuerzos de la pasada Legislatura, desde 2018-2019 se quedaron ‘congeladas’ (primera vuelta) en el Congreso del Estado las reformas a varios artículos de la Constitución Política de Nuevo León y de la Ley Ambiental del Estado, para crear el Organismo Constitucional Autónomo (OCA) de calidad del aire y para promulgar la ley secundaria en la materia.
Dicha iniciativa ciudadana se ‘entrampó’ ante la iniciativa de reforma constitucional, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y a la Ley Ambiental que promovió el entonces Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, para expedir la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado Agencia Estatal para la Calidad del Aire.
Ante las evidencias y tendencias sobre el alza de la contaminación atmosférica, las comisiones del Congreso acordaron que lo más adecuado era dar origen a la OPD, con el fin de permitir una coordinación eficiente e integral con las dependencias de desarrollo urbano y de movilidad, al mismo tiempo de contar con un organismo altamente especializado, despolitizado, transexenal y con amplia participación de la comunidad científica y de la sociedad civil en materia del cuidado ambiental y la calidad del aire.
Sin embargo, se quedó en el aire sucio la decisión de crear un OPD, en lugar de un OCA, por la advertencia del anterior Gobernador de judicializar el Decreto mediante una acción o controversia constitucional.
Llegó la hora de destrabar las iniciativas de las ong´s, y que el actual Gobernador proponga los ajustes necesarios, para efecto de originar políticas públicas que generen sinergia entre los sectores público-privado-social, con la única finalidad de lograr el objetivo de disfrutar una calidad del aire adecuada para la salud pública y la protección medioambiental.