AL BORDE
Cada voto vale
Jorge Castillo

Monterrey.- Se estima que en las pasadas elecciones judiciales participó casi un 13% de la lista nominal nacional, cerca de 13 millones de electores de un total aproximado de 99 millones cuatrocientos mil ciudadanos. Se votaron 6 órganos judiciales federales: 3 de injerencia nacional y 3 de injerencia regional y distrital; además se votaron los órganos judiciales locales en 19 estados de la república. Los cómputos correspondientes a la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han concluido, con un 13% de participación ciudadana. Elección particular que registró un 77% de votos válidos, 10.8% de votos nulos y 12% de recuadros no utilizados (INE, 04/06/2025).

Los resultados preliminares ya perfilan a Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco, como virtual ministro presidente de la SCJN; a 167 años de que Benito Juárez, indígena zapoteco, también presidiera dicho órgano supremo. Se trata, sin duda, de un hito que engalana el carácter histórico de esta primera elección judicial.

Sobre la baja participación de la ciudadanía en la elección judicial mexicana –similar, según Viri Ríos (NMás, 04/06/2025), a los porcentajes que registran las diversas elecciones judiciales estadounidenses– no sólo debemos considerar la poca, deficiente y corta difusión desarrollada por el INE; la limitación de uso de los mass media para las campañas judiciales; el limitado acceso de muchísimos electores a las tecnologías de la información; la poca información disponible sobre las trayectorias de las y los candidatos judiciales; el poco tiempo que el electorado tuvo para revisar los perfiles de centenares de ellas y ellos; y la complejidad “intimidatoria” de la boleta electoral. También debemos considerar, entre muchos otros factores, a la cultura electoral mexicana; es decir, todo aquello que nos mueve a votar.

Nunca antes habíamos votado por juzgadores, sólo por representantes populares bajo un esquema de competitividad entre opuestos confrontados abiertamente. Ésta lógica no opero entre las y los candidatos judiciales; por ejemplo, las reglas para las campañas judiciales no consideraron la realización de debates, ni siquiera podían hacer mención de sus pares contendientes en sus discursos de promoción. Tal vez por esto el gran grueso del electorado no percibió un ambiente típico de campañas electorales. No hubo nada ni nadie atractivo que les llamara la atención o que les emocionara.

Además, a diferencia de las campañas electorales típicas, en la mayoría de las campañas judiciales quedaron muy difusas las membresías políticas e ideológicas de las y los candidatos –consideremos que las marcas partidistas guían las preferencias de muchísimos electores–; lo cual ahora fue sustituido por la marca orientadora del poder postulante. No hubo vistosas estrategias de mercadotecnia proselitista dadas las restricciones procedimentales; por lo mismo, las propuestas y el carisma de las y los candidatos no contaron con amplios foros y canales de proyección –aunque las redes sociales son extensas también son muy dispersas–.

A diferencia de las elecciones típicas, en las judiciales hubo, proporcionalmente, una ínfima incidencia de compra y coacción del voto, factor que regularmente moviliza eficazmente a enormes cantidades de electores. Aunque esto último no descartó el uso tramposo de acordeones. Y no hubo financiamiento público para las campañas judiciales, con el cual las y los candidatos hubieran podido movilizar promotores a nivel de terreno o pagar publicidad.

Junto con todo esto también debemos considerar que, en las semanas previas a la elección, amplios sectores de la oposición promovían la abstención para que la ciudadanía no avalara un proceso que, decían, era antidemocrático. Y ahora, una vez pasada la elección, los opositores reclaman su legitimidad debido al bajo número de votantes que asistieron. E igualmente reclaman, sin matices ni distinciones, que las y los nuevos integrantes de la SCJN son fieles a Morena, por lo que, según ellos, no se garantizará ningún contrapeso con respecto de los poderes legislativo y ejecutivo (Al respecto revise el detallado análisis de Viri Ríos sobre los perfiles ideológicos de la nueva SCJN; en Milenio, 04/06/2025). Supuesta “amenaza” que, valga decir, se hubiera evitado con la asistencia estratégica y masiva a las urnas por parte de esas mismas oposiciones que optaron por la abstención.

No olvidemos que el voto es una herramienta práctica pero también es un gesto simbólico. Es la expresión distintiva y suprema del ejercicio democrático. Quien no vota conscientemente es porque no cree en el acto del sufragio o le resta importancia expresiva. Y quien llamó a no votar en la elección judicial –ni siquiera para manifestar su protesta– no le dio al voto su lugar histórico y político en la definición clara y material de la postura propia ante la sociedad y las instituciones.

Los abstinentes no eran demócratas que llamaran a una “resistencia” que sumara inconformes en pie de lucha; eran ciudadanos que, desde hace poco más de un lustro, han perdido brújula política e ideológica, pues no se asumen como agentes de cambio, dado que son sujetos abrumados por el desánimo y las circunstancias. En cambio, y más allá de la axiología numérica o porcentual de las elecciones, las izquierdas poco a poco fueron aquilatando, a golpe de fraudes, la verdadera importancia mística del voto: ‘asumiendo que no sólo cada voto cuenta, sino también, y sobre todo, que cada voto vale’. Los primeros resultados de la elección judicial parecen mostrar que esto fue lo que inspiró a millones de electores a ejercer su sufragio en favor de candidatas y candidatos claramente afines a los diferentes grupos de la 4T y conforme con sus “esperanzadores” postulados.

De acuerdo con esta nueva realidad electoral judicial, y a pesar de que a algunos “puristas” les parezca una aberración, considero que una de las ventajas del modelo electoral judicial mexicano es que exhibe explícitamente algo que antes se negaba: las filias ideológicas y políticas de los ministros, magistrados y jueces. Desde mi punto de vista eso es más sano que aparentar que el poder judicial es un ámbito que no está “manchado” por esas “impurezas mundanas”. La elección judicial pone de manifiesto lo que se pretendía ocultar pero que era evidente: el sesgo político e ideológico de cualquier juzgador.

El anterior modelo judicial no garantizaba la probidad, profesionalidad, imparcialidad y objetividad de los juzgadores; ningún modelo los garantiza. Y los nuevos mecanismos de preselección electoral judicial deben ser revisados y mejorados, pues es innegable que hubo muchas deficiencias y tropiezos, como los casos de candidatas y candidatos con procesos penales abiertos en su contra.

Pero al final, yo celebro los métodos que promueven una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, pues los beneficios prácticos y simbólicos son mucho mayores que los altos costos monetarios y las complicaciones logísticas que implican la implementación de tales métodos. Simplemente veamos que la elección judicial ya se muestra como un mecanismo que facilita y agiliza la movilidad e integración políticas de grupos sociales y culturales históricamente subordinados y marginados, como el notable caso del ya mencionado ministro electo Hugo Aguilar Ortiz, quien ganó con poco más de 6 millones de votos que valen. Esto es más democrático que cualquier medio elitista y anquilosado de selección, viciado y corrupto.


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