ANÁLISIS A FONDO
¿Y de veras prescribieron?
Francisco Gómez Maza

Ciudad de México.- Opositores a la 4T y particularmente a presidente Andrés Manuel López Obrador se frotan las manos, deseando que el mandatario fracase estrepitosamente. Se vale. No comulgan ni ideológica ni políticamente con el mandatario.

     El asunto de la persecución de políticos corruptos de sexenios anteriores, particularmente Enrique Peña y Luis Videgaray, entre otros acusados por Lozoya Austin por los sobornos de la brasileña Odebrecht y la maiceada a diputados y senadores para aprobar las reformas estructurales y especialmente la reprivatización del petróleo, le corresponde a la Fiscalía General de la República, pero lo antilopezobrador le achacan la responsabilidad del proceso al presidente.

     Obviamente que, en el proceso de lucha en contra de los políticos corruptos que se enriquecieron con la piñata del Erario y de Odebrecht, hay delitos que eventualmente ya habrían prescrito, pero siguen siendo graves formas de corrupción.

     O sea que, quienes los cometieron se hicieron multimillonarios que, por gajes de las leyes, no serán castigados, pero vivirán, seguirán gozando de sus esquilmos, estigmatizados como corruptos ante la sociedad. Y el dinero mal habido no deja dormir a no ser que se sea un enajenado con las neuronas disecadas.

     Sin embargo, no todos los delitos han prescrito. Y con toda seguridad por esa vía caminará el fiscal Alejandro Gertz Manero, que no tiene un pelo de ignorante en leyes penales.

     Las autoridades de procuración de justicia, la Fiscalía General de la República tienen la opción de acusar a los indiciados –Enrique Peña y Luis Videgaray y otros– de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita delitos catalogados como graves, que tienen penas de entre 15 y 40 años, probándoles que se organizaron para robarle al Erario o para recibir y repartir pingües sobornos, y lo sobornos de Odebrecht podrían haber sido de hasta 10 millones de dólares.

     De ese soborno, presuntamente dado por la constructora brasileña a Lozoya Austin, como intermediario de Peña, a cambio de grandes contratos de obras de infraestructura, habrían salido los monederos electrónicos con el logotipo de Monex, con los que el PRI compró millones de votos en las elecciones ganadas por Peña en 2012.

     De todos modos, una vez indiciados por Lozoya Austin, Peña y Videgaray tendrán que ser llamados por el Ministerio Público a responder a las acusaciones del ex director de Petróleos Mexicanos, quien asegura que él sólo fue instrumento de Peña y Videgaray.

     Y si la Fiscalía los acusa, particularmente a Peña y Videgaray, de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, serán acreedores de prisión preventiva automática. No podrán afrontar su proceso en libertad.

     Ahora, si un juez gira órdenes de aprehensión por esos delitos graves, éstas órdenes no pueden ser frenadas con amparos. Y es que, ni delincuencia organizada ni operaciones con recursos de procedencia ilícita han prescrito. Faltan muchos años para que prescriban.

     Más o menos en estos términos está la situación de Peña Nieto y asociados, que en la práctica integraban un verdadero cártel de la delincuencia.