ANÁLISIS A FONDO
Le cayó a Jara el Supremo Poder Conservador
Francisco Gómez Maza
El Congreso local había votado su supresión
Ciudad de México.- La Controversia Constitucional 396/2023 fue presentada por el “Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca”, el mismo que desapareció con la reforma votada en el Congreso Local y decretada por el gobernador Jara el 22 de este feneciente julio. De acuerdo con los criterios de la Comisión de Receso de la Corte, la finalidad de la suspensión es preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes jurídicos que se estiman vulnerados por la reforma aprobada por el Congreso local oaxaqueño.
La Comisión de Receso de la Corte admitió a trámite la Controversia Constitucional 396/2023, que impugna el decreto por el que se sustituye el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de dicha entidad.
Los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la Comisión de Receso de La Corte, concedieron la suspensión del decreto para que las magistradas y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca sigan en el cargo que les fue conferido y no los sustituyan las personas nombradas en la sesión extraordinaria, no se dé curso a la indemnización a la que se refiere el decreto y no se les interrumpa el pago de sus percepciones.
La Corte concedió la suspensión del decreto –dice un vocero de la misma– para asegurar que los habitantes de Oaxaca cuenten con un Tribunal ante el cual dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal, y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 Constitucional, ya que esta medida cautelar también tiene por efecto que las funciones del actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca no se modifiquen y que el Congreso se abstenga de realizar la reasignación presupuestal que ordena el decreto cuestionado.
Conforme al procedimiento establecido, la Corte comenzará a analizar si la reforma de la que derivó el decreto impugnado siguió el procedimiento legislativo que se define en la Constitución y, en su caso, si el contenido del decreto cumple con los principios establecidos en ésta.
Una mayoría de 33 diputados de los 34 integrantes del Congreso de Oaxaca decidió, el viernes 22 de julio, en un par de sesiones de la asamblea legislativa, destituir a todos los magistrados, desaparecer el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y crear el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, además de designar a los nuevos ministros, propuestos por el gobernador Salomón Jara.
Primero, los diputados avalaron una reforma a la Constitución local para desaparecer la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, bajo el argumento de que no había justicia pronta y expedita. Luis Alfonso Silva, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso presentó la iniciativa que redujo de 12 a siete los magistrados de la Sala Superior y Salas Unitarias y la asamblea. Enseguida, el pleno aprobó los nuevos nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal, en una sesión sin argumentación ni debate.
Era de esperarse el jaloneo de la Corte contra las decisiones del poder legislativo y ejecutivo. Los ministros no entienden razones. Es así como la Suprema Corte admitió una controversia constitucional contra el decreto del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que reformó al Tribunal de Justicia Administrativa y ordenó su suspensión.
Este órgano jurisdiccional –el Tribunal de Justicia Administrativa y de Combate a la Corrupción– es el que resuelve las controversias entre el gobierno y particulares, y aplica sanciones a los servidores públicos por irregularidades.
Sin embargo, apareció el Supremo Poder Conservador de la Corte y dio la orden de recular. La suerte del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca quedó en manos de once ministros que se caracterizan por su conservadurismo. Como que son parte de la oposición de derecha.
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