GOMEZ12102020

ANÁLISIS A FONDO
Maléfica carestía
Francisco Gómez Maza

Ciudad de México.- Indudablemente que la economía mexicana, y la mundial, podrían trastabillar, en lo que resta de 2021 y, más en 2022, por su Talón de Aquiles: La carestía generalizada, llamada inflación. El Índice Nacional ha crecido al doble de lo calculado por las autoridades monetarias.

     Ésta carestía, que afecta mayormente a los productos y servicios esenciales para la sobrevivencia humana, es el coco de todo el mundo y más de los trabajadores. Es el impuesto más pesado e injusto que se paga al fisco. Una inflación alta anula todos los beneficios del crecimiento económico. Es más, inhibe a la población a satisfacer plenamente sus necesidades fundamentales de salud, casa, vestido y sustento.

     La inflación carcome hasta las fibras más recónditas del individuo y del cuerpo social. Y empobrece más a los pobres, lo cual no es bueno para quienes lo tienen todo.

     Así se dan los estallidos sociales tanto que, en lo global, los muy poderosos, los más ricos de los ricos, están pidiendo y haciendo una reforma fiscal para que sus gobiernos les cobren más impuestos, proporcionales a sus ingresos.

     En el fondo de la conciencia de los multimillonarios hay miedo. Y no siempre el miedo es malo. Más cuando invita a cambiar en el sentido de las manecillas del reloj, para lograr una sociedad menos injusta y desigual.

     Pero la inflación puede convertirse en intruso que destruye todo lo positivo para la vida de las personas. Y puede acabar, anular, el buen comportamiento de la economía, como empieza a ocurrir.

     Un crecimiento del 6 por ciento, como los economistas pronostican que crecerá la economía de México en 2021, puede verse comprometido con una inflación del 6% más/menos.

     Y esto tiene muchas posibilidades de que ocurra, al finalizar el mes de diciembre, dentro de cinco meses, más cuando la variante Delta, que dicen que México la importó de India, está haciendo estragos graves entre la población joven de México.

     Muchos comerciantes tratan de resarcir sus economías empresariales y personales mediante incrementos desmesurados de precios de los productos que venden al público.

     Las autoridades monetarias proyectaron que en 2021 podríamos sufrir un incremento de precios al consumidor de 3.0% +/- un punto porcentual.

     Sin embargo, a seis meses del año (enero-junio) el Índice Nacional de Precios al Consumidor creció 5.75 por ciento, hecho que ha venido presionando a toda la economía y puede, al final del año, dar al traste con lo ganado en materia de importantes actividades industriales, como la construcción y la fabricación de vehículos de gran calado, y de comercio exterior, principalmente.

     El 22 de este julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que, en la primera quincena de julio de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación de 0.37 por ciento respecto a la quincena inmediata anterior.

     Con este resultado, la inflación anual, medida por el INPC, se colocó en 5.75 por ciento de crecimiento, rompiendo el objetivo del Banco Central. En igual periodo de 2020 las cifras fueron de 0.36 por ciento quincenal y de 3.59 por ciento anual. O sea que, en 2021 el crecimiento de la carestía se disparó al doble, lo cual es un fenómeno totalmente antieconómico.

     Obviamente que uno de los factores definitorios que impulsa al alza al INPC es la inflación en los procesos de producción y el comportamiento de la demanda, pero en el medio de las causas económicas, medibles, está la avaricia, vergonzosa, de productores, distribuidores y comerciantes. Es como los precios del aguacate. Un kilo de esta fruta símbolo nacional estaba, a finales de la semana, en 75 pesos, una injustificable realidad.

     Obviamente que el estado de emergencia sanitaria originada por el covid-19 ha distorsionado las metodologías de medición de la inflación en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para las encuestas de precios que, en la prepandemia, se levantaban in situ, en los comercios, desde abril de 2020, y mientras dure la pandemia, se capturan mediante las aplicaciones electrónicas, internet, correo electrónico, teléfono y otras TIC para obtener sus cotizaciones.

     De ribete, la suspensión, decidida por el SAT, de un buen número de empresas del padrón de importadores y exportadores del sector energético ha provocado incertidumbre en ese mercado, además de que podría traducirse en un alza de precios en los combustibles, como lo advirtió Ramsés Pech, analista del sector energético.

     Hasta junio de 2021 había en el padrón 180 empresas importadoras/expotadoras, pero les quitaron los permisos a 58 empresas, por lo que ya únicamente quedaron 122 con permisos vigentes para importar.

     “Lo más importante sería saber la razón por la que el SAT les quitó los permisos y por qué el Servicio tomó esta decisión en cada uno de los casos. Podría subir el precio de combustibles si algunas de las empresas que está revisando la Comisión Reguladora de Energía (CRE) son clausuradas y no pueden enviar producto; todo tendría que ser trasladado por ruedas, lo que incrementaría el costo en algunas regiones que mueven por tren”, dijo. César Cadena, presidente del clúster energético de Nuevo León, dijo que una de las razones por las que se les pudo haber suspendido del padrón es porque no cumplían con la Ley de Almacenamiento.