ANÁLISIS A FONDO
Patente de corso para matar
Francisco Gómez Maza

• Mientras persista la impunidad no pararán los asesinatos
• Obligación constitucional del MP detener a los criminales

Ciudad de México.- No tendría que prometerlo ni reiterarlo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un mandato constitucional para el Ministerio Público y para el juez. Es una obligación constitucional: investigar, hasta dar con los asesinos, tanto materiales como intelectuales; llevarlos al juez, quien deberá darles el castigo que el crimen exige.

No puede quedar en la impunidad ningún delito, ninguno, como han quedado la mayoría de los autores del asesinato de periodistas, tema que debería importar a todo periodista, o que presuma de serlo. Y a todo defensor de los derechos humanos, comenzando con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La impunidad es el impulso, la motivación, la vía libre para que los criminales hagan de las suyas. Mientras se imponga la impunidad, se impondrán los asesinos, continuará la matanza de periodistas, como la llama Jorge Meléndez.

La impunidad es la patente de corso, la licencia para matar de que gozan los asesinos y no sólo de periodistas. También los asesinos de defensores de los derechos humanos, como Ana Luisa Garduño Juárez, liquidada en Temixco, Morelos, la noche del jueves 27 de enero.
Ana Luisa Garduño Juárez buscaba justicia por el feminicidio de su hija Ana Karen Huicochea, perpetrado el 12 de diciembre de 2012, presuntamente por el novio de la joven.

Duele la muerte de muchos colegas, compañeros y amigos muy cercanos, como Fredy López Arévalo, quien fue asesinado por la noche del jueves 28 de octubre de 2021, cuando llegaba a su casa en San Cristóbal de Las Casas, procedente de Tuxtla, donde había estado en la celebración del cumpleaños de su madre. No estoy seguro de que las personas que las autoridades hallaron muertas sean los asesinos. En Chiapas existe la duda. Los cercanos a los hechos creen que las autoridades pretenden darle “carpetazo” a la investigación.
Volviendo al tema de los asesinatos en Veracruz y Tijuana, la aplicación de la ley no se reitera en una sociedad regida por el Derecho constitucional, donde las autoridades deben actuar por el mandato de las leyes.

Sin embargo, en México no estamos acostumbrados a que los delitos contra la ciudadanía, especialmente contra periodistas, se investiguen a fondo y menos que, obviamente, los autores sean castigados. Los gobiernos de siempre no se aplicaron para que el poder judicial cumpliera con su mandato, que es investigar, perseguir y aplicar la ley pasa castigar a los criminales.

En el actual sexenio de la Cuarta Transformación (4T), AMLO mete las manos al fuego de la investigación de los delitos. lo reiteró, en la conferencia matutina de este lunes 31 de enero, como para que no quedara duda alguna en torno a la eficiencia de los policías de investigación, a la del Ministerio Público.

Los asesinos de los periodistas, tanto materiales como intelectuales, de María de Lourdes, la periodista de Tijuana (por ejemplo), tienen que estar ya siendo buscados con lupa.

Sin embargo, cuesta trabajo creerlo. Esperaría que fueran encontrados todos los asesinos, inclusive los que están viviendo en la impunidad total.

Claro, los acérrimos opositores de AMLO no sólo no lo creen…

Y parece increíble porque el poder judicial, aunque investigue, generalmente no “encuentra” y menos halla (¿los investiga? ¿los busca?) a los asesinos. Y estos continúan abultando su curriculum criminal.

Tan grave es esta situación que la violencia es cada vez más fuerte, porque la impunidad es la reina de las relaciones gobierno-sociedad, fenómeno que ha motivado a algunos analistas a asegurar que ejercer el periodismo en México es tan riesgoso como en un país en guerra.

Pero es lo que los periodistas, sus familiares y los sectores conscientes de la sociedad esperamos; saber quiénes mataron, por ejemplo, al gran amigo chiapaneco, compañero de andanzas periodísticas en El Financiero, Fredy López Arévalo. Y quienes conspiraron contra la vida de María de Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez y José Luis Gamboa Arenas.

Sería muy decepcionante que López Obrador concluyera su sexenio, y los crímenes contra los periodistas siguieran en la penumbra. Si fuese así, aumentaría la impunidad y jamás pararía la matanza.