ANÁLISIS A FONDO
Terremoto conmemorativo
Francisco Gómez Maza
· Defensores rechazan la “militarización”
Ciudad de México.- Otro aniversario de los terremotos del 19 de septiembre del 85, lo celebró la Naturaleza con otro sismo de 7.4 grados, que se sintió fuerte en todo el país y más, imagine, en la gran mole de fierro y cemento del Senado en la capital de la república.
Y mientras los habitantes de Ciudad de México se calmaban del susto que les produjo el terremoto, en este espacio nos preparábamos para escribir en torno de injusticias sociales y derechos humanos.
Antes del fuerte sismo, había habido un simulacro para conmemorar el sismo aquel del 19 de septiembre de 1985, que llenó de dolor y lágrimas la vida de los habitantes de esta gran metrópoli.
La vida del senado continuaba en torno al trabajo legislativo, mientras los senadores se preparaban para la sesión en la que aprobarían o desaprobarían la iniciativa priista de extender el tiempo para que los militares estuviesen encargados de cuidar la seguridad pública en este país tocado por la violencia y muerte provocada por la delincuencia organizada.
Se notaba en el ambiente del Senado un clima de confrontación entre las mayorías oficialistas aglutinadas en torno al presidente López Obrador y su partido Morena; y los opositores que se niegan a todo lo que tienen color vino tinto y apellido “López”, incluyendo a ciertas personalidades del partido del presidente, a quienes les gustaría que el nombre de Andrés Manuel López Obrador fuera borrado del mapa político mexicano.
El senador Monreal se confundía en el tumulto de periodistas que pretendían sacarle una declaración de ocho columnas, fuera la que fuese. Todo se quedaba en los posibles. Hasta ayer lunes Morena no completaba la mayoría para aprobar la extensión del plazo para la permanencia de los militares en las tareas de cuidado de la seguridad pública, actividad que sólo corresponde a los cuerpos policiacos civiles.
Pero no acababa de concluir el simulacro conmemorativo del 19 de septiembre del 85, cuando resonaron las alarmas anunciando otro terremoto, ahora de 7.5 grados, que aparentemente no causó graves daños como el del 85 y el del 19 de septiembre de 2017, entonces también ocurrido luego del simulacro para conmemorar el del 85.
Por la mañana, entre las actividades normales programadas por los encargados de prensa, acababa de estar frente a los micrófonos de conferencias, en el Patio del Federalismo de esa casa legislativa, un grupo de mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, familiares de los presos a quienes ellas consideran presos políticos.
Las mujeres denunciaban a las autoridades, encabezadas por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de no hacer caso a sus demandas de reponer las elecciones, consideradas fraudulentas, del presidente municipal, así como liberar a 27 de sus compañeros, esposos, familiares, hermanos o hijos, presos en el principal penal de la entidad chiapaneca, sólo por participar en el movimiento popular que exige elecciones democráticas, así como la liberación de los prisioneros.
Ahí le dejaron al senador José Narro Céspedes la encomienda de intervenir para que las autoridades federales se interesen por resolver el conflicto con las autoridades estatales.
En un segundo tema agendado para esta ocasión por mi correo electrónico están los derechos humanos: más sobre el caso Ayotzinapa, y particularmente el asunto de la liberación de José Luis Abarca, preso por la desaparición y muerte de los 43 estudiantes normalistas.
En cuanto a la resolución dictada a favor de Abarca, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, las familias no han sido notificadas y no se conoce integralmente el fallo.
El Centro de Derechos Humanos explica que se ha dado a conocer que es una sentencia absolutoria a favor de José Luis Abarca y 19 personas más, entre las que se encuentran al menos 11 expolicías municipales de Iguala, que habían sido señalados como parte del Grupo de “Los Bélicos”, controlado por la delincuencia organizada y nada más.
Una nota informativa del Agustín ProDH, comenta que la sentencia a favor de Abarca fue dictada dentro de la Causa Penal 66/2015 del Juzgado Primero de Distrito con sede en Tamaulipas, pero es todavía impugnable, por lo que los defensores hicieron un llamado a la Fiscalía a interponer la apelación correspondiente.
Aclararon que, más que la judicatura, el resultado de absolución es atribuible a la mala actuación de la entonces Procuraduría General de la República. Por ello, los representantes de las familias de los 43, aseguran que debieron de presentarse nuevas acusaciones con la tipificación correcta de desaparición forzada y con pruebas lícitas, pues era previsible que este fallo llegaría.
En cuanto a la presunta detención del General Brigadier José Rodríguez Pérez, quien en su momento fuera coronel del 27 Batallón de Infantería en Guerrero, los padres y las madres no han sido notificados aún de la radicación de esta causa penal. Ignoran por ello los extremos de la acusación, incluyendo los delitos que se le imputan y si estos se ajustan a los hechos contenidos en el Informe del presidente de la COVAJ (incluyendo la presunta participación de este militar como autor intelectual de delitos graves contra algunos estudiantes), o bien a otros hechos investigados por la UEILCA.
Dado que la prueba sobre la colusión de elementos del 27 Batallón de Infantería con la delincuencia organizada es abundante, si este proceso avanza con prueba sólida, puede ser muy relevante para que rindan cuentas quienes por acción u omisión tienen responsabilidades.
En un tercer momento informativo, el Centro Pro aborda la cuestión de lo que ellos y la oposición llaman militarización del país. Afirman que, ahora, se pretende prolongar el tiempo en que el Ejército y la Secretaría de Marina pueden intervenir en las tareas de seguridad pública hasta 2029, imponiendo así un esquema transexenal.
“Atravesamos un contexto pesaroso en el que, desde el Poder Legislativo, acatando la voluntad del Ejecutivo, se están tomando decisiones que profundizan de manera deliberada la militarización de la seguridad pública, con un marco jurídico laxo y sin controles, poniendo en riesgo los balances democráticos y el respeto a los derechos humanos”, afirman desde el Centro de Derechos Humanos.
La semana pasada, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron un paquete de modificaciones legislativas con las que se adscribe el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aun cuando esto contraviene el artículo 21 constitucional.
Ahora –advierten los defensores– se pretende prolongar el tiempo en que el Ejército y la Secretaría de Marina pueden intervenir en las tareas de seguridad pública: no sólo hasta 2024 –plazo que se tenía pactado para fortalecer a las policías estatales y municipales—, sino hasta 2029, imponiendo así un esquema transexenal.
Ante dicho contexto, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió un comunicado en el cual lamenta el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.