ANÁLISIS A FONDO
Urge tapar el pozo…
Francisco Gómez Maza
• No permitir más “hackeos”
Ciudad de México.- Ahora, por fin, los responsables de la creación y reforma de leyes tienen que actuar para que nadie, ningún enemigo de la patria pueda violar las claves secretas y vuelva a entrar en la madre de la computadora de la Sedena, y de las demás instituciones gubernamentales que guardan información y datos privilegiados, que están calificados como intocables, porque de ellos pende la seguridad nacional.
Todos los personajes que tienen la potestad de crear leyes, y de reformarlas, o de abrogarlas, o sea los diputados y los senadores, tienen que decidirse a tapar el pozo, que no supieron tapar en lo pasado y que costó que se ahogara el niño en manos de las “Guacamayas”, como se autonombran los hackers que robaron una gran cantidad de información de la defensa nacional.
O sea, los diputados y senadores, los encargados directos de crear las leyes, tienen que rodearse de teóricos expertos en materia de ciencias y técnicas de información, para inventar una gruesa cámara, una madre inviolable, en donde no pueda entrar nadie más que los encargados de velar por la seguridad de la nación y del Estado mexicano. Ojo: la seguridad de la nación y del Estado mexicano. Solo.
Nadie que se considere de sentido común puede aceptar que los llamados hackers vuelvan a violar la seguridad de la información que sólo pueden usar quienes están encargados de defender a la patria y cuidar la seguridad nacional de los mexicanos y de quienes habitamos en esta geografía enorme.
No es posible que se repita otra violación de la madre del sistema de archivo, cuidado y manejo de la información nacional, que implica los rubros más sensibles del Estado mexicano, conformado por el Gobierno y el pueblo y sus sectores sociales, del color que sean.
Una vez es más que suficiente para aprehender. Debe de haber una toma de conciencia entre los hacedores de leyes, sin importar banderías ideológicas, ni posiciones de clase, para crear un mecanismo constitucional que asegure la información y los datos de seguridad nacional, tan importantes como la información y los datos personales. Los datos personales cuidan la seguridad personal; los datos nacionales, la seguridad de la nación.
Y bueno. Pues, en esta línea de toma de conciencia, ha aparecido, este jueves 13 de octubre, en una reunión de la Comisión de Seguridad Pública, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, reaccionando a los hechos y proponiendo la expedición de una nueva Ley General de Ciberseguridad, antes de que concluya el presente Periodo Ordinario de sesiones de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.
Y el asunto es de urgencia supina. Monreal habla de expedir la Ley General de Ciberseguridad antes de que concluya el actual Periodo Ordinario de Sesiones, con el fin de establecer y distribuir, debidamente, las competencias y bases de coordinación entre la Federación, los estados y municipios en esa materia, afirmó el senador Ricardo Monreal Ávila.
El legislador, líder de la mayoría en el Senado, planteó una seria advertencia: los “hackeos” a la Secretaría de la Defensa Nacional “son sumamente delicados”, por lo que es conveniente legislar al respecto.
Tan sólo en el primer trimestre de 2022, en México se registraron 80 mil millones de intentos de ciberataques, que representan más de la mitad de los que se dieron durante todo 2021, cuando se detectaron 156 mil millones de intentos para sustraer información de manera ilegal.
Datos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional -informó Monreal- dan cuenta de que, de septiembre de 2020 a abril del 2022, esta dependencia atendió 34 mil reportes ciudadanos en materia de ciberseguridad, principalmente relacionados con secuestros de datos bancarios, institucionales y personales.
El Centro Iberoamericano para el Desarrollo e Investigación de la Ciberseguridad, agregó Monreal, reportó que, sólo en 2017, más de 33 millones de ciudadanos en México fueron afectados por el cibercrimen, lo que ocasionó pérdidas por siete mil 700 millones de dólares.
En las últimas fechas, grupos de ciberdelincuentes han sustraído información, de manera ilegal, de dependencias como la Sedena, lo que, “además de evidenciar la vulneración de nuestros sistemas informáticos, ponen en riesgo al Estado mexicano”.
Se trata – concluyó Monreal- de una llamada de alerta “para que aceleremos el proceso de legislación en materia de ciberseguridad, a fin de proteger la información y los datos que son resguardados tanto por dependencias públicas, como por instituciones privadas, económicas y financieras”.