Bajo la ostentación del poder oculto
Abraham Nuncio
Monterrey.- El primer paso fue adquirir la condición de ciudadanos y quedar inmersos en la maraña de la igualdad social. La igualdad no era otra que la jurídica: una conquista en favor de la libertad, sí, pero también el principio de un artificio engañoso. Esta formalidad disfrazaría la desigualdad real y el hemisferio privado del Estado dejando sólo al descubierto, para recibir críticas y embates en caso de inconformidad, al hemisferio público.
Sólo en casos de percibir un peligro para sus intereses, o bien para ampliarlos al máximo, el hemisferio privado actúa directamente en la esfera pública. La autonomía que logra el hemisferio público, si no orienta el aparato de gobierno hacia la consecución de los intereses del hemisferio privado, puede dar lugar a ciertas iniciativas de éste, incluso extremas.
En Nuevo León, donde su nivel de control social es muy claro, el poder oculto es el más visible. Basta ver la publicidad, la prensa y sus revistas especiales dedicadas a exaltar su riqueza, sus pertenencias (casas, autos, joyas, títulos, negocios, colecciones, familias), sus viajes, sus humores, sus abs, sus éxitos. Nada más ostentoso que ese despliegue. Por décadas mantuvo un bajo perfil. Pero llegó, con el neoliberalismo, la idea de la competencia (la “competitividad”) y su narcisismo se disparó.
En mayo de 2016 fue aprobada la Ley de Participación Ciudadana. El poder oculto la percibió como el primer paso para invadir el hemisferio público del Estado. Y lo hizo. Hoy el Poder Ejecutivo está en las manos de los expertos determinados por el Consejo de Nuevo León, un organismo aparentemente ciudadano. Ellos son los responsables de trazar las líneas estratégicas de gobierno. Es tan evidente su poder político, que la abanderada de Morena en las pasadas elecciones se justificó de no presentar un programa de gobierno propio, pues no era necesario: bastaba con el Plan Estratégico del Consejo Nuevo León.
La Fundación Conrad Adenauer, en su evaluación anual sobre las condiciones de la democracia en México calificó a Nuevo León como uno de los estados con el índice más pobre en participación ciudadana.
No debiera ser así por la cantidad de organismos ciudadanos que existen en la entidad: cientos, según Carlos Emilio Arenas Bátiz, quien prologa la obra Los retos de la participación ciudadana en la gestión pública de Nuevo León. En el libro se analiza minuciosamente el problema –lo es, menos que la solución– con diversas técnicas de investigación y un marco teórico muy documentado. Las conclusiones son, sin embargo, frustrantes en todas las dimensiones de la participación ciudadana.
Los autores encuentran que hay una evidente contradicción entre el universo teórico y normativo, y la práctica de la participación ciudadana. La conformación organizativa de los organismos ciudadanos y el nombramiento de sus integrantes no responde a formas democráticas. De hecho, sus dirigentes pasan a ser una burocracia, nombrada oficial o partidariamente, que recibe “un salario a cambio de un compromiso laboral de tiempo completo”. Los participantes por lo general desconocen su función o la confunden con un apoyo partidario. Lo que hay es clientelismo, asistencialismo y otras formas de legitimación de las autoridades.
En suma, simulación. Algunos de los episodios más sonados, como el Sistema Estatal Anticorrupción, han significado lo opuesto: corrupción impune. Lo mismo vale para transparencia, acceso a la información pública, calidad del aire, contraloría y una larga lista. Los opuestos a sus enunciados son lo cotidiano. En 2020, el presupuesto asignado a cubrir el gasto de los organismos “ciudadanos” fue de 270 millones.
De esa cantidad, no se sabe cuánto absorbe el Consejo Nuevo León, que presentó un aparatoso Plan Estratégico 2030 donde entrega su “visión”: a) hacer de Nuevo León un estado líder con un nivel sostenible de desarrollo para garantizar el bienestar de sus habitantes; b) lo cual se logrará con una ciudadanía comprometida e instituciones eficaces respetuosas de la legalidad, y c) en consecuencia, el desempeño del estado será comparable al de los países desarrollados.
Por de pronto, nada de eso se percibió en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, cuyo plan estratégico de gobierno fue responsabilidad de ese consejo. Se lo ve como un gobierno improvisado, corrupto y fallido. El Consejo Nuevo León, en tanto que organismo ciudadano, debió ser una instancia de crítica y corrección a tal gobierno. No fue así. Su aparente condición ciudadana le permite mantenerse como un poder decisorio, pero oculto.
En los hechos, el Consejo Nuevo León es el gobierno real en el estado, que opera tras quien lo ejerce formalmente. A Rodríguez Calderón y su equipo les lloverán los tomatazos; mientras, la cúpula del consejo hace ostentación de sus “logros” privados y continúa gobernando a través del próximo gobierno formal. Y los que sigan.
Amicus curiae sobre un caso vergonzoso en Nuevo León
Abraham Nuncio
Monterrey.- A los cuestionables gobernadores-gerentes de los principales intereses empresariales de la entidad, se suma la igualmente cuestionable acción de sus legislaturas.
La legislatura que está por salir es muy similar, si bien con agravantes, a las que la precedieron. Todas, en las últimas tres décadas han estado dominadas por el bipartidismo PRI-PAN, partidos gestores de las empresas que dictan, con mayor peso en el sexenio que termina –y por lo que se ve, en el que le sigue–, las prioridades de la agenda de gobierno.
La última fechoría del Congreso fue elegir ilegalmente a cuatro magistrados, entre ellos al panista José Arturo Salinas Garza. Acto seguido, el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJENL) lo eligió por unanimidad como su presidente violando sus propias normas y otras de carácter federal y sin que el beneficiario tuviera antecedentes profesionales en el Poder Judicial. Sus credenciales se reducen a su militancia en el PAN y a su experiencia legislativa. La pericia ( expertise), que siempre reclaman los empresarios panistas, si su ausencia los beneficia cesan en su reclamo.
Es una historia forrada de ilegalidades y una flagrante ilegitimidad. José Arturo Salinas Garza no había cumplido el año establecido por la Constitución local para aspirar a una magistratura. Aún así, el Congreso dio entrada a su aspiración.
En la selección para el cargo de magistrado, una abogada inconforme presentó un juicio de amparo para que el Congreso se abstuviera de designar magistrados hasta que se resolviera ese juicio. El juez del caso otorgó la suspensión, la cual hoy no ha causado ejecutoria y, por tanto, sigue vigente. La suspensión definitiva fue confirmada por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito. Un tercero interesado promovió otro amparo indirecto contra el Congreso del estado para que se reponga la designación de magistrados por violaciones al proceso legislativo.
No obstante estar debidamente notificado y documentado, el Congreso ignoró el mandamiento judicial y nombró cuatro magistrados, entre ellos a José Arturo Salinas. Al contestar en el juicio de amparo, este órgano se atrevió a admitir documentalmente sus faltas. Con la de la corrupción, la anticultura de la impunidad procrea monstruos éticos.
En NL, a diferencia del ámbito federal, a ese funcionario judicial no lo propone el titular del Ejecutivo y lo ratifica el Legislativo, sino que aquí intervienen el Consejo de la Judicatura, que lo propone al Congreso y el mismo Congreso, que hace la elección y toma la protesta del elegido.
Los rasgos de autonomía e independencia del Poder Judicial en NL quedaron debidamente negados por los propios integrantes del TSJENL. Todos callaron ante la imposición.
Como consecuencia del incidente presentado por el tercero interesado en términos de violación al juicio de amparo y cuya suspensión se halla vigente, colegios y organizaciones de abogados del estado y de alcance nacional tomaron el caso en sus manos y decidieron hacer la defensa de la defensa, en el propósito de que se respete el orden constitucional. Y no es para menos, los actos del Congreso –señalado de contumaz y arrogante por las asociaciones de abogados– llevan ya a este órgano a ser acusado penalmente.
Esas asociaciones se dirigieron a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que comprende los estados de Nuevo León y Tamaulipas. La asociación se constituyó en una audiencia, según los protocolos establecidos para la figura amicus curiae y escuchó los argumentos y fundamentos de los agraviados.
La figura amicus curiae empezó a tener vigencia en 2009, con motivo de la reforma que amplió la dimensión de los derechos humanos que se hallan consignados en tratados o convenios internacionales de los que México es signatario, y cuyos alcances son semejantes, en el ámbito jurídico nacional, a los preceptos constitucionales.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó reconocimiento a la amicus curiae como fuente jurídica y moral, que puede aportar elementos de juicio a los órganos judiciales para el mejor cumplimiento de su función. No tiene carácter vinculatorio (obligatorio) ni decide nada sobre la materia del litigio, pero sus minutas deben quedar integradas al expediente del caso en cuestión. Su fuerza radica en la autoridad técnica de quienes la conforman y sus documentos dan testimonio, en casos como el reseñado, de quebrantos a la ley y los nombres de sus responsables.
El desacato por cualquier autoridad a mandamientos judiciales, como la suspensión definitiva de determinados actos concedida por un juez, desaparece la certeza jurídica y expone a la sociedad a la arbitrariedad de este o aquel funcionario. No es la primera vez que al Congreso de NL se le señala de actuar arbitrariamente y de dar a la impunidad patente de corso.