Esta acción no sólo afecta el pago del salario de aproximadamente 7000 personas trabajadoras en estas dependencias, lo que constituye una violación flagrante de sus derechos laborales sino que da cuenta de una preferencia del gobernador por la centralización del poder en su persona en flagrante incumplimiento de disposiciones legales sobre autonomía entre órganos y asignación presupuestaria.
Este tipo de decisiones -que no son un hecho aislado- impactan en la certidumbre y en el funcionamiento de las instituciones públicas del estado, y son una afrenta directa a los órganos que tienen como función el control del ejercicio del Poder Ejecutivo, afectando directamente el funcionamiento democrático.
No podemos permitir estos abusos porque perjudican directamente a la ciudadanía de Nuevo León, a su acceso a la justicia y la garantía de sus derechos.
Exigimos que el ejecutivo respete la autonomía de las instituciones públicas del estado y favorezca su adecuado funcionamiento.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. es una organización civil, apartidista, sin fines de lucro. Promueve y defiende los derechos humanos desde 1993.