Mazatlán.- Ver rodar la columna de vehículos conducidos por campesinos del sur, centro y norte del estado, teniendo como destino la explanada del Palacio del Gobierno remite, inevitablemente, a recordar con una dosis de nostalgia las movilizaciones históricas de los ya lejanos años setenta para exigir tierras o respaldar las expropiaciones realizadas por el presidente Luis Echeverría Álvarez en Sonora y Sinaloa.
Solo qué en esta ocasión, cincuenta años después, la nostalgia se ha convertido en pesar y desasosiego. La movilización no es a favor sino en contra del gobierno federal. Y mejor, no es a favor de un gobierno de “derecha” sino, en contra, de las decisiones de un gobierno de “izquierda” al que los productores agrícolas le reclaman que “no los quieren” en Palacio Nacional porque lo suponen “ricos” y, peor, estos acusan molestos que destinan los recursos escasos a la economía de autoconsumo del sur del país.
Pero esa podría ser una percepción fugaz, emocional, sesgada, con una fuerte dosis de desesperación, que se manifiesta al calor de la movilización y que se expresó en la gran explanada, pero al margen de eso hay dos temas de fondo que podrían explicar mejor las cosas y que deberían ser consideradas en cualquier análisis de este problema agrario: El hoyo financiero que ha dejado el desfalco a Segalmex por 15 mil millones de pesos y la quiebra de la Financiera Rural que ha tenido que cerrar sus puertas y con ello cancelar créditos a los productores del campo.
Segalmex, la Conasupo de este gobierno, ya no puede comprar toda la producción de granos que se genera que, en Sinaloa, este año, podría alcanzar los 5 millones de toneladas de maíz y sólo hay capacidad de compra a lo sumo de 2 millones. De ese tamaño es el problema y va a implicar que si no hay compradores habrá un excedente que llevará a una mayor caída de los precios por el simple juego de la oferta y la demanda.
La desaparición de la Financiera Rural, ha dicho el presidente fue para “evitar corrupción” y que ahora se entregaran los apoyos a los productores de granos en forma directa y a través de la Financiera del Bienestar, lo cierto, es que si bien existe un problema de corrupción fue producto de un modelo clientelar que estimulo el no pago y esto la llevó al quebranto financiero.
Por ejemplo, se dice que aumentó su presupuesto de 900 a 2500 millones de pesos en los primeros dos años de este gobierno y si fue así, estuvo muy bien, pero continúo siendo mal administrados, la cartera vencida pasó de 5 mil millones a 8 mil 300 millones con una tasa de morosidad del 7.9 al 25.9% lo que prácticamente “trono” financieramente de este organismo público.
Entonces, el gobierno no tiene liquidez y ya no existe la maquinita de hacer billetes al gusto del gobernante como sucedía en los tiempos de Luis Echeverría. Y este tipo de movilización social que parecía ya cosa del pasado podría ser la constante en los próximos meses y años. Hasta hace poco, todo lo del campo de esta región del país se arreglaba en las llamadas mesas de negociación de Culiacán o la Ciudad de México, lo que significaba la percepción de que el campo no era un problema porque el arreglo estaba pautado y sus prácticas se habían rutinizado llevando casi siempre las negociaciones a buen término.
Sin embargo, ese tipo de arreglo ha quedado atrás, las condiciones del campo han venido empeorando por malas prácticas que llevaron a la perdida de apoyos y, sorprendentemente, esto sucede, cuando todavía muchos campesinos y productores agrícolas creen y apoyan a AMLO, y mejor cuando hay un gobierno federal y locales, congresos estatales de mayoría izquierdista y, con toda esa sintonía política, cualquiera supone que hablan el mismo lenguaje por que el entendimiento es más fluidos.
Pero, no. Los campesinos de Sinaloa, Sonora y Baja California levantaron ya la voz y se han unido en el reclamo para exigir al unísono compras de sus cosechas y mejores precios de garantía para sus granos, especialmente de maíz y trigo, argumentando, que lo que se ofrece es insuficiente considerando los costos de producción.
Exigen 7 y 8 mil pesos por tonelada de maíz y trigo, en tanto, el gobierno responde que no comprará todo en Sinaloa y lo que se compre sería hasta ahora a 6 mil 965 y 7 mil por tonelada, respectivamente, lo que de no corregirse provocará un exceso de oferta sin mercado que terminará afectando a los productores de granos.
El problema está en la cancha de los gobernadores. En su feeling para acercarse al oído del Príncipe y no estar perdiendo el tiempo con funcionarios de segundo o tercer nivel como dicen le sucedió al gobernador de Sinaloa. De su capacidad para gestionar mayores compras estatales e intermediar la oferta con los industriales del sector. Y es que se mueven en un escenario complicado ya que por un lado están obligados a apoyar las políticas y precios federales y por el otro, en su jurisdicción, tienen la presión de los productores agrícolas.
Ante esto no queda de otra al gobernador Rocha Moya que mimetizarse en las demandas e ir hasta donde toque con pared. Ya lo dijo a lo alto, “yo no tengo intermediario”, sacudiéndose a los que hasta ahora habían fungido como tales con pésimos resultados.
En definitiva, si no hay apoyos y una intermediación eficaz el gobierno de López Obrador desencadenará un efecto domino y, peor, los campesinos podrían terminar siendo los articuladores del descontento que existe en distintos segmentos de la sociedad del noroeste (desplazados por violencia, despedidos de la administración pública, familiares con desaparecidos y homicidios dolosos, universitarios) con efectos indudablemente políticos.
O sea, al grano, la lógica, llama atender a los productores agrícolas que merecen apoyos y precios de garantía suficientes para que sigan suministrando alimentos al país y de esa forma, evitar que las importaciones terminen por desplazar los granos nacionales en beneficio de intermediarios nacionales e internacionales.
Finalmente, el pasado viernes el gobernador hubo de reunirse con los productores agrícolas para exponer sus logros, sin embargo, de ser más de lo mismo o sea rollo, sus interlocutores tendrán la última palabra en lo que sigue y que los puso a rodar sobre la carretera como en los años setenta.
Al tiempo.