PEREZ17102022

Ciencia y tecnología: el reto
Edilberto Cervantes Galván

Monterrey.- En el ámbito educativo, en el sector de los negocios, en la gestión pública, el tema del “nearshoring” ha estado presente en los meses que van de 2023.
En la prensa se plantea como una nueva oportunidad para detonar el crecimiento económico del país y que hay que aprovecharla.

Ante la llegada de capital internacional en busca de ubicación para sus plantas y actividades productivas, el sector inmobiliario está respondiendo con una ampliación significativa de parques industriales.

Las instituciones educativas están ofreciendo modular su oferta educativa para responder a las necesidades de recursos humanos que demandan o demandarán las nuevas empresas y las que se ampliarán.

Algunas cámaras empresariales han señalado que se requiere una oferta de energía eléctrica en cantidad y calidad que ahora no se puede garantizar. Además, que para cumplir con estándares internacionales las fuentes de la energía deben ser limpias.

La provisión de agua es otro factor limitante; las restricciones que está provocando la sequía en varias regiones del país son un factor crítico.

También se ha señalado que es urgente reforzar la infraestructura de comunicaciones y la conectividad. La cobertura del servicio de Internet es limitada frente a las necesidades nacionales. Es una restricción severa en un mundo que se sustenta en la comunicación digital instantánea.

Los “hombres y mujeres” de negocios demandan certidumbre jurídica y simplificación regulatoria. El Consejo Coordinador Empresarial subraya la necesidad de reforzar la infraestructura y la conectividad, que es urgente tener seguridad pública y desarrollar competencias laborales en el sector educativo.

Estos mismos factores y limitaciones estuvieron presentes cuando, en los años noventa, con la firma del Tratado de Libe Comercio, se abrieron las fronteras comerciales de Estados Unidos y Canadá.

Al igual que ahora, la inversión extranjera se ubicó en los estados mexicanos de la frontera norte, y algunos estados del centro de la República, para exportar a los Estados Unidos.

Las exportaciones crecieron de manera significativa, básicamente con productos de la industria automotriz, fabricados claro con tecnología extranjera. A esto se sumaría la exportación de productos agrícolas (el aguacate y las berries) que es como si se exportara agua (recurso escaso en los mismos Estados Unidos).

Se reconoció que los bajos, o muy bajos salarios de los trabajadores mexicanos, ayudaron a hacer más rentables aún las inversiones para exportar. Ya para principios del siglo XXI los trabajadores chinos recibían salarios más altos que los mexicanos.

La CEPAL ha señalado que en los cuatro lustros del TLC el mercado interno mexicano no se desarrolló. Si, algunas empresas mexicanas se convirtieron en proveedoras de partes o componentes automotrices, pero no hubo ninguna expansión significativa de producción orientada al consumidor nacional. El mercado laboral no se benefició de manera significativa y continuó la prevalencia del empleo informal.

Ahora, con el “nearshoring”, se abre una nueva oportunidad de expansión para la economía nacional. En los años noventa, el enfoque neoliberal señalaba: “la mejor política industrial es que no haya una política industrial”, se pensaba que el libre juego de las fuerzas del mercado impulsaría el desarrollo; pero no fue así.

En la actualidad, el Gobierno Federal está desarrollando en el Itsmo de Tehuantepec, un “eje” de comunicación terrestre que conecta el Golfo de México y el Océano Pacífico: el “Corredor Interoceánico”. Ante las restricciones de operación cada vez mayores que se experimentan en el Canal de Panamá, este Corredor será una alternativa al Canal, al facilitar el transporte de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico. A lo largo del Corredor se están construyendo parques industriales con todos los servicios y a los inversionistas se les ofrece un paquete de estímulos fiscales.

Con estas facilidades en el Corredor Interocéanico se abre la oportunidad para impulsar el desarrollo industrial en el sureste del país; región cuyo perfil de actividad económica ha sido hasta ahora el de actividades primarias y de extracción.

Además, se empieza a reconocer la necesidad de orientar el desarrollo industrial. El Gobierno Federal ha identificado áreas de actividad que tienen valor estratégico. Se han señalado cinco: la producción de microprocesadores, la industria farmacéutica, el transporte, la industria aeroespacial y la electrónica. Para impulsar su desarrollo, el gobierno otorgará estímulos fiscales a las empresas que se ubiquen en cualquier lugar de República.

Se está empezando a tomar una iniciativa que intenta direccionar e impulsar el desarrollo nacional. Sin embargo, no se está considerando un elemento que ha sido clave en los “milagros” de Corea del Sur, India, y la propia China: el de desarrollar una capacidad científica y tecnológica nacional. El Conacyt se dedicó en los últimos lustros a actuar sin una agenda que respondiera al “interés nacional”. De los escasos recursos públicos que se canalizaron a la investigación científica y tecnológica, buena parte se le entregaron a empresas extranjeras y trasnacionales para resolver algunas de sus necesidades técnicas, sin ninguna retribución para el país.
Habría que impulsar a las instituciones de investigación tecnológica a que contribuyan a la solución de los problemas que enfrenta la sociedad y el sector productivo nacional. No se trata de competir con los autos eléctricos de Tesla, pero si de desarrollar una capacidad técnica y científica que permita definir con autonomía las prioridades nacionales en la materia y se aplique a desarrollar soluciones.

Con la pandemia del COVID quedaron claros los efectos de la privatización del sistema de salud (se privilegió lo curativo de alto nivel), del abandono de las políticas de prevención (ahí está la obesidad como un problema nacional) y la carencia de recursos técnicos para el desarrollo de vacunas. Un ejemplo.

En el contexto mundial contemporáneo, lo más conveniente para México es dejar de importar bienes y servicios; una nueva etapa de sustitución de importaciones, pero con una estrategia en ciencia y tecnología apropiada. Se trata de fortalecer la capacidad de ejercer soberanía.