Ciudadanos como punta de lanza
Carlos M. López Hernández
Este mes el gobernador solicitó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) proyecto para una consulta popular, el cual fue remitido al Tribunal Estatal Electoral del estado de Nuevo León (TEENL), para revisar su legalidad.
Después, el TEENL rechazó el mecanismo de participación ciudadana al considerar que no era procedente. Esta decisión fue recurrida por el gobernador y escaló a estudio de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRMTEPJF), el cual dio luz verde a la consulta popular.
Esta decisión se encuentra en el expediente SM-JE-31/2023, en la que se asegura que las consultas ciudadanas son un derecho para intervenir y participar en las decisiones políticas del Estado.
Hasta ahí todo bien. Ciertamente, el gobernador, acorde a la Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León (LPCNL), tiene la facultad de promoveer consultas ciudadanas y estos mecanismos incentivan la participación ciudadana con la cualidad de llegar a ser vinculantes.
Sin embargo, el problema estriba en que esta consulta popular, si bien es de interés público, no tiene como propósito incentivar la participación ciudadana, sino más bien utilizar a los ciudadanos como punta de lanza. Por lo mismo, a la consulta popular se le trata de dar un sentido distinto al que correctamente persigue.
Como ya se mencionó, Nuevo León en octubre cumplira un año sin tener fiscal general, ya que ni el gobernador ni el Congreso han dado su brazo a torcer, debido a la guerra política que han tenido a lo largo de esta administración.
Por tanto, la consulta popular pretende utilizarse como un mecanismo mediante el cual alguno de los dos poderes se legitime públicamente para, de una vez, nombrar a un fiscal general.
En este caso, es el gobernador el que pretende obtener ese apoyo. No obstante, acorde al historial de participación ciudadana en Nuevo León, la consulta popular sería todo un paripé.
Da igual cuál porcentaje se obtenga de participación, el gobernador y el Congreso tomarán esos resultados acorde a sus intereses. Porque, ¿qué harán tras los resultados de la consulta? Se puede presentar este escenario: habrá una nueva discusión respecto a considerar si es vinculante o no; si hay baja participación, se dirá que el Congreso evitó que se informara correctamente a los ciudadanos; en cambio, si hay alta participación, se dirá que el gobernador de una u otra forma intervino en los resultados y, por tanto, son cuestionables.
Ante todo, los mecanismos de participación ciudadana no tienen por fin resolver controversias, sino intervenir en decisiones públicas, como lo es ahora el asunto del Río Santa Catarina, el cual se pretende deforestar, y donde colectivos y ciudadanos han solicitado audiencia pública con las autoridades, las cuales han hecho caso omiso. Por cierto, la audiencia pública es un mecanismo de participación ciudadana.
No conforme con lo anterior, esta semana publicó el gobernador que habría una tragedia en los próximos días de no desmontar el río, ya que se avecinan tormentas eléctricas y fuertes vientos. Por tanto, «hacer lo correcto» sería no escuchar a los ciudadanos, quienes quieren proteger al río.
Por último, como bien expresó la Sala Regional, la consulta popular es un derecho ciudadano. Sin embargo, no es demandante de los neoleoneses, al menos en lo que respecta a que sea el gobernador y no el Congreso quien tenga la facultad para nombrar a un fiscal general.
Se insiste: Nuevo León cumplirá un año sin fiscal general, y aún así no se han mostrado colectivos interesados ni preocupados porque se nombre a uno. De lo contrario, la consulta popular habría sido propuesta por los ciudadanos, mas no por el gobernador.
Además, si esto fuera un asunto de interés público de suma relevancia, como se pretende ver, lo más adecuado no sería una consulta popular, sino un proceso electoral, es decir, que sean los ciudadanos los que elijan a su fiscal general mediante sufragio y no el gobernador o el Congreso.
Aunque claro, ese escenario está lejos de presentarse, ya que lo que está en juego no es nombrar a un fiscal general, sino qué poder (ejecutivo o legislativo) tendrá la facultad legal de nombrarlo. Por tanto, la cuestión sigue siendo la misma, se pretende utilizar a los ciudadanos como punta de lanza.