Monterrey.- Constitucionalmente la fundición de minerales y aceros son competencia exclusiva de las autoridades federales, así como el control y la vigilancia de sus residuos y emisiones en todos sus procesos. Ello, a efecto de procurar y cuidar la salud de la población y el medio ambiente.
Al respecto, la legislación ambiental prohíbe la importación de materiales y residuos peligrosos para su disposición final, pero permite su entrada para tratamiento, reciclaje y reuso, lo cual provocó la lucha de Greenpeace México para la prohibición total de desechos peligrosos transfronterizos, ya que el proceso de fundición de escorias y chatarra genera sustancias tóxicas.
Por su importancia ante la reciente investigación periodística de The Guardian y Quinto Elemento Lab, nos permitimos compartir una síntesis del estudio “El Caso de Zinc Nacional”, elaborado por un equipo de Greenpeace coordinado por Fernando Bejarano y publicado en junio de 1994:
“La mayor parte de los desechos peligrosos exportados de Estados Unidos a México están clasificados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) con la clave K061. Se trata de polvos que se capturan en los filtros de los hornos que la industria siderúrgica utiliza para fundir chatarra y recuperar acero.
A México se destina la mitad de las exportaciones de desechos peligrosos de Estados Unidos. Las importaciones de K061 se incrementaron en un 700% desde 1987 y es previsible que sigan aumentando. Según cifras de la EPA, las exportaciones aumentaron de 10 mil toneladas en 1987 a más de 70 mil en 1992.
Una de las empresas importadoras de desechos peligrosos, bajo el nombre de “polvos de acerías”, es Zinc Nacional, ubicada en San Nicolás de los Garza, para recuperar sulfato de cinc y estaño. La familia Villarreal es la propietaria de la mayoría de las acciones y posee la mina "El Diente", de la que se puede extraer cinc, por lo que la compañía podría tener una fuente alterna de suministro sin necesidad de importar desechos peligrosos de otros países.
Los problemas provocados por la recuperación de K061, se derivan de los propios constituyentes de este desecho (plomo, cadmio y arsénico, además de la posible presencia de dioxinas y furanos). La exposición, incluso a niveles bajos de plomo, se ha asociado con una amplia gama de desórdenes metabólicos y deficiencias neurosicológicas. El cadmio causa un número creciente de muerte por bronquitis crónica y cáncer de pulmón en trabajadores expuestos.
La Asociación de Productores de Acero (Steel Manufacturers Association) es la más interesada en que México siga permitiendo la importación de desechos peligrosos, pues representa un significativo ahorro en los costos de manejo para las llamadas "miniacerías" o "minimills" productoras de estos desechos.
Aunque las instalaciones de Zinc Nacional han sido presentadas por la industria siderúrgica norteamericana como una empresa modelo, las investigaciones de Greenpeace han encontrado pilas a cielo abierto y elevados niveles de contaminación por plomo, a pesar de que el Instituto Nacional de Ecología (INE) la clausuró temporalmente.
Existe un riesgo adicional en las importaciones de K061 a Zinc Nacional: la posibilidad de recibir desechos contaminados con radioactividad y también indicios de un mayor riesgo en la salud de los pobladores de las colonias vecinas, por el arrastre del viento de polvos de las enormes pilas de desechos que la empresa acumula en sus patios y terrenos traseros.
Una investigación epidemiológica realizada por Greenpeace en septiembre de 1992, señala que existe un riesgo cuatro veces mayor en los vecinos por problemas de la piel, infecciones de oído, irritación de ojos y vías respiratorias, bronquitis y sensación de fatiga. Los resultados establecen una relación entre la exposición a los tóxicos emitidos por la fábrica y las molestias y efectos en la salud. De no detenerse la exposición de la población, no se descarta la aparición de cáncer a futuro, como se ha documentado en otros estudios.
El riesgo a la salud se presenta tanto en hombres como mujeres, aunque la población más afectada son menores y mayores de edad. Una doctora de la Clínica de Salud de la colonia Topo Chico, que prestó servicios durante un año en la colonia Lázaro Cárdenas (que colinda con la empresa), declaró a Greenpeace que la contaminación generaba problemas de aprendizaje en los niños, además de alergias en la piel y otras enfermedades raras”.
Este es “colonialismo ambiental” que Greenpeace denunció en 1994 y que hoy The Guardian y Quinto Elemento Lab denominan como el “cóctel tóxico”.