Consulta indígena
Luis Miguel Rionda
Guanajuato.- El viernes 13 pasado pude participar en una asamblea extraordinaria de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI A.C.) en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Pachuca.
Nos dimos cita consejeros de 20 entidades del país, tanto para la asamblea como para participar en un “Taller de elaboración del Protocolo de Actuación para Organismos Electorales locales en materia de consulta indígena con perspectiva intercultural”. Esta red es presidida por la talentosa consejera de Chihuahua Claudia Arlett Espino, de raíces Rarámuris, y es secundada por Edmar León García, lúcido consejero de Guerrero, vocero secretario.
En México estamos experimentando una fase de ampliación y consolidación de derechos políticos, de representación y de consulta de los pueblos, comunidades e individuos originarios –el término “indígena” tiende a ser rechazado por su implicación colonialista–. En este tema estamos muy involucrados los organismos electorales, no sólo por obligación legal sino por convicción institucional y personal.
En muchas entidades –supe que en 22– la Gobernación Indígena Nacional, ostentada por el ciudadano Hipólito Arriaga Pote, representante de las 62 lenguas maternas, ha tenido éxito en la presentación de Juicios de Protección a los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante las omisiones normativas en las que se ha incurrido en esas localidades, entre ellas Guanajuato.
En el taller mencionado arriba escuchamos dos conferencias. La primera por parte de la diputada federal de Morena –y de origen chinanteco– Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión. El tema fue la obligación del Estado mexicano de aplicar las consultas –previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas– a las comunidades originarias, y los métodos para aplicarlas debidamente. Una obligación que aún no es constitucional, pero nos vinculan los tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –de 1989, ratificada por México en 1990–. Mencionó que en Congreso de la Unión existe una iniciativa de Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas, que se espera sea pronto validada.
La segunda conferencia estuvo a cargo de la también diputada federal de Morena, María Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como académica de origen, propuso a la asamblea que se emprendieran proyectos de investigación en los que se diseccionara la situación de los derechos indígenas en todas las entidades del país. Un consejero de Hidalgo, Augusto Hernández Abogado –gestor de la RENACEDI– propuso culminar un proyecto que se encuentra detenido, sobre la elaboración de un Atlas nacional sobre esta temática. Yo me suscribí a esta iniciativa, por mi perfil de investigador nacional y antropólogo social.
Continuamos con una ronda de participaciones de las y los consejeros asistentes sobre las acciones legislativas y administrativas en cada entidad para la consulta a las comunidades y la ampliación de sus derechos de participación y representación políticos. Nos llevamos la tarea de integrar un inventario de esos recursos y construir un protocolo que pueda servir de modelo del cual se desprendan las particularidades de cada entidad. La riqueza cultural y étnica de nuestro país se debe reflejar en las alternativas para la participación de los pueblos nativos.
Es de elemental justicia histórica…
* Antropólogo social. Consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Profesor ad honorem de la Universidad de Guanajuato. luis@rionda.net – www.luis.rionda.net - rionda.blogspot.com – Twitter: @riondal