Crisis institucional y Estado de Derecho en México
Enrique F. Pasillas
Así, sabemos ya que el Estado de Derecho y el principio de legalidad son principios fundamentales en cualquier democracia. Implica que todas y todos los ciudadanos, sin importar su posición social, económica o política están sujetos a las mismas leyes, y que estas se aplican de manera transparente, justa y equitativa. Sin embargo, en México, el Estado de Derecho enfrenta numerosos desafíos, que acrecientan la profunda crisis institucional de las pasadas décadas, misma que ha deteriorado crecientemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y privadas más relevantes. Y así lo reflejan encuestas y estudios como el “Índice de Estado de Derecho 2022”, recientemente publicado por World Justice Project.
Uno de los principales asuntos es la corrupción, que no se acaba por decreto ni con buenas intenciones, y que está tan arraigada en todos los niveles de gobierno y en los poderes del estado, pero también en muchos ciudadanos. Incluidos quedan, claro, los poderes judiciales locales y el federal. Funcionarios públicos, jueces y policías son a menudo sobornados por toda clase de privados y poderes “fácticos”, lo que socava la imparcialidad y la objetividad de las decisiones judiciales. Esta falta de apego social a la honradez como valor ético, así como de transparencia y rendición de cuentas erosiona la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Otro desafío importante es la impunidad. A pesar de que se cometen numerosos delitos en México, la mayoría de ellos quedan sin castigo (hasta el 95% según diversas mediciones). La falta de investigación y persecución efectiva de los delitos permite que los responsables eludan la justicia y que las víctimas queden desprotegidas. La impunidad alimenta un ciclo de violencia y delincuencia, ya que los perpetradores saben que muy difícilmente serán llevados ante la justicia.
La violación de los derechos humanos también es una grave preocupación constante en México. Las organizaciones de la sociedad civil de y las organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos y paradigmáticos casos de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y los grupos del crimen organizado, donde Ayotzinapa por desgracia no es la excepción, sino un grave patrón de actuación. Tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales son solo algunos ejemplos de las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales en todo el país. Y la falta de justicia (pronta, expedita, imparcial) para las víctimas de estos abusos agrava aún más la crisis del Estado de Derecho en México.
Además, el sistema judicial enfrenta importantes carencias y deficiencias sistémicas Juzgados y tribunales sobrecargados, faltos de recursos y personales adecuados dificultan, lastran o atrasan la impartición de justicia de manera oportuna y efectiva. Las normas son confusas en muchos casos, el lenguaje judicial denso, abigarrado e incomprensible, las sentencias formalistas en extremo, los plazos procesales se alargan, lo que lleva a la prolongación sine die (indefinida) de los juicios y a la práctica denegación de justicia para muchas personas. Dicha falta de eficiencia y capacidad del sistema judicial, contribuye sin duda a la percepción de impunidad y debilita el Estado de Derecho.
Para abordar estos problemas y fortalecer el Estado de Derecho en México, es necesario llevar a cabo reformas profundas en el estado y sus poderes, organismos autónomos, en el sistema judicial y en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley desde el municipio más alejado del país hasta las más altas magistraturas. Se requiere también de transparencia y efectiva rendición de cuentas, así como del fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión ciudadana. Así también es fundamental promover una cultura de respeto a los derechos humanos en todos los niveles sociales y garantizar la protección de las víctimas. Además, es esencial invertir en la capacitación y profesionalización de los servidores públicos encargados de administrar justicia. Esto implica proporcionar los recursos necesarios para mejorar la infraestructura judicial y asegurar que los jueces, fiscales y policías estén adecuadamente preparados para enfrentar los desafíos del crimen organizado y de una sociedad cada vez más diversa y compleja. Asimismo, se deben fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y fomentar la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil en la promoción y defensa del Estado de Derecho. La ciudadanía debe tener voz y participar activamente en la construcción de un sistema de justicia más justo y equitativo.
En conclusión, el asunto de marras es multidimensional, profundo y complejo. La corrupción, la impunidad, la violación de los derechos humanos y las deficiencias en el sistema de procuración e impartición de justicia son algunos de los enormes desafíos que enfrenta el país en el futuro. Por eso fundamental reconocer estos problemas y no negarlos por cálculo político, así como trabajar de manera conjunta y coordinada para superarlos. No existe un proyecto de nación para el futuro que pueda ignorar este asunto. Solo a través de reformas integrales y un compromiso real con la justicia y el respeto a los derechos fundamentales que deje atrás la simulación que sí parece ser “cultural”, como lo definía un clásico del pasado autoritario, se podrá restablecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y avanzar hacia un Estado de Derecho que poco a poco se vaya consolidando. No es tarea de un sexenio, y tal vez ni siquiera de una generación, pero mientras más pronto se inicie, más probable será que alguna vez se alcancen niveles razonables de justicia y seguridad pública y humana.
Posdoc x México. Conahcyt-El Colef
@efpasillas