Argumentar que no fue así y que todo fue una decisión de otro nivel de autoridad, es ir contra la lógica, el sentido común y el propio relato oficial.
La pregunta principal, entonces, sería cuál fue la motivación de hacerlo la madrugada del 5 de enero; y la respuesta puede provenir de un asunto doméstico, muy violento, como es el ataque y motín que ocurrió en el penal de Ciudad Juárez cuando amanecía el primer día de este año.
Pero, también, algo mayúsculo, bilateral, como es la agenda que trae el presidente Joe Biden a la Cumbre de los jefes de Estado de América del Norte y el primer ministro de Canadá en particular, el tema de la producción y la exportación ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, donde el consumo está causando violencia y en promedio 100 mil víctimas cada año.
Incluso, puede ser una respuesta anticipada del presidente mexicano, un gesto de buena voluntad y colaboración de que se está trabajando en materia de combate contra las drogas.
De la primera hipótesis rescatamos un dato no menor, el hecho de que el grupo de los llamados mexicles que comando hasta su muerte Ernesto Piñón, alias El Neto, sean en aquella ciudad fronteriza los propietarios de la franquicia del Cártel de Sinaloa pudo tener un efecto preventivo ante la posible activación de la violencia en 27 estados donde está la organización criminal (Anabel Hernández, dixit).
Sin embargo, la experiencia y la historia de este cártel, no permite suponer que aquel suceso tendría un rebote en otros estados y menos de la dimensión que tuvo en medio de informaciones falsas y verdaderas.
Y menos todavía, cuando se está realizando en la Ciudad de México la Cumbre, lo que nos lleva a la siguiente hipótesis.
Que la detención de Ovidio se trata de un gesto de elemental diplomacia –y, por cierto, sería una práctica muy usual durante los gobiernos priistas– para que el cónclave tripartito se desarrolle técnicamente bajo una atmósfera de confianza y eficacia en el tratamiento de los temas sustantivos favorables, no sólo para sus países, sino para toda la región, especialmente Centroamericana y el Caribe; y en esta lógica, los 29 muertos de ambos bandos ya reconocidos oficialmente, sería, claro, un daño colateral. Que se lo digan especialmente a las familias de los militares y policías asesinados.
La siguiente hipótesis podría llevarnos a explicar el suceso como resultado de una exigencia política. Una definición. La colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad hemisférica exigía un gesto del gobierno de nuestro país, de que existe voluntad para combatir al crimen y salir al paso de lo que se ha dicho en algunos medios norteamericanos. Que el gobierno obradorista no combate al crimen organizado y, que el Cártel de Sinaloa, sigue siendo el preferente, considerando las estampas que dejó la liberación de Ovidio en 2019, el saludo del presidente a Consuelo de Guzmán, la madre del Chapo Guzmán y la gestión diplomática, para que la familia de este personaje pueda visitarlo en el penal de alta seguridad donde reside el capo.
Cualquiera que sea la verdadera de estas hipótesis –u otras–, incluso, una mezcla de todas ellas, de flujo o reflujo, lo cierto, es que Sinaloa vivió una atmosfera de terror con sus ciudades sitiadas, balaceras, bloqueos de avenidas y aeropuertos, vehículos y comercios incendiados, más una sociedad capturada, esperando a que pasara el temporal violento.
En medio de ese temor no es difícil imaginar escenarios y lo que ocurrió después de la captura de Jesús El Rey Zambada durante el gobierno de Felipe Calderón, es decir, trajo consecuencias terribles en el entorno de la élite gobernante, donde dos secretarios de Gobernación, coincidentemente, terminarían en medio de las llamas que provocó el desplome de sus naves. Claro, se dijo oficialmente, que fueron accidentes que suceden de vez en vez.
Por lo pronto, si la Cumbre se celebra conforme lo previsto, los sucesos estarán en la atmósfera y pone de golpe y porrazo en el centro de la mesa de negociación el tema de la seguridad hemisférica y el combate de los cárteles del crimen organizado.
Es decir, dejará posiblemente de lado la agenda social que ofreció llevar el presidente López Obrador para ampliar y consolidar su proyecto político.
Con esto queda claro que el discurso y la narrativa del presidente AMLO resulta útil para la conversación pública del día a día, pero es inútil, ya lo veremos, cuando se tocan los intereses geopolíticos y es cuando, se ve el verdadero tamaño de los países y sus líderes.
Sin embargo, no faltarán las voces que tratarán de mostrar el nuevo culiacanazo como un triunfo del sistema, o como un hecho más de nuestra rutina violenta, como un insumo infame, que “tendrá contentos a los miembros de la mafia del poder”, como ha dicho alguien, buscando culpables y que no habrá de pasar de ahí, para lograr un mínimo de control de daños.
Sin embargo, sospecho que este tipo de narrativa pondrá a dudar incluso a muchos fieles a la causa de la 4T sobre la efectividad de la política de seguridad pública.
Y podría, al fin, llevar empujados por la realidad a los miembros del Sistema Nacional de Seguridad Pública y entender que el tema de la violencia criminal, si bien tiene los costos principales entre la población civil, hoy como nunca, es un asunto de seguridad hemisférica y como tal, debe atenderse para evitar extenderse más y más allá de las fronteras; y eso pasa por estar en un círculo de confianza, donde se le baje dos rayitas a la retórica sin compromiso.
En definitiva, los hechos violentos ocurridos en Ciudad Juárez y Culiacán podrían traer mayores reacciones en los próximos días y semanas, pero, también, la posibilidad de que empiece a llegar a su término la política de abrazos y no balazos en materia de seguridad pública, y dejar de lado la idea de que, en esta materia, la soberanía pasa por el filtro del derecho de los ciudadanos de los tres países a vivir en un entorno menos inseguro y peligroso.
Al tiempo.