De fiscal general a notario
Carlos M. López Hernández
Así lo confirma, por ejemplo, en su libro de Deontología jurídica: ética del abogado y del servidor público, Pérez Fernández del Castillo, quien afirma que hay abogados que se dedican a la función pública, otros al poder judicial; algunos son notarios, y otros tantos son corredores de bolsa.
Siendo así, cobra mucho sentido el mensaje del ministro Aguilar Morales en 2018, que en aquel entonces era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pronunció en el día del abogado: “nosotros los jueces, también somos abogados”.
Sin embargo, si se analiza de cerca, las cosas no son tal. Una cosa es que de común se comparta el conocimiento del derecho vigente, y otra, muy distinta, es que para ejercer cualquier profesión jurídica, se requiera ser abogado.
Por tanto, si ejercer la profesión de abogado consiste en representar la defensar de un tercero ante un tribunal, eso no lo hacen los jueces, que son quienes determinan las controversias jurídicas; ni tampoco los notarios, quienes otorgan fe pública a documentos específicos. Y mucho menos un fiscal.
Entonces, acorde al ethos (hábito) de cada una de estas profesiones, queda claro que la abogacía no es una profesión universal, pues para su desempeño se requieren de conocimientos, aptitudes y competencias completamente diferentes.
Y quizá sea esta una de las razones de los resultados de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, a cargo de Gustavo Adolfo Gutiérrez Guerrero, cuya experiencia en el ámbito era nula.
Tan solo este año, hubo tres casos que tuvieron en el blanco a la fiscalía: en abril, la fiscalía interrogó a un sospechoso en el caso de María Fernanda, al cual liberaron, pero resultó ser el homicida; además, ese mismo mes se reportó la desaparición de Debanhi Escobar, un caso que, después de seis meses, no hay ningún responsable ni sospechoso.
Para mayo, surgió un nuevo caso de feminicidio, el de Yolanda Martínez. Dos días después, se origina el conflicto con el gobernador del estado, Samuel García, quien exigía al fiscal que dejara de usar términos legaloides para evitar decir la verdad.
Pero estos datos se derivan a raíz de lo mediático que fueron estos casos, de modo que no se sabe qué hay de aquellos casos que no lo han sido, como el caso de la familia Becerra.
En 2018, Gustavo Guerrero participó en la convocatoria para ocupar el cargo de fiscal general del estado. Hasta ese entonces, toda su carrera había sido enfocada en labores con el poder judicial del estado; es decir, nunca ejerció ninguna otra profesión jurídica: ni abogado, ni fiscal, etcétera.
Ahora, después de presentar su renuncia la semana pasada como fiscal general, con el alegado de jubilarse, resulta que se desempeñará como notario.
Al final, parece que para desempeñarse en cualquier profesión jurídica, sea cual sea, basta con ser abogado, aun si nunca se ha realizado dicha labor.
En definitiva, conocer el derecho vigente, que es uno de los conocimientos esenciales en la universidad para obtener el título de licenciado en derecho, y punto de encuentro entre todas las profesiones jurídicas, esto no constituye, por sí mismo, la orientación de todas las profesiones jurídicas, sino su ethos y más específicamente, su formación.