Derecho a la educación superior
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- La última semana de noviembre, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la actual Legislatura tuvo a bien en acordar la revisión del expediente 14353/LXXV, relativo a la iniciativa de Ley de Educación Superior del Estado de Nuevo León, la cual promovimos ante el Congreso del Estado desde el pasado 28 de abril del año en curso.
El objetivo de la iniciativa es cumplir la Ley General de Educación Superior, expedida el 20 de abril de 2021 como ley reglamentaria del Artículo Tercero Constitucional, cuyo Transitorio Quinto ordena a las legislaturas armonizarla en sus entidades dentro de los 180 días a la entrada en vigor del Decreto, con la participación de instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en política educativa.
Se trata de una Ley derivada de la reforma educativa del 15 de mayo de 2019, mediante la cual el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República encabezada por Andrés Manuel López Obrador, echaron abajo la contrarreforma laboral disfrazada de educativa que impuso el gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto a través del Pacto por México.
Y, sobre todo, se trata de la reforma constitucional que estableció como obligatoria, pública y gratuita la educación superior y como un derecho humano fundamental para el pleno desarrollo de la personalidad.
En tal virtud y considerando que en Nuevo León debemos armonizar la ley federal para que nuestro Estado cumpla la obligación de garantizar el derecho a la educación del nivel superior, nos dimos a la tarea de proponer la iniciativa que contiene 7 títulos, 15 capítulos, 77 artículos y 17 transitorios.
Con la propuesta buscamos elevar los estándares de calidad en universidades, tecnológicos y normales, para formar profesionistas con alto compromiso y que contribuyan al desarrollo social, cultural, económico, científico, tecnológico y humanístico de nuestras comunidades. Para ello, reconoce la autonomía universitaria, régimen jurídico, autogobierno, libertad de cátedra e investigación, modelos académicos y educativos, estructura administrativa, patrimonio y derechos laborales de trabajadores universitarios.
Además de refrendar el respeto a la autonomía, en la iniciativa de Ley se ratifica la gratuidad de este nivel universitario de manera gradual y siempre y cuando haya presupuesto, tal y como lo avalaron la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
El reto es que ningún alumna o alumno, con aspiraciones y ganas de estudiar, se quede sin la oportunidad o la posibilidad de ingresar a la Universidad por falta de cupo, ni se le impida el derecho a la movilidad social para superarse y así contribuir con su esfuerzo al desarrollo sostenible de su comunidad y a tener un mejor mundo donde nadie se quede atrás.
En este sentido y en el marco de una política educativa de Estado con visión y misión de largo aliento, consideramos vitales para el goce y disfrute del derecho fundamental a la educación, los siguientes tres ejes de acción:
1). Incorporar el principio de intangibilidad de la dignidad humana, para transformar los procesos educativos, escolares, familiares, comunitarios, culturales, sociales, económicos y jurídicos que subyacen en la educación;
2). Fomentar el tránsito hacia un sistema educativo incluyente, transparente, equitativo y plural, acorde con los derechos humanos y,
3). Asegurar un proceso de deliberación y participación ciudadana amplia, que brinde legitimidad y fortaleza a la propia legislación.
Es difícil acceder a la educación superior en México. Sólo el 17% de las personas de entre 25 y 64 años logra obtener título universitario, la proporción más baja entre los países de la OCDE y una cifra muy inferior al promedio del organismo (37%) y por debajo de otros países de la región, como Chile (23%), Colombia (23%), Costa Rica (23%) o Argentina (21%). Además, sólo 1% de la población cuenta con estudios de maestría, un nivel sumamente bajo respecto al promedio de los miembros de la OCDE, que es de 12%
El desafío del gobierno federal y estatal está claro: canalizar crecientes recursos para cubrir la demanda estudiantil, satisfacer sus necesidades y consolidar las fortalezas de la universidad pública en la lucha por la verdadera transformación de Nuevo León y de México, por lo cual manifestamos nuestro beneplácito porque se haya acordado revisar el expediente nuestro.