Derecho al aire limpio
Lupita Rodríguez Martínez
Párrafo Quinto del Artículo 4 de la Constitución.
Monterrey.- Desde 1999 el pueblo mexicano tiene el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente sano, materia en la cual Nuevo León se adelantó en 1995, al establecerlo no sólo como una garantía de las y de los habitantes.
La visión de corresponsabilidad del Legislador Nuevoleonés dispuso además el deber colectivo de conservar el medio ambiente y como un objetivo de orden superior de los Poderes del Estado, en forma coordinada con la ciudadanía, para velar por la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y, sobre todo, para proteger y mejorar la calidad del aire.
Bajo esta visión de avanzada, sin embargo, nuestros problemas ambientales del suelo, agua, aire, flora y fauna se agravaron en los últimos 20 años, a tal grado que Monterrey y sus municipios conurbados fueron catalogados como la metrópoli más contaminada de México, posteriormente de América Latina y muy recientemente del planeta.
Frente a tal coyuntura, en la LXXV Legislatura (2018-2021) del Congreso del Estado me tocó participar en la reforma constitucional para crear un organismo autónomo en materia de vigilancia y cuidado del aire.
A iniciativa de 35 organizaciones de la sociedad civil y después del más participativo, plural y profuso debate público, en noviembre del 2019 aprobamos la reforma constitucional para vigilar y cuidar la calidad del aire a través de un organismo autónomo especializado con personalidad jurídica, con patrimonio propio y con autonomía presupuestal, técnica y de gestión.
Desafortunadamente el voto del Poder Legislativo recibió el veto del Poder Ejecutivo, a cargo entonces del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien mediante una controversia constitucional impidió la reforma para crear el organismo que coordinara a los gobierno federal, estatal y municipal, así como a los sectores industrial, empresarial y comercial y, sobre todo, a la ciudadanía para trabajar todos unidos y darle un giro a nuestra política ambiental de combate a la contaminación del aire y de alivio a la salud.
Afortunadamente en marzo del 2023 se promulga la Nueva Constitución de Nuevo León, en la cual la LXXVI Legislatura y el gobernador Samuel García Sepúlveda estipularon en el último párrafo del Artículo 44, que “como parte del medio ambiente sano, quienes habitan el estado de Nuevo León tienen el derecho al aire limpio, por lo que ley determinará el alcance del ejercicio de este derecho. La ley establecerá la creación de la Agencia Estatal para la Calidad del Aire como organismo público descentralizado”.
En abril del 2023 se publica en el Periódico Oficial la creación de la Agencia para la Calidad del Aire de Nuevo León, aunque como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, para realizar acciones que prevengan, controlen y eviten la contaminación del aire, así como para llevar a cabo el monitoreo de los contaminantes. El mandatario designó como titular a la ingeniera química administradora, Armandina Valdez Cavazos.
Previsoramente en la Ley de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023 se había asignado un presupuesto de 16 millones 666 mil pesos para la Agencia Estatal. Este año, debido a la falta de Ley de Egresos, se aplicaría el mismo monto por el principio de reconducción presupuestal.
Mientras no exista un órgano especializado dotado de presupuesto suficiente para combatir la contaminación, lo señalamos en su momento, en Nuevo León no será posible el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ni el desarrollo sustentable ni la aspiración a respirar aire limpio. Como ejemplo pusimos a la Comisión Ambiental de la Magalópolis, creada en el 2013 por el Gobierno Federal y los Gobiernos de CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, para planear y ejecutar acciones ambientales de mejora del aire. A diez años, los resultados de la Comisión demuestran que es una plataforma de gobernanza ambiental y de buenas prácticas sustentables.
Resolver a fondo nuestra grave crisis de contaminación atmosférica, implica que las atribuciones de la Agencia estén dotadas de presupuesto para fincar responsabilidades a quien contamina, sin importar cómo se llame o se apellide el dueño de una empresa grande o chiquita, federal o extranjera.