PEREZ17102022

DERECHO Y SOCIEDAD
«Gesetzspiele» (juegos de leyes)
Carlos M. López Hernández

Monterrey.- Durante la última parte del siglo XX, Jorge Carpizo hizo notar cómo el presidencialismo mexicano iba más allá de lo que la propia constitución federal le concedía.

Habló de cómo en la historia había varios indicios de «facultades metaconstitucionales». Por ejemplo, que el presidente designara a su suscesor o que la dirigencia del partido oficial fuese mera fachada.

Con el tiempo, sin embargo, surgieron distintas reformas cuyo propósito era claro: reducir las facultades del ejecutivo; en otros términos, un adelgazamiento. Por ejemplo, el IFE se creó para que las elecciones fueran organizadas por una institución independiente y ciudadana; un cambio radical, pues anteriormente era función de la Secretaría de Gobernación. O bien, cambios recientes, como lograr que la FGR (antes PGR) fuese independiente.

No obstante, aunque a nivel federal el Congreso de la Unión empezó a legislar para tener un mayor control sobre el ejecutivo, no se hizo lo propio en las entidades federativas.

Por esa misma razón, el PRI logró volver al poder en el periodo 2012-2018. Ciertamente, en aquel entonces el PRI había perdido la presidencia, pero conservó, por doce años, su hegemonía a nivel estatal.

Con dichos antecedentes, no causa extrañeza que a Morena se le compare con el PRI. Hoy se dice que el presidente López Obrador será quien decida a su suscesor, y que también tiene injerencia plena en el partido, pues igualmente decide quiénes serán los candidatos en elecciones locales.

Pero más allá de esto, en Nuevo León parece ser que el Congreso ha puesto en marcha el mismo propósito que se hizo a nivel federal.

Este viernes pasado, 24 de febrero de 2023, se aprobaron diversas modificaciones a los artículos 14, 26, 35, 37, 39, 46, 56, 66, 90, 91, 94, 96, 99, 125, 126, 150, 151, 152, 154, 158, 159, 162, 166, 198 y 204 de la constitución del estado. Con ello, se buscan cuatro cosas en específico:

Primero, regular los viajes del gobernador, ante su actitud del año pasado y este de pasar varios días fuera de la ciudad como en Estados Unidos y Europa. Ante esto, deberá pedir al Congreso licencia para hacerlo, siempre y cuando sean viajes de más de tres días. De hecho, se ha señalado que estos viajes constantes han puesto en descuido al estado y en lugar de afrontar los problemas, el gobernador los evade.

Segundo, y derivado de esto último, se busca poner freno al bloqueo de publicación de decretos en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Una de las razones por la cual el gobernador tiene en puerta un juicio político, pues se afirma que ha impedido que ciertos acuerdos legislativos entren en vigencia.

Tercero, reformar el proceso de selección del fiscal general del estado. Un asunto pendiente, ya que al gobernador no le agrada el candidato elegido por el Congreso, de modo que ha objetado enérgicamente su designación. Incluso, en estos días se ha hablado de la posibilidad de realizar una consulta ciudadana que logre limar asperesas.

Cuarto y último, se busca reducir las facultades del gobernador para nombrar funcionarios. Según se dice, el objetivo de esto es disciplinar al mandatario estatal.

En fin, si esto fuera producto de lo que se mencionó al principio, quizá sea apropiado proponer algunos cambios que parecen más importantes. Sin embargo, parece claro que todo este movimiento legislativo se debe al conflicto directo que hay entre el gobernador y el Congreso.

Esto provoca que las reformas aprobadas, este viernes pasado, sean reformas específicas para este gobernador. No son reformas pensadas para regular la figura del ejecutivo, independentemente de quién ocupe ese cargo.

Por tanto, lo que está haciendo el Congreso de Nuevo León es un «Gesetzspiele», es decir, meros juegos de leyes. A no ser que, desde ahora, se sepa que el próximo gobernador del estado tendrá la misma actitud, tales reformas hacen parecer que el sistema político en Nuevo León ha cambiado y ahora se vive en un sistema parlamentario.