Desafíos pos electorales
Daniel Martínez Cunill 

El triunfo de México fue contundente

Nadie pone en duda que la coalición Sigamos Haciendo Historia ganó ampliamente la presidencia, siete de las nueve gubernaturas estatales en disputa y la mayoría en el Poder Legislativo. La interrogante es en qué profundidad y dirección y hasta dónde se propone avanzar en este sexenio contando con tan valioso capital político. Se harán transformaciones más profundas dentro del sistema o se darán pasos estructurales destinados a su liquidación definitiva y a la construcción de un nuevo modelo económico y sociopolítico, que restrinja al neoliberalismo y renueve su concepto de democracia.

Si nos basamos en el proyecto electoral presentado por Claudia Sheinbaum y la experiencia anterior, todo indica una ruta de continuidad dentro de las fronteras del progresismo. Desde nuestras filas consideramos que se dan las condiciones objetivas para avanzar a nuevos y mejores proyectos de desarrollo integral de la sociedad mexicana. El desafío es dar a luz nuevos paradigmas que servirán para un nuevo proyecto de nación para México y de contribución para toda América Latina y el Caribe.

La derrota electoral sobre los partidos de la derecha no se traduce en automático en su desaparición definitiva, sobre todo si cuentan con el apoyo de las fuerzas de la derecha internacional. Una Cuarta Transformación que aspire a la liquidación definitiva del viejo régimen requiere de una propuesta de izquierda renovada, sólida y preparada ideológicamente.

Las cifras hablan por sí mismas
Para la presidencia de la República, la candidata progresista, Clara Sheinbaum Pardo, del partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), en alianza con los partidos Verde Ecologista (PVE) y del Trabajo (PT), obtuvo alrededor del 60% de la votación (36 millones de votos). La candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, en representación de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), el 27.5% (16.5 millones de votos), mientras que el candidato del partido de centroderecha Movimiento Ciudadano (MC), José Álvarez Máynez, obtuvo el 10.3% de los votos.

La participación ciudadana en el proceso electoral ascendió al 60% del total de la población (59 millones 307 mil electores), pero en la Ciudad de México y otras entidades se alcanzó el 70%.

Sin duda en el triunfo de Claudia Sheinbaum incide la efectividad mediática de las conferencias de prensa diarias de López Obrador. Pero lo fundamental fue una mejora palpable en el nivel de vida de la clase trabajadora y de la economía en general. La recuperación de la dirección del Estado en las grandes decisiones económicas y sociales, así como un cierto mejoramiento del nivel de vida y los salarios tuvieron más peso que todas las campañas de miedo de la derecha y sus aliados extranjeros.

El gobierno saliente deja un pendiente en el ámbito de sus relaciones con los movimientos sociales, y sectores populares y de trabajadores que aspiran a ser sujetos activos de la transformación y no espectadores pasivos de los cambios. Esperamos que en el gobierno de Claudia Sheinbaum las organizaciones populares, sindicales y asociativas sean consideradas como herramientas de una nueva forma de construir poder desde las bases.

Mayoría Calificada y Plan C. Sus posibilidades
Los perdedores del proceso electoral 2024 no se rinden fácilmente y por eso, pese a la contundencia de la derrota, se aferran a defender el viejo sistema, desencadenando una serie de conflictos poselectorales con la esperanza de que podrían modificar los resultados finales en el Congreso de la Unión, congresos estatales o ayuntamientos

Es atribución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, actuar como árbitro final de la contienda y su conducta durante el sexenio de López y Obrador está marcada por sus posturas antidemocráticas y disfrazadas de defensoras de la legalidad. Por estas razones se anuncia una difícil relación entre los poderes. Ahora tocará al TEPJF, debilitado por la no designación de dos de sus magistrados, resolver el rosario de impugnaciones presentadas por la oposición.
Un punto central de la controversia es la llamada mayoría calificada, pero hasta el momento el INE ha avalado: con un 54% de votos obtenidos por la coalición de la 4T (Morena, Partido Verde y PT) para diputados federales y senadores, se está construyendo una mayoría de 75 o 76% en la Cámara Baja y de casi 67% de los escaños en el Senado. Sólo dos legisladores le faltarían al bloque gobernante para tener en esta cámara los dos tercios y constituirse en mayoría calificada. Nuevamente, sólo el Tribunal Electoral podría, teóricamente, ajustar las cifras para garantizar el principio de proporcionalidad en la asignación de puestos de representación proporcional y determinar si existe o no sobrerrepresentación.

De acuerdo con las cifras difundidas por el INE, de los 300 distritos uninominales, la coalición Morena-PT-PVEM ganó 219; y Morena por sí mismo, otros 37. Eso significa que la coalición oficialista tuvo una amplia mayoría, de 256 diputaciones distritales. El PT y PVEM no ganaron ningún distrito por mayoría fuera de la alianza.

La coalición del PAN, PRI y PRD obtuvo el triunfo en 39 distritos de mayoría, y el PAN individualmente otros tres, sumando 42. PRI y PRD no obtuvieron ningún triunfo mayoritario por sí mismos. Por otra parte, Movimiento Ciudadano ganó en un distrito y un candidato independiente otro más.

Pero a las 256 posiciones mayoritarias del oficialismo —que le daban la mayoría absoluta en la Cámara— el INE le está agregando otras 95 de las 200 plurinominales, para sumar 351. Esto es, con el 54.69% de votos obtenidos en las urnas, el bloque de la Cuarta Transformación obtendría el 70% de los diputados. Y Según cálculos de la oposición, sería una sobrerrepresentación del 15.31%, para dar la mayoría calificada a Morena y aliados, aunque la Constitución sólo permite que sea del 8%.

Para el Senado, a la coalición Sigamos Haciendo Historia le correspondió el 55.07% de la votación ciudadana, habiendo ganado en 30 de las 32 entidades de la República, 60 escaños de 64 de mayoría. La coalición FCPM ganó sólo los cuatro asientos de dos Estados, Aguascalientes y Querétaro. En esta cámara, le tocan a esta alianza 26 senadores más de primera minoría, y a JSHH seis por el mismo principio. Al igual que en los diputados, con ese 55% de sufragios el oficialismo podría hacerse de 83 u 84 senadurías, el 65%, faltándole sólo 2 para tener la mayoría calificada. Siempre según la oposición en este caso, la sobrerrepresentación será de alrededor del 10%.

La fracción V del artículo 54 constitucional habla del límite a la representación de los partidos, pero no a la de las coaliciones, como la registrada para esta elección. Se asigna, así, una sobrerrepresentación a cada uno de los partidos que la integran, y sobre todo al PVEM, que tendrá un número similar de diputados que el PAN, aunque obtuvo en las urnas la mitad de votos que éste.

Reformas al Poder Judicial
El Poder Judicial mexicano, altamente conservador, asumió su verdadero papel: ser defensor del sistema que comenzaba a derrumbarse y, debido a las transformaciones propuestas por el presidente López Obrador, supo que estaba amenazado en sus privilegios.

Desde hace muchas décadas, faltos de legitimidad, tanto el PRI como el PAN compraban una legalidad a modo, sobornando al Poder Judicial con privilegios, lujos desmesurados, y prestaciones de oro que los magistrados no estuvieron dispuestos sacrificar, tanto por razones personales como ideológicas.

Convertido en trinchera del sistema neoliberal, el Poder Judicial se consagró a bloquear las iniciativas presidenciales de López Obrador y a inhabilitar las leyes emanadas del Poder Legislativo. Así entonces, más de 30 millones de votos resultaron tener menos poder que una decena de magistrados, dinosaurios antediluvianos, defensores de un sistema en franca caducidad,

La actual correlación de fuerzas en México va en favor de la transformación, pero hace falta concretarla. Y esto depende de la indispensable reforma del Poder Judicial para transitar de un poder al servicio de la oligarquía, a un poder al servicio del pueblo. Si bien es cierto que esa conversión pasa por la democratización del Poder Judicial y por la elección democrática de jueces, magistrados y ministros, su objetivo no es únicamente votar por figuras surgidas del nuevo bloque en el poder, sino conservar en sus manos la soberanía y potestad para garantizar que sean los intereses mayoritarios los fundamentos de la nueva estructura judicial.

Ya existen suficientes experiencias históricas como para temerle a las desviaciones totalitarias del poder que, después de obtener el aval popular, se dejan seducir por tentaciones autoritarias y derivan a un poder centralizado que se autodesigna representante del Poder Popular y lo confunde con sus ambiciones personales.

De tal manera que el criterio de que el pueblo pone y el pueblo quita no solo debe ser válido para las viejas estructuras, sino también para las nuevas, si estas se alejan de las aspiraciones ciudadanas.

Nuevas condiciones, y nuevos desafios
Las recientes experiencias electorales en América Latina y el Caribe enseñan que cuando los espacios de la democracia liberal tradicional son aprovechados por el progresismo y la izquierda, en la derecha y la ultra derecha gana terreno el neofascismo. La reciente derrota de la derecha en México, junto con anunciar un futuro prometedor de justicia social, hace prever un endurecimiento de los métodos y el discurso opositor.

Para hacer frente a los nuevos desafios se requiere de fortaleza político ideológica y de estrechos vínculos con el pueblo y sus múltiples formas de expresión. La tribuna parlamentaria y los medios digitales podrán jugar un papel importante, pero el rol fundamental lo debe jugar el pueblo organizado y en pleno ejercicio de su poder.