Guanajuato.- La muerte “accidental” de los 40 migrantes centro y sudamericanos, en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, marcará el legado político de la actual administración federal, a querer o no. Se trató de una masacre perfectamente prevenible, si la política de migración mexicana si es que existe asumiera que los protagonistas de esta tragedia internacional son seres humanos, sujetos de derechos inalienables y supremos, como son los derechos a la vida, a la libertad, a la dignidad y a la seguridad artículos primero y tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ese mismo instrumento jurídico universal prescribe que nadie debe ser ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes artículo quinto, a no ser arbitrariamente detenido noveno, a ser oído por un tribunal imparcial décimo, a la presunción de su inocencia undécimo, a circular libremente y elegir su residencia dentro de un Estado, lo que incluye salir de cualquier país, inclusive del propio décimo tercero, a buscar asilo en caso de persecusión en su país décimo cuarto, y el derecho a una nacionalidad o a cambiar de ésta décimo quinto.
México ha exigido desde hace al menos ochenta años con la firma del Tratado Bracero con los EUA en 1942 el respeto a los derechos humanos y laborales de sus ciudadanos migrantes. Usualmente el apoyo consular del gobiernos federal ha sido más o menos oportuno y digno. Sin embargo, ya como país de paso o de destino, México se ha mostrado, primero, dudoso y contradictorio, hasta convertirse recién en francamente represor y persecutor de las familias menesterosas que hoy protagonizan los flujos de la tragedia humana que azota a nuestros países.
Me avergüenza reconocer que como sociedad hemos sido insensibles al dolor de estos hermanos centro y sudamericanos, caribeños, africanos y asiáticos. Me irrita conocer cómo la soldadesca de la Guardia Nacional y los cerriles “agentes” de la Migra mexicana “rescatan” migrantes, para luego recluirlos en “albergues” bajo candado, y expulsarlos del país sin derecho a audiencia o defensa legal. Estos “ilegales” no son personas con derechos humanos: son transgresores de leyes inaplicables en un contexto geográfico y social de alta porosidad y mucha necesidad.
Si en nuestros países, incluyendo los EUA y Canadá, no padeciéramos políticos electoreros, y en cambio contáramos con estadistas con visión histórica como decía Churchill, confrontaríamos este reto humanitario con estrategias de integración económica en escala, con inversiones focalizadas en las regiones de origen y de tránsito, de tal manera que el subcontinente se beneficiara del factor de la producción que genera la riqueza: la fuerza de trabajo, el capital humano, curiosamente hoy escaso en los países desarrollados.
México podría dar un primer paso generando oportunidades en las zonas fronterizas y de focalización de esas poblaciones. Esto con la participación de los EUA y Canadá mediante programas de empleo temporal y capacitación. Nuestra generación puede, y debe, afrontar este reto coyuntural con cambios estructurales. Haríamos historia.
* Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León, Departamento de Estudios Sociales. @riondal – FB.com/riondal – https://luismiguelrionda.academia.edu/