DIARIO DE CAMPO
Seguridad y comicios
Luis Miguel Rionda

Guanajuato.- Es claro que en Guanajuato vivimos en un estado de emergencia por la carencia de seguridad pública. La violencia criminal se ha apoderado de nuestra entidad desde hace ocho años, y los números (oficiales) sólo empeoran: en el año 2020 se registraron 8 mil 282 asesinatos, sobre un total nacional de 34 mil 065, según información de la consultora TResearch. Uno de cada cuatro homicidios del país se perpetró en Guanajuato. En promedio son casi 23 decesos violentos por día.

     Los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los sicarios de al menos dos cárteles criminales son cotidianos en varios de los municipios del corredor industrial. Las ejecuciones masivas se realizan incluso en los sepelios de los asesinados, extendiendo las terribles venganzas de los delincuentes a las familias de los victimados. Los daños colaterales, los inocentes, no son excluidos de las matanzas.

     Increíblemente, los colectivos de búsqueda de restos de familiares masacrados han encontrado docenas de fosas colectivas en diversos puntos de la entidad. La organización Datacivica.org informó a mediados de año pasado que “Con base en lo reportado por la prensa, en el estado de Guanajuato se han observado 109 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 268 cuerpos de personas en 29 de los 46 municipios, entre los años 2009 a julio de 2020.” Pero atendiendo a notas recientes es claro que esta cifra está ampliamente superada. El 10 de diciembre pasado la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas informó que “ha descubierto, en un periodo menor a ocho meses, por lo menos 159 cuerpos humanos en cuatro fosas clandestinas en […] Guanajuato. La mayoría de éstas se encontraron en zonas pobladas”.

     Hasta hace poco, las autoridades negaban enfáticamente la presencia de este tipo de repositorios macabros en nuestra ínsula barataria. La estrategia de negar lo evidente sólo ofende la inteligencia ciudadana, y no aporta nada al tendido de canales de comunicación que permitan involucrar a la comunidad en el combate a esta patología social.

     Para colmo, las campañas políticas por venir introducirán un elemento adicional de estrés. Los cárteles buscarán imponer a los partidos políticos y sus candidatos condiciones que les favorezcan para asegurarse su control territorial. Con el homicidio del aspirante a gobernar por tercera ocasión el municipio de Juventino Rosas, Antonio Acosta (qepd), se anuncia el ambiente de violencia criminal en el que se desarrollará el proceso electoral en estos cinco meses por venir. Algo debió haber hecho bien el occiso en su municipio, que los criminales no lo quisieron volver a ver en la boleta.

     Ya son tres procesos electorales locales consecutivos en los que se perpetran asesinatos contra candidatos o personajes políticos. Pero, como nunca, el escenario local muestra extremos de gravedad que deben ser reconocidos. Es urgente que las autoridades electorales y de seguridad pública, locales y federales, desplieguen estrategias efectivas para proteger a los protagonistas de las competencias por venir, así como al ciudadano votante. No se puede permitir que el ejercicio de la política se convierta en un oficio de alto riesgo. Sería una evidencia más de que las instituciones nos están fallando.

*Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato, y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío. Investigador nacional. Exconsejero electoral local del INE y del IEEG. luis@rionda.net – @riondal