Monterrey.- Hace menos de dos meses, en marzo, López Obrador y los gobernadores firmaron el compromiso para garantizar elecciones libres; implicaba estar al pendiente sobre irregularidades.
Después, poco se habló de ello salvo el presidente, quien insistía en la importancia de vigilar el proceso electoral. Destacaba el papel de la Fiscalía para Delitos Electorales (FEPADE).
La semana pasada, reportó que la campaña del priísta Andrés de la Garza estaba incurriendo en delito electoral por compra del voto, con la tarjeta rosa, incluso formuló la denuncia como ciudadano.
Pareció que lo ignoraban, hasta que el candidato del PRI lo acusó de favorecer a Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano (MC).
Cuando lo estaban metiendo al baile de que apoyaba o no, la FEPADE anunció investigaciones por delitos electorales contra Samuel y Adrián; ambos al mismo tiempo, sin viso de favoritismo.
La tarjeta rosa es uno de las ofertas más publicitadas, la carpeta de candidato del PRI está concluida y se entablará la denuncia; la del candidato de MC, a punto de cerrarse.
La pelota va a quedar en la cancha del Poder Judicial, en el INE y el TRIFE, quienes deberán determinar con rapidez su veredicto, aunque no sería insólito que aparezca en la boleta un candidato –o ambos– con juicio penal pendiente, ya sucede en Chihuahua.
No hay modo de cuestionar al presidente de la república. ¿qué se debe hacer, si se sorprende a un individuo, cometiendo en plena temporada electoral un delito de esa índole?
Más poco variarán las tendencias, muy improbable que Clara Luz, de Morena, pueda remontar de manera espectacular.
Decisión arriesgada; si no se comprueban ambas acusaciones, quedarán en entredicho el Fiscal Gertz, y el mismo Andrés Manuel, y no se olvide el referendo del 20 de noviembre, para la revocación de su mandato
a_hugo16@hotmail.com