Monterrey.- “Nuestro compromiso es con la Constitución”, afirmó en un comunicado la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (ANMCJD), a propósito del juez que dictaminó frenar la reforma eléctrica. Esta corporación de especialistas en Derecho anda chueca.
Los acelerados hablan de una guerra del Poder Judicial contra López Obrador. Falso, la ANMCJD, es una mera organización mutualista, ni a sindicato llega; no aparece en el organigrama del Poder Judicial. Hacia el exterior, la única voz autorizada para comunicarse con los otros poderes es la del presidente de la Suprema Corte.
La ANMCJD tomó notoriedad en diciembre de 2018, cuando hicieron un paro de actividades, con mantas y carteles, como protesta contra la rebaja de sus percepciones salariales. Redactaron un modelo de amparo para todos los juzgadores, simple defensa del gremio. En la página de la Asociación no se menciona cuántos afiliados tiene, pero de seguro, todos ganan más sueldo que el presidente de la República.
La Asociación no tiene ninguna atribución legal, pero los enemigos de la 4T van a encumbrar como los nuevos cabecillas: los Jueces amparadores. No se descarta que hacia el interior del Poder Judicial pretendan armar una revuelta contra su presidente, Arturo Zaldívar, si no los respalda en su actitud beligerante. Ya han insinuado su presunta sumisión por otros fallos.
Independiente del veredicto que se formule contra los jueces cuestionados, el reclamo contra sus amparos llegará hasta la última instancia.
La Suprema Corte se integra con siete magistrados: tres nominados por el Poder Judicial, dos por el Senado, uno por el Presidente de la república.
Ellos decidirán si una atribución del Poder Ejecutivo sobre política económica, avalada por el Poder Legislativo, puede ser anulada por el Poder Judicial.
Entonces sí sería una guerra. Dos contra uno.