Monterrey.- Uno de los primeros mensajes de López Obrador a los empresarios fue: podrán seguir haciendo negocios con el Gobierno, ganando un poco menos.
Una regla muy clara que algunos no aceptaron, como los proveedores de fármacos al sector Salud. Provocaron una crisis de desabasto el año pasado que, bien o mal pudo resolverse. Dichos monopolios fueron expulsados del mercado gubernamental, por prácticas abusivas y leoninas.
Luego se invitó a las empresas extranjeras del gas a revisar contratos hechos durante el sexenio pasado; se hablaba de que irían a litigios internacionales, pero aceptaron diálogo, y bajar dos o tres rayitas a las ganancias.
Llegó el turno de las empresas generadoras de energías “limpias”. Reacias a disminuir sus ganancias ni una sola rayita, llevaron el conflicto a la Suprema Corte de Justicia.
Nadie está pidiendo a las empresas inconformes que se lleven sus macro papalotes, mucho menos que se los vayan a expropiar, solo renegociar con justicia su margen de utilidades.
Los grandes consorcios transnacionales no han expresado temor a la política gubernamental. Están curados de susto. Solo quieren reglas claras, no tanto que sean limpias o sucias.
En los sexenios previos la certidumbre era que debían pagar sobornos para hacer trato. No les preocupaba el costo, al final lo terminamos pagando los consumidores.
La oferta del actual gobierno federal es que ya no se pedirán sobornos, moches, mordidas, con el consecuente ahorro.
Las empresas de “energías limpias” no aceptan y piden lo mismo: mamar y dar de topes. Por ello López Obrador envió al Congreso su proyecto de reforma a la Ley sobre distribución de energía eléctrica.
Todo indica que se hará, con las consabidas tomas de tribuna y el show de máscaras del dúo dinámico de Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez, las senadoras liendres.
Todo saben y nada entienden.