Dudosa colecta del Parque Fundidora
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- Desde hace 32 años el Parque Fundidora es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto, siendo el siguiente:

a) Continuar con el desarrollo y velar por el cumplimiento de los fines previstos en el Decreto Expropiatorio del 11 de marzo de 1988, por el que se declara de utilidad pública la conservación y mejoramiento de la superficie de la planta de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey.

b) Impulsar la realización de actividades de recreación, esparcimiento, deportivas, culturales, artísticas, de fomento comercial, industrial, de servicios, turismo y otras propias de la infraestructura con que cuente.

c) Administrar la operación y funcionamiento del Parque Fundidora, así como velar por el desarrollo, conservación y mejoramiento del Parque, de las instalaciones y demás bienes que integran su patrimonio.

d) Mantener y proteger al Parque como un lugar de tradición histórica, Museo de Sitio de Arqueología Industrial y patrimonio ecológico del pueblo.

e) Propiciar la participación y compromiso de las instituciones públicas y privadas, del sector social y, en general, de los integrantes de la sociedad, en el desarrollo de actividades relacionadas con su objeto y,

f) Realizar todo tipo de actos materiales y jurídicos relacionados con los mencionados en los incisos anteriores.

     El objeto es muy claro, pero no debemos olvidar que tras la quiebra la Maestranza, un 10 de mayo de 1986, el gobierno federal donó a título gratuito las 280 hectáreas e instalaciones de Fundidora al gobierno estatal y en el Decreto de Expropiación estipuló que aparte del Museo de Sitio y del Centro de Convenciones su fin primordial sería un parque densamente arbolado.

     Así, la pionera de la industrialización de América Latina, la forjadora de la vocación empresarial y obrera de nuestra sociedad, la detonante del cambio y de la transformación social de Nuevo León, se convirtió en el gran pulmón ambiental de Monterrey… aunque muy relativamente.

     El fin primordial del Parque se fue dejando a la deriva, pues los intereses económicos superaron a los ecológicos, toda vez que gobernantes y empresarios impusieron su afán de lucro y su visión privatizadora a través de espectáculos, auditorios, arenas, hoteles, restaurantes, bares, snacks, etc.

     Tanto Artemio Garza Rodríguez como Fernando Villarreal Palomo, Presidente Ejecutivo y Director General del Consejo de Administración del Parque Fundidora, respectivamente, se jactaron de lograr finanzas públicas auto-sostenibles en los últimos años, al grado que el Gobernador del Estado retiró la partida anual del Presupuesto de Egresos.

     Con base en los Informes Definitivos de la Auditoría Superior del Estado sobre la Cuenta Pública del Parque, cada año recauda cerca de 180 millones de pesos por ingresos de gestión, rubro que en el 2018 se integró por los siguientes montos y conceptos: $55,520,358.00, por contraprestaciones; $45,483,058.00, por estacionamientos; $37,998,130.00, por arrendamiento de áreas; $26,195,206.00, por el Paseo Santa Lucía; $9,645,586.00, por servicios; $4,288,111.00, por cuotas de mantenimiento y $187,798.00 por otros ingresos.

     Los 55 millones de pesos por contraprestaciones son ingresos fijos por los contratos con el Centro Internacional de Negocios Monterrey (Cintermex): $30,799,904.00; la Arena Monterrey: $9,592,576.00; el Parque Plaza Sésamo: $4,419,405.00; el Auditorio Citibanamex: $3,742,355.00 y, Bicicletas Martínez Villarreal: $1,993.041.00, por mencionar los más importantes.

     Aparte, los 45 millones de pesos por cobro de estacionamientos y los 37 millones por arrendamiento de áreas para eventos, tales como “Pal´Norte”, “Hellow Fest”, “Beyond Wonderland”, “Luztopia”, “Feria Regia”, “Wish Outdoor” “Machaca Fest”, “Festival Live Out” y “Festival Mother of All Rock”, ponen en duda la crisis financiera del Parque y el despido de sus casi 300 empleados debido al cierre de sus instalaciones a causa del Covid-19.

     En el 2019 dicha recaudación seguramente aumentó y sólo es cuestión de tiempo para revisar. Entonces ¿por qué cerrar cuando hay protocolos de salud para ingresar? y ¿para qué pedir una colecta a la ciudadanía?