GOMEZ12102020

¿Edificios sin agua?
Asael Sepúlveda 

Monterrey.- La publicación de una lista de edificios en construcción y que no tienen factibilidad para el servicio de agua y drenaje, puso sobre la mesa un problema añejo en el (SUB) desarrollo urbano de Monterrey. En el problema participan por igual los (SUB) desarrolladores y los alcaldes.
Un vistazo rápido a algunos expedientes permite descubrir que para la generacion de permisos se les exigen ciertos requisitos a los constructores de colonias; y meses después aparecen los permisos firmados, sin que se hayan cubierto los requisitos de ley.

Cuando se quejan los afectados, tradicionalmente la autoridad municipal le echa la culpa a los que ya se fueron; y señalan que para dar marcha atrás a los permisos, habría que entablar un juicio. Casi siempre añaden que los vecinos que demanden tendrán que depositar una fianza, para el caso de que pierdan el juicio, poder resarcir los daños multimillonarios de los fraccionadores. En otras palabras, de entrada se ponen del lado de los violadores de la ley.

A la fecha, hay no sólo edificios, sino fraccionamientos autorizados para vivienda unifamiliar, con todos los permisos, pero con pocos requisitos. El resultado es que poco a poco se van creando más conflictos viales, más embotellamientos, más problemas de agua para la ciudadania. Y claro, las ganancias van a los bolsillos de los fraccionadores.

En el el caso de los edificios, la empresa Agua y Drenaje sólo publicó una lista de 31 edificios, dando las calles, pero no las direcciones exactas; lo cual, para el hipotético comprador engañado, no es de ayuda alguna. Suena más bien a un llamado para que los dueños de los edificios en construcción se acerquen a arreglar el problema.

La Sociedad de Urbanismo le echó más leña al fuego, al decir que no eran sólo 31 edificios, sino que fácilmente podrían ser el doble o el triple. Y por si alguien no lo había pensado, el Gobernador dijo que si había contratos de compra en edificios sin factibilidad de agua, las empresas constructoras tendrían que devolver el dinero. Fácil decirlo, difícil hacerlo, porque tendría que mediar un litigio civil para demostrar que hubo engaño, lo cual es asunto del Poder Judicial y no del Gobernador.

En resumen, lo que se ha evidenciado es un desorden en las construcciones que va mucho más alla del agua. Si nos ponermos a revisarlo, vamos a encontrar que no hay estudios viales, ni de impacto ambiental que soporten el desorden en que han sumergido a la ciudad los (SUB) desarrolladores urbanos.