Educación, la mejor inversión social
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- El proyecto de decreto de la nueva Ley de Educación aprobado por voto unánime en el Congreso del Estado el 20 de julio y remitido al Gobernador el 23 de julio para su promulgación en el Periódico Oficial del Estado u observación (veto), es resultado del dictamen a las iniciativas presentadas por los grupos legislativos del PT, del PAN y del PANAL en conjunto con las secciones 21 y 50 del SNTE y por la Unión Neoleonesa de Padres de Familia.
Para su análisis se realizaron tres mesas de consulta (5 de noviembre de 2020, 18 de marzo y 17 de junio de 2021), donde se recibieron 358 propuestas de modificación a los anteproyectos por parte de los Grupos Legislativos, de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, del Colegio de Abogados, del Magisterio Activo y Jubilado, de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, de la Asociación Estatal de Padres de Familia, de la Alianza de Familias, del Grupo Valores Humanos, de la Organización TENTO, de la Comunidad de Sordos y de la Asociación Educando en RED.
De ese profusamente socializado y largo proceso, queremos destacar que la Autoridad Educativa del Estado y de los Municipios tendrán que cumplir, con base en la Ley General de Educación, las siguientes disposiciones:
- Priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su derecho a una educación integral, de calidad y con criterios de excelencia.
- Garantizar la participación activa de educandos, educadores, familias y sociedad en el proceso educativo con sentido de responsabilidad.
- Cumplir la función social educativa e invertir los recursos económicos de manera gradual y progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
- Ofrecer educación inicial como un derecho de la niñez, como una obligación de madres y padres y como una responsabilidad del Estado.
- Garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior de manera progresiva y con respeto a la autonomía universitaria.
- Atender de manera prioritaria las escuelas en localidades aisladas, zonas urbano marginadas, pueblos rurales o comunidades indígenas.
- Desarrollar los sistemas de educación a distancia a través de las multi-plataformas digitales y asegurar la señal de internet o conectividad escolar.
- Ofrecer las escuelas para padres, madres o quienes ejerzan la tutela, guarda o custodia con el fin de brindar mejor atención a niñas y niños.
- Reforzar los programas y sus protocolos para prevenir y erradicar conductas de violencia o acoso escolar, salud mental y socioemocional.
- Establecer las categorías de la planta docente en el nivel de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, técnica y especial.
- Favorecer la educación inclusiva de alumnos con capacidades diferentes o sobresalientes para evitar la discriminación, exclusión o segregación.
- Crear el expediente único de cada educando desde la educación inicial hasta la superior, que contenga los datos de su trayectoria académica.
- Reforzar la Alerta Temprana para prevenir y atender en forma permanente los casos de ausentismo y deserción escolar.
- Implementar medidas de protección por emergencia sanitaria y la alerta por contaminación atmosférica ante pobres niveles en la calidad del aire.
- Fomentar estilos de vida saludable que prevengan el sobrepeso y la obesidad, así como prohibir alimentos chatarra y bebidas energizantes.
- Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género para otorgar becas a educandos en condiciones vulnerables.
El Gobernador está en su derecho de vetar cualquiera de estas disposiciones de la nueva Ley de Educación, pero no por falta de una estimación sobre el impacto presupuestal en las finanzas estatales. Tal supuesto se cubrió conforme a la Ley General de Educación y a indicaciones del propio Tesorero, pues el financiamiento de la educación pública está sujeto a las disposiciones de ingreso y egreso público anual, así como a la asignación de recursos a cada uno de los niveles educativos para cubrir sus requerimientos financieros, humanos, materiales, de infraestructura y de mantenimiento.
La nueva Ley no aumentará la deuda pública del Estado por estar sujeta a la disponibilidad presupuestal. Pero, la educación no es un gasto, es la inversión social más redituable que garantiza una sociedad justa, igualitaria y sostenible, al promover el desarrollo humano y la formación de capital intelectual. País que apueste a la educación asegurará su progreso y bienestar.