El Cártel de la Toga se niega a morir
Filiberto Pinelo Sansores

Mérida.- Las piedras que ponen en el camino de la implementación de la reforma al Poder Judicial las fuerzas muy minoritarias de la derecha, encabezadas por la hasta hoy presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña –a la que siguen partidos políticos y personajes que se encuadran en este segmento– no lograrán descarrilarla. Están haciendo hasta lo imposible por hacer que fracase, sin considerar que no es el capricho de unos cuantos, sino la decisión de un pueblo –expresada en las urnas– la que la ha hecho posible, porque de no ser así, México seguiría padeciendo a perpetuidad de una justicia, lenta, corrupta y elitista.

Hay un enorme caudal de hechos que conducen a considerarla así. En la “Mañanera del pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum del lunes 21 de octubre, la secretaria de Gobernación, Icela Rodríguez, exhibió algunos de ellos:

“Integrantes de ese poder –expresó– han emitido resoluciones y amparos para frenar la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos de la ciudadanía con el fin de paralizar proyectos importantes como obras públicas o políticas de bienestar”.

Puso ejemplos: “La ley de la industria eléctrica lleva 161 suspensiones de amparo; la ley de la guardia nacional, que tanto bien hace a los mexicanos 5, la ley de minería 5, el fondo de pensiones para el bienestar, que apoya a los trabajadores mexicanos, 25; el decreto para la extinción de fideicomisos del poder judicial de la federación, 717; para evitar la construcción del tren maya 2; contra el reparto de libros de texto gratuito –en el periodo 2023-2024– 26; contra la creación de áreas naturales protegidas, 26 amparos. Pero, eso sí, para proteger a quienes venden vapeadores que mucho dañan a nuestra juventud, 240 suspensiones”.

En cambio: “Han retrasado la emisión de resoluciones y sentencias generando impunidad y negando el acceso a la justicia a miles”, agregó. Más del 28 %, es decir, 6,097 personas de las alrededor de 21,000 que están en los centros federales de reclusión no han recibido sentencia después de muchos años, mientras han liberado a muchos delincuentes peligrosos”. La secretaria citó algunos casos:

“El juez de Reynosa, Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez liberó, en enero de este año, a Alberto, alias el Kena, acusado de delincuencia organizada; el del Estado de México, Juan José Fernando García Quiroz, concedió una suspensión a Rafael Caro Quintero para que no fuera extraditado; el de Jalisco, Conrado Alcalá Romo, un amparo para dejar libre a Héctor el Güero Palma; la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, dejó libre a Itiel, alias el Compa Playa, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, acusado de homicidio de un diputado local, un sábado por la noche, poniendo plazo a los carceleros de una hora para que lo soltaran”.

Fueron 13 los casos que expuso de jueces y magistrados que, sin ningún recato, ayudaron a la impunidad de delincuentes peligrosos en contradicción con su investidura de impartidores de justicia; pero hay muchos más.

La corrupción no es uno de los vicios menores que padece ese poder. No obstante presumir, quienes salen a las calles a protestar, la pureza de procedimientos con que se contrata y promueve al personal de la institución, está documentada la venta de “exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos” y la frecuente impugnación de concursos hecha “por muchos jueces y magistrados, que se quejan de la inequidad, el influyentismo y la falta de criterios objetivos para la asignación de los puestos, pues sólo las personas cercanas a ciertos jueces y magistrados resultan vencedoras”.

El nepotismo es una de las características de ese poder, expuso la secretaria: “En diciembre de 2022 el mismo Consejo de la Judicatura Federal reveló que la mitad del personal, es decir el 49%, equivalente a 24 mil 546 personas, tienen al menos 1 familiar trabajando dentro de él; que el 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en su interior; que los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en su seno y que el 23.7% del personal tiene más de cuatro familiares trabajando adentro”.

Y la cereza en el pastel: “la persona que más familiares acumula en esa institución “tiene 26 parientes incluyendo un magistrado, 13 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales, según información oficial del propio consejo de la judicatura”.

No obstante, el Poder Judicial siente que habita en el castillo de la pureza, y, pese a que, de 2004 al 2023, se presentaron, ante el Consejo de la Judicatura por el ejecutivo, el legislativo, ciudadanos en general o miembros del mismo poder, 38 mil quejas en contra de servidores públicos suyos, de las que el 86% (32,680) fueron desechadas sin iniciar alguna investigación; de que de las que se investigaron sólo hubo sanción a 472 jueces y magistrado (con un risible número y tipo de sanciones: el 0.7% con un apercibimiento y una amonestación; el 0.2% con una suspensión momentánea; el 0.1 con una destitución en muchos casos nulificada con un amparo; nada más el 0.6 % fue inhabilitado y sólo el 0.04 % recibió una sanción económica), se presenta ante la sociedad como ejemplo de paraíso celestial.

Eso sí, para cobrar los miembros de esta casta son buenísimos. No obstante que desde la reforma al artículo 127 fracción 2, de la Constitución en 2019, ningún servidor público puede recibir remuneración por el desempeño de su cargo mayor a la establecida para el presidente de la República, esto les vale gorro: el salario de los ministros supera por mucho el salario presidencial.

Un ministro cobra 792 mil 256 pesos mensuales, entre sueldo base y otros conceptos que ellos mismos se inventaron; un consejero de la judicatura, tiene un salario de 460 mil 787 pesos mensuales, un magistrado de 374 mil 203 pesos. El salario mensual de un juez de distrito, es de 337 mil 575 pesos. ¿No es tiempo ya de que la república se deshaga de esta clase de succionadores del presupuesto?

Sobre todo, después de que han dejado de laborar sin dejar de cobrar sus enormes sueldos dos meses, sin importarles el daño que han causado al pueblo.