El lenocinio infantil existe
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- La falta de voluntad para atender, prevenir, combatir y erradicar las causas de la violencia contra las mujeres, aunado con la corrupción, impunidad y negligencia –herencias de gobiernos del pasado– para cumplir las políticas públicas y las disposiciones de leyes y códigos, así como los lentos e ineficientes procesos judiciales e investigaciones penales sin perspectiva de género, han provocado que la mujer quede vulnerable e indefensa.
De frente al paro nacional del 9 de febrero (El Nueve Ninguna Mujer se Mueve), nadie podemos dejar de sentir, ver, escuchar y atender las demandas que exigen para garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia.
Las autoridades federales, estatales y municipales competentes del ámbito ejecutivo, legislativo, judicial y de los órganos autónomos somos los primeros obligados que debemos prevenir y combatir todo tipo de violencia hacia la mujer, además de brindarle atención jurídica, psicológica y económica para garantizar la protección a su integridad y a su vida.
Entre las múltiples propuestas para combatir y prevenir los aberrantes y ominosos casos de saña y odio cometidos contra las mujeres en el territorio nacional, desde Nuevo León consideramos urgente retomar las medidas para impedir y castigar a quienes utilizan a menores de edad para obtener ingresos económicos comerciando con sus cuerpos; es decir, el lenocinio infantil entendido como la utilización de niñas y niños en la pornografía, la prostitución, la explotación y la trata de menores con fines sexuales.
La situación que guarda el abuso sexual infantil a nivel internacional, según la OMS, es que una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres declararon haber sido víctimas de abuso sexual en su infancia, mientras que en México, de acuerdo con la OCDE, ocupamos el triste y lamentable primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, violencia física y homicidio de menores de 14 años. Lo más grave es que se registraron 4.5 millones de infantes víctimas de este delito y sólo dos por ciento de los casos son conocidos. En tanto, la UNICEF señala que México registra uno de los más bajos presupuestos para atender este mal social, ya que sólo el 1% de los recursos públicos destinados a la infancia se dedican a la protección contra la violencia, el abuso y la explotación de infantes y adolescentes.
A través de una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que presentamos la semana pasada, pretendemos reforzar los mecanismos que protegen a las niñas, niños y adolescentes, así como aumentar al doble las sanciones cuando el agresor tuviere la patria potestad, guarda o custodia de la víctima, fuere ascendiente o descendiente sin límite de grado, familiar en línea colateral hasta cuarto grado, tutor o curador, que habite en el mismo domicilio o tuviere una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación, que se valga de la función pública, que sea ministro de un culto religioso, que emplee violencia física, psicológica o moral, que esté ligado con la víctima por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud o algún otro que pueda influir en obtener la confianza.
De aprobarse la reforma protegeremos como bien jurídico el proceso del normal desarrollo sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, etapa que se ve afectada por las conductas consideradas como crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, cuyo Artículo Séptimo incluye los delitos de “violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable”.
El lenocinio infantil o la acción de personas para inducir a quienes no tienen capacidad de comprender el significado de las relaciones amorosas o sexuales ocultas y para que éstas sean posibles, sólo lo podremos castigar si lo llamamos por su nombre y sancionamos de acuerdo con su gravedad.
Queremos que este tema no sea más un tabú. Digámoslo con todas sus letras, el lenocinio de menores existe e involucra a miles de niñas y niños cada día y sólo podremos disminuir las cifras de víctimas si somos claros: el lenocinio infantil es un delito con características propias que ameritan una sanción propia debido a la gravedad del daño que provocan en nuestra niñez, el cual además tiene un costo social aún no cuantificado.
Al respecto, la revista Quórum Legislativo publicó en su última edición el revelador reportaje sobre “Prostitución infantil: fenómeno de una sociedad indiferente”, citando a Elena Azaola del Centro de Investigaciones Sociales: “Los dueños de muchos de esos bares son diputados, banqueros, alcaldes, personas poderosas” que actúan en la sombra y obtienen importantes ingresos con la complacencia de “autoridades federales, estatales y municipales”.