El paro judicial y el silencio
María Teresa Villarreal* 

Monterrey.- Más de cincuenta días lleva el paro del Poder Judicial federal en todo el país. Un paro peculiar porque, aunque no han estado laborando jueces, magistrados, ministros –por una semana– y trabajadores, todos ellos han cobrado completos sus salarios y prestaciones. Un privilegio impensable para cualquier otro trabajador que no acuda a laborar como protesta.

Ante esta suspensión de la justicia federal que afecta los derechos de la población al acceso a las garantías judiciales y protección judicial en el orden federal, han sido escasas las voces –alguna ministra y algunos periodistas– que han denunciado esa vulneración; y que, además, ha tenido un elevado costo para el erario público que se presume rebasa ya los 10 mil millones de pesos.

Para apreciar la importancia del cierre de tribunales y juzgados hay que recordar la afectación que en el contexto de la pandemia se causó en varios países en lo referente al acceso a la justicia, a pesar de que se realizaba trabajo en línea. En aquel entonces se reclamó el incumplimiento de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25, y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sin embargo, ante el actual cierre de la justicia federal las organizaciones civiles, en especial de derechos humanos, y también los obispos de la cúpula eclesial, no han dicho nada sobre el perjuicio producido en los derechos humanos y en el erario; pero, en cambio, sí emitieron comunicados y lanzaron alertas cuando la reforma judicial se discutía en el Congreso de la Unión.

El Plan C –que incluye no solo la reforma judicial sino también a la procuración de justicia, asuntos electorales y temas relacionados con pueblos indígenas– fue dado a conocer públicamente desde mediados de 2023, y entregado formalmente como iniciativa presidencial al Congreso en febrero de 2024, pero no llamó mayormente la atención sino hasta después de las elecciones del pasado 2 de junio. En todos esos meses no se presentaron iniciativas legislativas alternas que ofrecieran caminos distintos para reformar la justicia federal.

Cuando se empezaron a dar en el Congreso los pasos necesarios para convertir la reforma judicial en ley constitucional, entonces sí empezaron a circular los discursos apocalípticos. Y todos unificaron esos discursos: Cámaras empresariales, obispos, representantes del PAN, del PRI, PRD y MC, algunos integrantes de la academia, medios de comunicación tradicionales, y organizaciones civiles –incluso de derechos humanos–. De calificarla como innecesaria e inoportuna pasaron a reconocer que la reforma judicial era imprescindible, pero con importantes reservas.

Enseguida argumentaron que la iniciativa que se discutía en el Congreso carecía de fundamentos, era precipitada, no había sido suficientemente discutida y que violaba los derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial –con lo que mostraron no haber leído los transitorios que garantizan que los derechos laborales serán respetados en su totalidad–.

Además, en las diversas versiones de esas mismas narrativas opositoras se aseguró que el poder judicial desaparecería, que la impartición de justicia se politizaría, que ocasionaría rezago judicial, que el crimen organizado y otros actores poderosos influirían en los juzgadores, que sobrevendría el autoritarismo, las inversiones no llegarían al país, terminarían la separación de poderes y el Estado de Derecho. En fin, sería el acabose de México como país democrático.

Sin embargo, y notoriamente, el cierre de juzgados y tribunales federales por más de cincuenta días, con un paro todo pagado, lo único que ha producido en académicos, partidos opositores, empresarios, obispos y organizaciones de derechos humanos es silencio.

Hay prioridades.

*Profesora investigadora del IINSO-UANL.