Mérida.- Los defensores del Poder Judicial como está quieren tapar el sol con un dedo al presentarlo como una institución, impoluta, casi perfecta, a la que lo único que falta son ajustes que corrijan sus pequeñas imperfecciones.
Pero para el grueso de la población, que ha padecido los efectos de su orientación elitista, que permite que quienes no tienen dinero se pudran en la cárcel mientras que los que lo tienen -para aceitar su maquinaria- son favorecidos por ella, la realidad es otra. Es por eso que el pueblo de México, en su inmensa mayoría, votó, en las más recientes elecciones, por el Plan C de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que consiste, entre otras de sus varias propuestas, en renovar el Poder Judicial mediante la elección de todos los juzgadores por voto universal, libre y secreto.
No fue un plan que se sacó de la chistera la candidata que venció en las elecciones por holgada mayoría, sin haberlo expuesto antes, junto con todos los candidatos de la coalición ante la opinión pública nacional -como no hicieron nunca ni priistas ni panistas que impusieron siempre al país reformas que mantenían en secreto mientras pedían el voto y sacaban a la luz sólo cuando el pueblo ya no podía hacer nada- sino una propuesta que dio a conocer, ampliamente, durante la campaña y por la que pidió el voto.
La respuesta fue contundente. Fueron decenas de millones de ciudadanos los que se manifestaron en favor de reformar al Poder Judicial por la vía de ser ellos mismos -los propios ciudadanos- quienes elijan a los ministros, magistrados y jueces que lo integran, votando por los candidatos de la coalición que hizo la propuesta. Estos, al recibir el mandato de las urnas están obligados a cumplirlo. Por más presiones, chantajes, amenazas que puedan recibir, tienen que cumplir el compromiso.
Sin embargo, la derecha no sabe perder. A pesar de que fue aplastada de manera humillante, actúa como si tuviera la sartén por el mango, y airadamente, con las escasas huestes que la siguen todavía, amenaza con desatar las peores males para el país si no se da marcha atrás al proceso que conduce a concretar el compromiso.
No obstante que la candidata presidencial de la Coalición, la doctora Claudia Sheinbaum, obtuvo cerca de 36 millones de votos -más de dos veces los 16 millones 502 de Xóchitl Gálvez-, esta se anda paseando por el país -estuvo en Yucatán- vociferando anatemas mezcladas con calumnias -ya fue multada tres veces por el TEPJF por sus falsedades- para que no se apruebe. Amenaza con desatar la ira de los dioses si tal cosa ocurre. Es como la hormiga que se le prende al león intentado doblegarlo. No tiene sentido de la realidad. Se resiste a ir donde el pueblo, con su voto, la mandó: su casa.
Basta ver el comportamiento cotidiano de quienes dirigen el Poder Judicial y de muchos de sus jueces y magistrados para concluir que hace falta esa renovación, so pena de continuar teniendo un aparato de justicia que constituye un lastre para el país porque mientras por un lado liberan a peligrosos criminales, por el otro protegen los intereses de los más poderosos dueños del dinero para que incrementen sus caudalosas fortunas a costa del erario.
Con cualquier pretexto, muchos de ellos liberan a delincuentes sumamente peligrosos detenidos en flagrancia, sin importarles que regresen a las calles a seguir delinquiendo, obviamente, a cambio de la correspondiente compensación porque no lo hacen de manera gratuita. Generalmente, echan la culpa al Ministerio Público; pero no es el Ministerio Público el que los libera sino los jueces a los que se los llevan o tienen en sus manos sus causas. Los clásicos “sabadazos” son famosos por su recurrencia.
Estos consisten en liberar a delincuentes los viernes por la noche o la madrugada de los sábados, cuando la interposición del fin de semana en las labores cotidianas se hace muy difícil revisar rápidamente si alguno de los liberados tiene en alguna fiscalía estatal otra carpeta de investigación, para evitar que salga de la cárcel. Desde 2018, decenas de reos de alta peligrosidad han sido liberados de este modo. Durante este lapso, según las estadísticas de seguridad, mientras de jueves a viernes han sido excarcelados 58 reos, los fines de semana han sido puestos libres 192.
¿Cómo es posible estar exigiendo que se acabe con la inseguridad mientras al mismo tiempo se defiende un sistema de justicia que la propicia?
Y cuando de ayudar a grandes evasores del fisco se trata ahí están siempre dispuestos muchos juzgadores. El ejemplo más nítido de este compadrazgo es el empresario Salinas Pliego quien ya le debe más de 65 mil millones de pesos al fisco gracias a la protección de ministros de la Suprema Corte. Estos lo han protegido durante años. Recientemente, la ministra Piña se encargó de cubrirlo con su sagrado manto al aceptar de nuevo su solicitud de no pagar, en una vuelta más a la Corte de uno de sus casos.
Se trata de un poder que se ha puesto al servicio de intereses que chocan con los del país. En complicidad con quienes los pusieron en sus puestos que son políticos del viejo orden y miembros de la oligarquía mexicana, no han vacilado en echar atrás toda ley que tenga como fin rescatar aunque sea una parte pequeña de las riquezas enajenadas a intereses extranjeros. Eso fue lo que hicieron los ministros cuando ampararon a varias empresas extranjeras contra la ley de la Industria Eléctrica en perjuicio de la empresa nacional: mostrar al servicio de quién están.
El único modo de sacar al Poder Judicial del cochinero en que se encuentra es aplicando el artículo 39 de nuestra Constitución que a la letra dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Pues mientras sus miembros sigan sintiéndose un poder aparte que no emana del pueblo seguirán profundizando en la gigantesca corrupción en la que se revuelcan.