El Proyecto Monterrey VI
Víctor Vela
El tema de traer agua
no debería ser debatible…
Humberto Armenta
Monterrey.- En medio de los contratiempos causados por la actual crisis del agua en Monterrey, que por su naturaleza exigen soluciones inmediatas, el gobierno de Nuevo León propone abrir un debate que, sabemos, nunca debió suspenderse y, ante las actuales circunstancias, en nada interfiere para acatar la emergencia . Al igual que en otras épocas, el problema podrá superarse provisionalmente gracias a la coordinación de esfuerzos que no dejan de representar un incalculable deterioro económico a nivel social. Esta última lección da cuenta del alto precio que, como sociedad, estamos pagando por no haber tenido la voluntad política de tomar medidas de alto alcance donde los beneficios, debidamente compartidos, superáran con creces los eventuales desembolsos (recuperables) del sector económico más favorecido.
Desde hace tres decadas, la idea de traer agua del Pánuco a Monterrey se ha venido contemplando como la mejor opción que para garantizar el abasto de agua a largo plazo. Fue en 2008 cuando las autoridades federales autorizaron la extracción del recurso requerido por la ciudad, por tratarse de ser parte de los excedentes que finalmente terminarían en el mar,
Pero el proyecto, denominado acueducto Monterrey VI, vino a tomar forma hasta mediados de la década pasada ocasionando una polémica, que pese a su carácter bizantino, terminaría suspdiéndose al iniciarse el sexenio anterior porque, lo que para unos era irrefutable en lo económico, no resultó viable para quienes, pretextantando dañio en todos los sentidos, realmente sinteron amenazada su hegemonía en el uso del esencial recurso.
El debate sobre el acueducto Monterrey VI tuvo lugar bajo la lógica de una evaluación apegada al modelo neoliberal, que tiene como fundamento la privatización de los bienes y servicios que originalmente son del orden público y, como es el caso del agua, nadie está facultado- excepto el gobierno- para obtenerla estratégicamente y distribuirla de manera equitativa. Quienes se opusieron al proyecto, más que debatir, vieron amenazados su interes particular, por eso exageraron los costos : privado y social, aplicando números financieros absurdos y magnificando burdamente deseconomías externas; y quienes lo defendieron fueron más precisos y convincentes en su evaluación, pero carentes del criterio social necesario ante la comercialización con un recurso de propiedad colectiva.
Ambos casos asumieron la recuperación de la inversión en los términos operados por las empresas privadas, es decir, el precio del bien o servicio, pagado por los usuarios, llevaría implicito el el costo de toda inversión. El debate sobre el tema del agua debe elevarse para romper con el principio de evaluación de proyectos, radical en el modelo neoliberal, donde el pago de la inversión debe provenir necesariamente de los ingresos por la venta indiscriminada del bien o servicio, lo cual, si se aplica en los bienes públicos, implicaría agudizar la desigualdad.
La inversión estimada en el acueducto Monterrey VI equivale a dos años de los ingresos recibidos por Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D (ADM), y representa un endeudamiento por liberar en 27 años. En caso de que la paraestatal quede como la responsable de esa deuda, los desembolsos requeridos deberán generarse, a lo largo del plazo del financiamiento otorgado, aumentando significativamente las tarifas por el servicio. Este esquema financiero corresponde a los procedimientos convencionales empleados por las emresas privadas.
Tal como ya parece haber consenso, el tema de traer agua del Pánuco a Monterrey no es debatible en términos de su viabilidad técnica y económica, no así en la parte financiera. El acopio de los recursos financieros, necesarios para construir el acueducto, incumben al gobierno federal, acudiendo a una deuda a cubrir mediante un impuesto específico calculado equitativamente conforme a los niveles de consumo de agua sin importar la fuente de abasto.