El pueblo quiere que se vayan
Filiberto Pinelo Sansores

Mérida.- La derecha, integrada por Norma Piña y sus huestes del poder judicial –entre estos, burócratas que no quieren volver al trabajo si no les garantizan privilegios económicos de los que ningún trabajador del estado disfruta en nuestro país y no se les mantienen las canonjías del nepotismo y el amiguismo que ahí se practica para ascender– más políticos del antiguo régimen; empresarios corruptos que no pagan impuestos gracias a la protección de aquel poder y una gran coro mediático de opinócratas, está estirando al máximo la liga pensando que con eso va a lograr que se detenga el proceso de elección de juzgadores, se propine una gran derrota al movimiento de la 4T y se mantenga en México nuestro corrupto sistema de justicia.

Nadie en esa menguada ala se hace cargo del enorme perjuicio que, con su proceder causaron los paristas a la sociedad -y le causan todavía pues son muchos los que aún no regresan al trabajo- al abandonar irresponsablemente, durante más de dos largos meses, sus obligaciones en tan vital servicio.

En nuestra país y en todos los países del mundo, cuando un grupo de trabajadores hace un paro o se va a una huelga, lo primero que hacen los patrones en suspenderles el sueldo. Incluso cuando las huelgas no son declaradas ilegales, los sueldos son suspendidos; eso lo saben perfectamente los paristas del Poder Judicial, porque son sus tribunales los encargados de ajusticiar a los trabajadores cuando suspenden sus labores. Es por eso aberrante que quienes aplican las leyes en nuestro país ahora las estén violando de manera flagrante. Los trabajadores del poder judicial han estado practicando durante este tiempo el viejo y conocido aforismo de hágase la voluntad de dios pero en los bueyes de mi compadre.

Si con el tortuguismo que le ha sido inherente, el poder judicial de la federación ha acumulado un gigantesco rezago, con su irresponsable paro están haciendo que se acumulen muchos más casos. Pero a las huestes de Norma Piña eso no les importa. Se sienten, con su jefa, un poder por encima no sólo de los otros dos, sino del pueblo mismo. Es inconcebible que una institución que tiene como función única velar por que haya justicia, se haya salido, de manera consciente, de ese carril y se haya puesto en otro falso que le crearon fuerzas fácticas -esto es los partidos de la derecha y demás acompañantes- que no tienen ni legitimidad ni fuerza electoral para sostenerlo -porque son exiguas minorías- y, sobre él, transite -va que vuela- hacia el precipicio que inevitablemente, la espera.

Desde el 19 de agosto que iniciaron su paro loco, ministros jueces y magistrados dejaron de atender decenas de miles de casos de solicitantes de justicia. Si cuando han trabajado normalmente, el rezago acumulado es voluminoso, imaginémonos de qué tamaño será el que han logrado ahora en estos más de dos meses de holganza. Datos del Consejo de la Judicatura Federal refieren que de enero a septiembre de este año el rezago acumulado era de 440 mil 759 expedientes. Ahora esta enorme cantidad de casos que duermen el sueño de los justos se incrementó en decenas de miles más.

El daño económico causado a la sociedad no es menor. Tan sólo el ocasionado al erario por los sueldos cobrados sin trabajar y los gastos que se hacen para que el sistema funcione, en 68 días de suspensión de labores en juzgados de distrito y tribunales de circuito, ha sido de 12 mil 839 millones 380 mil 152 pesos, ya que el presupuesto anual de dichos órganos jurisdiccionales es de 68 mil 917 millones 261 mil 195 pesos, de acuerdo con cifras del Consejo Federal de la Judicatura. Eso es lo que ha costado al erario el paro. Aparte, el sufrido por los demandantes de justicia, traducido en dinero, libertades y otros bienes jurídicos no recibidos.

La conducta de muchos jueces, magistrados y otros trabajadores de es poder ha sido puesta, por ellos mismos, en la picota al exhibirse como gamberros que forman grupos de choque para visitar juzgados con el fin de cerciorarse que, como los jefes que los comandan han ordenado, estén cerrados. En las redes circulan videos que muestran a estos grupos vejando a jueces y trabajadores que quieren regresar al trabajo y a base de insultos y amenazas los obligan a no hacerlo. Sus líderes son agresivos en exceso.

El caso del poder judicial de México es único en el mundo de que se tenga memoria, pues a la vista de todos, viola leyes que no sólo debe respetar sino defender. Su obligación es aplicar leyes vigentes, es decir, que no hayan sido, previamente, declaradas inconstitucionales, como es el artículo 61 de la Ley de Amparo que a la letra dice que no procede este recurso “contra adiciones o reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.

Así mismo los ministros de la Suprema Corte han estado alterando disposiciones de la Constitución para dar entrada, de manera ilegal, a recursos de partidos y gobiernos de oposición, que buscan que se declaren inconstitucionales los cambios que se le han hecho por el Constituyente permanente. Están legislando cuando esa no es su función.

Sin embargo, todo lo hecho está resultando inútil porque carecen de razón. A los 36 millones de ciudadanos que votaron en favor de la opción que propuso al electorado la reforma al poder judicial se han sumado millones más que exigen se lleve a cabo hasta sus últimas consecuencias. Las encuestas que se han publicado, sin excepción muestran que la opinión pública piensa que la inmensa mayoría de los ministros, magistrados y jueces de dicho poder son corruptos. Pero, en lugar de desmentirlo con hechos, los señalados lo corroboran con sus acciones.

Su última hazaña: el miércoles pasado la Corte cerró por completo el caso de Rosario Robles Berlanga, acusada de ser la principal operadora del gigantesco fraude cometido en el gobierno de Peña Nieto a través de la secretaría de Desarrollo Social que presidía por más de 7 mil millones de pesos. ¿Quién fue el ministro ponente que propuso dejar de molestarla para siempre? Juan Luis González Alcantara Carrancá, ponente también en el último intento de Piña y seguidores de echar abajo la reforma que los defenestrará para siempre.