PEREZ17102022

El rumbo energético de México
Edilberto Cervantes Galván

Monterrey.- A partir de su llegada al Gobierno de la República, y desde la campaña, AMLO planteó que las decisiones de política energética de los gobiernos neoliberales se orientaron a desmantelar a la CFE y a la quiebra de PEMEX. Ante ello, AMLO planteó la necesidad estratégica de que México tenga soberanía en el tema energético.

La respuesta ante la política de AMLO fue señalar primero que la CFE era profundamente ineficiente y que había inversión extranjera dispuesta a aplicarse en México y con nuevas tecnologías, más respetuosas del medio ambiente.

Con el argumento del cambio climático se cuestionó la política de reforzamiento de la CFE y la modificación en las leyes relativas que afectaban a las empresas con generación basada en el viento y el sol (casi todas ellas de propiedad de extranjeros); estas empresas no disponen de red de distribución y su aportación de energía está sujeto a variantes por efecto derivado de sus fuentes; sin embargo, recibían trato preferencial.

Se acusó al gobierno mexicano de que con esa política no cumpliría con los compromisos de México en materia de cambio climático y que el trato a la inversión extranjera no correspondía al contexto de los términos del TLCAN.

En medio del debate sobre los nuevos términos legales, el gobierno de México decidió comprar varias plantas propiedad de extranjeros, principalmente españoles. También invirtió en la renovación de las represas que generan energía hidroeléctrica (estos es energía limpia).

Hace unos días, el embajador norteamericano, ante la insistencia de los medios de comunicación, declaró que el diferendo en la materia podría requerir el establecimiento de un panel de controversias. Después de que se había comentado que la conducción del diferendo por parte de la Secretaría de Economía mexicana le estaba permitiendo a México aclarar y sortear las diferencias.

Ahora se dice que, a medida que avance el proceso electoral en los Estados Unidos (con elecciones nacionales en el 2024) las presiones sobre el gobierno mexicano y sus políticas van a aumentar.

Entre las versiones interesadas en criticar la política energética mexicana y la información que se genera a partir de opiniones de “expertos”, no es fácil precisar los términos reales de la situación.

No obstante, información recientemente divulgada por un medio de comunicación con base en España, demuestra que las acciones del sector energético en México sí se alinean con las estrategias ante el cambio climático.

En 2019, Brasil, México y Chile, formaron parte de los 20 países del mundo con mayor inversión en capacidad de energías renovables:. “En los últimos diez años los países con mayor crecimiento en el parque de generación a partir de energía renovable son Chile con 111%, Uruguay con 101%, México con 99% y Brasil con 66%”.

“La capacidad actual y la futura de energías renovables hacen de América Latina una zona con alto potencial para la generación de hidrógeno verde. Este puede ser utilizado en el sector industrial (uno de los más difícil de electrificar), en el transporte y en edificios. Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia ya han publicado sus hojas de ruta en hidrógeno verde”.

“La región de América Latina y el Caribe tiene las condiciones correctas para convertirse en un referente mundial de la transición energética justa”.

“Para el 2030, el 70 % del consumo de energía eléctrica en la región vendrá de energías renovables (Iniciativa RELAC con 15 países firmantes)”. Colombia y Chile llevan la delantera con energía eólica y Colombia, por su parte, se ha incorporado a la Alianza Mundial de energía eólica marina. (Véase: El País, 28 08 2023.)

En la medida en que los intereses del debate político se sigan imponiendo en la información que se difunde en los medios de comunicación, la distorsión de la realidad se acabará imponiendo. Muy al estilo Trump que, a todas luces, distorsiona la realidad para ajustarla a sus intereses. En México, en los medios de comunicación que están enfrentados con el gobierno, se orienta a la opinión púnlica a partir de las afirmaciones de “especialistas” “observadores” y organizaciones civiles, mismas que generan su información y que no otorgan validez a la que difunde el Gobierno. Y luego AMLO dice que tiene otros datos.