El zoo y los derechos
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- ¿Cómo apoyar las justas banderas sociales de la 4T y al mismo tiempo, los desatinos que se están cometiendo contra las instituciones del Estado mexicano? Acaso ¿se puede reivindicar la justicia social sin tener contrapesos institucionales? ¿o con una pérdida paulatina de la seguridad jurídica? O mejor ¿tiene futuro una estrategia política disruptiva en clave de gobernabilidad? Son preguntas que muchos mexicanos nos estamos formulando entre ellos forzosamente quienes en 2018 votaron por los candidatos del PRIAN, pero, también entre quienes lo hicieron por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”.

     Intentaremos, responderlas, desde la perspectiva de quién habría votado si bien, no en línea, si por los candidatos morenistas a la Presidencia de la República, al diputado federal y alcalde del municipio donde vivo (razoné mis votos y los hice público en un artículo aparecido el día de las elecciones constitucionales en el diario sinaloense Noroeste).

     Veamos. Como muchos millones de mexicanos vi con simpatía desde que apareció la proclama justiciera: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Ningún buen mexicano podía estar en contra de ella por lo justa. Se trataba de evitar a través del voto que este país siguiera la espiral económica que había traído corrupción y pobreza en gran escala con dos de cada tres mexicanos en algún estado de pobreza.

     Resultaba indispensable y urgente una reorientación del modelo económico. Ese que había dejado a los jóvenes sin expectativa de un mejor futuro y al dejarlos sin futuro, no pudieron alcanzar un primer empleo formal y en esa condición de abandono, asumieron riesgos de caer en las redes de la criminalidad. Recordemos la expresión de Sandra Ávila cuando dijo a Julio Scherer: “Hacen cola”

Para tener una idea de la gravedad basta ver la frustración que existe en un segmento importante de los jóvenes que habiendo tenido la oportunidad de acceder a la universidad y terminaron una carrera profesional, logran en el mejor de los casos obtener un empleo precario y efímero gracias a la reforma laboral peñista que privilegia la flexibilidad laboral y el llamado outsourcing o sea la subcontratación con mínimos derechos. Ahí está, el abogado que ruletea, el biólogo que tiene una carreta de mariscos…

     Entonces, la luz que representó un gobierno que aun con todos los tropiezos busca y buscaba cumplir con su programa social que es un imperativo humanista y solidario con los que menos tienen.

     Sin embargo, este apoyo no puede ser acrítico sin más y en todo. Asumirse como simple comparsa. Un gobierno legítimo debe estar siempre acompañado de la crítica porque con ella se pueden tomar mejores decisiones en la esfera pública. Además, está ahí, como en toda sociedad diversa donde se respeta la circulación de ideas. Y, eso, lleva a preguntar si en la búsqueda de la justicia social, ¿se justifica todo?

     Pasar por alto la construcción de consensos y privilegiar las bolas rápidas en la toma de decisiones puede significar que lo ganado en un lado se pierda en el otro. Y peor, cuando se genera incertidumbre, que puede terminar afectando el asistencialismo social, lo cual obliga a la prudencia para mantener los equilibrios básicos. Y eso no se está haciendo en varios escenarios de la vida pública, cómo lo vemos a continuación.

     La decisión de vapulear y desacreditar al árbitro electoral en la víspera de los comicios concurrentes del 6 de junio no es una buena idea. Al árbitro como en un partido de futbol se le respetan sus atribuciones. Es, más, todos los actores políticos, deben constantemente exigirle al árbitro que cumpla a cabalidad sin detenerse a pensar si sus decisiones de ley perjudican a uno u otro equipo, a uno u otro jugador.

     Y está vez, los ataques se han hecho con saña y mala fe, sin detenerse un momento a pensar que el Consejo General del INE es un órgano constitucional colegiado. Ahí, como hemos sido testigos, las decisiones se toman por consenso o por votación mayoritaria. Así, lo vimos en la votación cerrada para cancelar o no las candidaturas a gobernador de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por no informar sobre sus gastos de precampaña. Que dicho de paso el candidato guerrerense culpa hoy a los dirigentes de Morena.

     Acaso, me pregunto, ¿si el resultado de la votación hubiera sido en sentido contrario se estaría pidiendo juicio político no para todos, sino para solo dos de ellos? Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Obviamente, Morena hubiera celebrado la decisión y reivindicaría el papel de la mayoría. Pero cómo no fue así. Ahí tenemos la demanda de juicio político para dos, si para dos consejeros.

     Además ¿para qué esta tensión si el asunto esta en manos del tribunal electoral que en cualquier momento emitirá sentencia o devolverá el asunto al Consejo General?

     Y lo mismo sucede, con el tema escandaloso de la ampliación de la gestión de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia, qué si bien el artículo transitorio, no fue presentado por ningún senador morenista, sino por uno del partido Verde, esta iniciativa fue adoptada por el presidente López Obrador y votado por la mayoría de su partido aun, cuando, es una clara violación constitucional, como lo han señalado los diputados Porfirio Muñoz Ledo y Pablo Gómez, que al cerrar esta colaboración me enteró que fue votada mayoritariamente a favor.

     No menos preocupante, es la iniciativa para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y crear el Padrón Nacional de Usuarios de telefonía móvil, lo cual significa recabar datos que son exclusivos de las personas como son el iris, las huellas dactilares y tu cara para vincularla a un número celular.

     ¿Cuál es el fin de esta iniciativa? Aparentemente inofensivo incluso lo practica de un tiempo acá la Secretaria de Hacienda con los contribuyentes cuando se les da de alta en su sistema. El problema es que como lo vimos hace unos años en el IFE, la información que le habíamos dado fue robada y vendida y hoy cualquier ente interesado puede tenerla para sus estrategias políticas, comerciales o de seguridad. Y lo mismo podría suceder si entregamos nuestros datos biométricos. Pero lo sucedido con los datos del IFE empequeñecen cuando vemos los alcances que puede tener en manos de un gobierno.

     El “big brother” que está detrás podría estar buscando lo que hoy se tiene en China, donde hay un control estricto sobre la población, con estos datos el gobierno otorga un “crédito social” en función del comportamiento de cada uno de sus gobernados que es evaluado a través de un sistema complejo que supervisa los actos de los habitantes de ese gran país asiático.

     Entonces, de que estamos hablando, cuándo tratamos de conciliar las buenas políticas sociales con las decisiones que se están tomando en contra de las instituciones de la transición democrática o la captura de nuestros datos biométricos, si hubiera que representarlo con una imagen sería la de un zoológico donde se da de comer a sus habitantes, pero estos no tienen más derechos que los de recibir alimentos en un tiempo y espacio acotado. Ese es el riesgo, que el ciudadano pierda instituciones que técnicamente lo protegen.