Pachuca.- Ante el inicio de una campaña para elecciones intermedias donde se renueva la cámara de diputados federal, 15 gubernaturas y demás congresos locales, una amplia incertidumbre acecha México por los intereses en juego y por la crispación que da continuidad a una campaña de odio y discurso violento proveniente desde 2006 y 2018 en donde las instituciones electorales solapan a los agresores y empresas que difunden contenidos violentos.
Conviene tomar mucho en cuenta las elecciones de 2020 en Coahuila e Hidalgo, primeras elecciones después de 2018, donde a pesar de que el gobierno federal y el mismo presidente ofreció que ya no iba a ver fraudes electorales, los grupos de poder local principalmente gobernadores y sus partidos metieron las manos, manosearon los comicios y atropellaron las “reglas del juego”. El caso de Hidalgo no es más elocuente que el de Coahuila pero es donde más información cuento.
En 2018 en el estado de Hidalgo, aun sin alternancia de poder, AMLO y su coalición ganó el “carro completo” en las elecciones presidenciales, de Senado y diputados y ganó por primera ocasión el Congreso Local. El PRI gobernante por primera ocasión sintió la fuerza opositora y cayó en la lona. Ejemplo más claro fue la elección interna del PRI de 2019 para elegir a su liderazgo nacional, solo “participaron” 23 mil 027 “militantes” de un padrón de 161 mil 145. Es decir, el PRI estaba debilitado.
Sin embargo el gobierno de Omar Fayad en las elecciones municipales de 2020 dando la espalda a la propuesta de AMLO de no intervenir en las elecciones, tomó la batuta impuso candidatos excluyendo a representantes de Osorio Chong y Francisco Olvera e intervino en otros partidos, inclusive Morena causando divisiones e intrigas.
Las elecciones de 2020 se hicieron en medio del contagio Covid-19, se suspendieron casi seis meses, y el PRI empezó a movilizar la estructura electoral y utilizar los programas sociales locales “Escudo Hidalgo” incluso los destinados a apoyar a la gente por el contagio para hacerse propaganda. Nadie los detuvo. El organismo electoral IEEH ha funcionado como apéndice del gobernador y del PRI los ejemplos de su parcialidad son tan enormes como del tamaño del Estadio de futbol.
En Hidalgo se organizó un operativo electoral de Estado comandado directamente por el gobernador su objetivo: reducir y aniquilar a Morena como gran venganza de 2018 pero fundamentalmente por su aspiración de estar en la boleta en 2024, según dicen él y sus amanuenses, para lo cual necesitaba triunfos contundentes, de esta forma se centró en las cabeceras distritales electorales con el fin de ganar esas plazas para esta elección de 2021 y la elección de gubernatura que empieza este mismo año pero que se realizará en 2022.
Y lo logró, con graves irregularidades el PRI gobierno desvieló la elección municipal en connivencia con los organismos electorales, no ganó pero manipuló los resultados de las principales plazas municipales: Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan, Huejutla, Mineral de la Reforma y Tula de Allende. Como nunca antes visto, el principal elemento fue el uso de dinero y la compra de voto. Mucho dinero de origen obscuro y posiblemente ilegal.
Cuando empezó la campaña electoral el PRI y sus candidatos ya habían rebasado “los topes de campaña” con despensas, con obras, con mobiliario y finalmente en la compra de voto generalizado en todos los municipios. Con actos de campaña anticipados, que muy claramente están en la prensa y las redes y los organismos electorales del IEEH e INE no los vieron, fueron omisos y complacientes, pensando en lo que pasó en Michoacán y Guerrero donde el INE quitó candidaturas de Morena por no presentar informes de gastos, no fue nada en relación con lo que sucedió en Hidalgo.
La legalidad fue atropellada de modo sistemático, no hubo PREP con lo que se facilitó el manoseo de los votos en municipios estratégicos como Pachuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma. De 84 municipios en 62 se interpusieron 126 recursos de impugnación por las sucias condiciones electorales, tampoco fueron atendidas por el Tribunal. El presidente AMLO promovió que los fraudes electorales, la manipulación electoral y la alteración de resultados estuvieran consagrados en la Constitución. Resulta difícil que los grupos de poder económico que pretender regresar al poder quieran respetar la ley pues están utilizando todas las argucias a su alcance.