Pachuca.- Las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila iban a ser la prueba de fuego para las instituciones electorales y la democracia local. Se pospusieron debido al contagio del Covid-19, de haberse celebrado en junio se pasó la fecha para el 18 de octubre. Lo que sucedió en ambas elecciones locales requiere un análisis profundo, que ha faltado, de los factores del contexto, la situación interna de los partidos principales, de la injerencia de los gobiernos estatales, de la intención del voto, del funcionamiento de los organismos electorales y de la operación electoral –relacionada con las prácticas usuales de los partidos– y desde luego los resultados y la etapa postelectoral, de los cómputos y las impugnaciones.
En el caso de las elecciones municipales de Hidalgo, el confinamiento desmovilizó a la mayoría de partidos y también pospuso la selección de candidatos. En el caso de PAN, PRI y Morena la situación interna era complicada. Presentaban diferentes grados de crisis interna y había muchos pre candidatos apuntados que aspiraban a la candidatura. En el caso de Morena era mayor ya que había una “bufalada”, una gran parte se quería “montar” de la franquicia y de la intención del voto (Mitofsky, 33% enero) y el interés de diferentes grupos de poder que empezaron a tener una injerencia y pretendían obtener los cargos.
En Hidalgo todo estaba puesto para ser una elección ejemplar. Pero el gobierno local de Omar Fayad y su partido el PRI tenían un escenario adverso, apenas contaban con municipios, ante las próximas elecciones federales y de congreso local de 2021 y de gubernatura 2022 no podían abandonar fácilmente la arena política. Aun en el confinamiento utilizaron los recursos públicos para sus precandidatos en la mayoría de municipios, principalmente Pachuca y Mineral de la Reforma; las obras de construcción no se detuvieron ningún día.
Al reiniciarse el proceso la etapa de selección fue clave para los partidos, principalmente para MORENA donde una gran cantidad de municipios hubo desacuerdo por la lista de nominaciones el 21 de agosto. La gran cantidad de pre candidatos, muchos provenientes de grupos de poder local, de viejos cacicazgos, y la falta de una dirección estatal Morenista para procesar la selección interna produjo que el conflicto permaneciera inclusive durante la campaña. La fractura en muchos municipios llevó no solo a deslindarse de los candidatos sino hasta llamar a votar en contra de los aspirantes de Morena.
En la mayoría de municipios el proceso se polarizó a una contienda entre el PRI y Morena pues se tenía el antecedente que en 2018 el “efecto AMLO” había arrasado en la votación obteniendo un buen posicionamiento y la intención del voto favorable. Se enfrentaron dos tipos de estructuras políticas, la del PRI con presencia territorial, ya decadente y deteriorada pero una maquinaria que pudo funcionar con la “aceitada” de millones de pesos sobre todo en municipios estratégicos como Pachuca, Tulancingo, Mineral de la Reforma, Tepeji del Río; y otra de Morena, carente de direcciones municipales, con una dispersión de comités de base y desprovista de fuerza territorial y de liderazgos municipales.
Una campaña de todos los partidos contra los candidatas/ os de Morena, una operación de guerra sucia y de odio, campañas negras y de propaganda apócrifa, hubo varios días de “brigadas” falsas entregando miles de volantes contrarios, destrucción de propaganda, desde el principio campañas para impedir que la gente saliera a votar, inclusive en Pachuca se detuvieron a seis autos que recorrieron las colonias desde las 12 hrs. La omisión de los Oples ante claras anomalías, durante las diversas etapas del proceso.
La suspensión del PREP y la operación de un programa “sustituto” dieron al traste con la confianza electoral no solo no funcionó sino que permitió que los resultados electorales fueran cambiados en el computo municipal en varios municipios, La compra y coacción del voto, operativos tan burdos como el “carrusel” y “ratón loco”, el rebase de gastos de campaña y otras decenas de irregularidades no permiten hablar de la “recuperación del PRI” sino del regreso a la edad de los dinosaurios y al rompimiento de la legalidad electoral.
Con 70 de 84 municipios impugnados por acciones fraudulentas debido a las irregularidades, Hidalgo se muestra en grave retroceso político; nos regresa a un escenario conflictivo y de ausencia de principios elementales de imparcialidad, objetividad, legalidad y certeza. Empieza una nueva etapa política electoral en Hidalgo, una batalla campal, sin ley ni garantías a los derechos ciudadanos. La ley del más fuerte”.