En la Cuenca del Bravo: muchos los diablos y muy poca el agua bendita
Víctor Orozco
Ciudad Juárez.- El río Bravo y sus afluentes son quizá los únicos en México que se atreven contra el desierto. Y ocasionalmente pierden la batalla. Como cuando los asombrados vecinos veían al río hoy fronterizo entre México y Estados Unidos desaparecer bajo las arenas y reaparecer mucho más abajo de su cauce. Aunque no es la cuenca mexicana por la que fluye un mayor volumen de agua, sí es la más extensa, con sus 36 millones de hectáreas en los estados de Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viven en ella 16 millones de personas, que despliegan un variado conjunto de actividades económicas, desde la agricultura de sobrevivencia hasta las industrias con tecnología de punta. Reunidas, generan el 13% del PIB nacional, proporcional al tamaño de su población. El funcionamiento de esta red económica depende del agua que fluye o se deposita en el subsuelo de este territorio gigantesco.
El problema es que el agua no aumenta y aunque es la misma que hace un siglo, las sequías recurrentes hacen cada vez más vulnerable la sustentabilidad de los asentamientos humanos, cuyo consumo, este sí, se incrementa exponencialmente. Según especialistas, quizá hoy la carga “civilizatoria” que soporta la cuenca del Bravo, está llegando a sus límites. La devastación de sus ríos y vasos, la contaminación de las aguas y su sobreexplotación, acabarán por cegar las fuentes en las cuales se apoya el desarrollo económico.
El dispendio del agua no corre a cargo de la mayoría de la población, sino de una pequeña minoría que controla las actividades industriales y agrícolas demandantes de crecientes volúmenes. Éstos se obtienen a como dé lugar, aprovechando subterfugios y corruptelas para hacerse de concesiones de aguas superficiales y en el subsuelo, o de plano en la clandestinidad y el robo.
En este contexto general se despliegan movimientos sociales como el de los agricultores de la cuenca del Conchos en Chihuahua. A diferencia de otros distritos de riego, los que componen la cuenca del río Bravo, son binacionales, esto es, han de compartir el agua entre usuarios de dos países. Por ventura, existe un tratado entre México y EEUU que regula el reparto, comprendiendo en éste a los ríos Colorado, Tijuana y Bravo. Digo que afortunadamente, porque el convenio implica que ambos gobiernos, sobre todo el más poderoso, han aceptado un principio que gradualmente se ha abierto paso en el derecho internacional y es el de la soberanía limitada sobre las aguas generadas en el territorio de un país o en tránsito por el mismo. Según este postulado, tales aguas están sujetas a convenios internacionales en los cuales se salvaguarda el derecho de las poblaciones ubicadas más abajo de las corrientes, aunque sean extranjeras. Y razón de más, los habitantes nacionales de regiones ubicadas en la parte superior de los ríos están obligados a compartir con los de más abajo.
De no aceptarse estas reglas, se deja abierto el camino a la confrontación violenta, entre los usuarios de río arriba contra los de río abajo. En el caso de la Cuenca del río Bravo, entre mexicanos contra mexicanos, norteamericanos contra norteamericanos o entre mexicanos contra norteamericanos. En México, la Constitución de 1917 estableció un principio sabio que limitó el abuso del interés individual y egoísta: la propiedad de las tierras y aguas sobre el territorio corresponde originariamente a la nación. No ha impedido del todo que particulares se apropien por medios legales o ilegales de tierras y aguas en detrimento del interés general, pero establece una base jurídica sobre la cual un gobierno defensor de este último pueda actuar con legitimidad.
En los conflictos actuales los protagonistas son hasta hoy usuarios en los distritos de riego, grandes consumidores de agua, sobre todo en cultivos o plantaciones, como la alfalfa o los nogales. Para el caso de la cuenca del río Conchos, principal afluente del Bravo, han movilizado numerosos contingentes bajo el argumento de que el gobierno federal está robando el agua de las presas Boquilla, Las Vírgenes y el Granero, para entregarla a Estados Unidos, o para agricultores de Nuevo León y Tamaulipas. El concepto de “robo” alude a la apropiación de un bien ajeno, sin derecho. Es porque se piensa que de la concesión a una cierta cantidad de agua se deriva un derecho equivalente al de la propiedad, como el de la tierra. No es así, la concesión es una figura jurídica que no otorga al concesionario derechos reales, exigibles frente a todo mundo, sino sólo ante la autoridad otorgante, que puede revocarla o modificarla en determinadas condiciones.
En el escenario actual, se presentan nítidos casi todos los actores: agricultores instalados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que pelean entre sí por mayores cuotas de agua. Y ahora, se agregan los correspondientes texanos al otro lado de la frontera. El gobierno mexicano tiene ante sí un conflicto mayúsculo: debe hacer frente a las presiones sociales internas, hasta ahora las más fuertes de los usuarios de Chihuahua, con vistas a que crezcan las de los residentes en Tamaulipas. A la vez, las exigencias del gobierno norteamericano, que obviamente protegerá a sus nacionales. ¡Y vaya que tiene instrumentos de toda índole para hacerse valer!
Agreguemos a este coctel la acción de los políticos en ambos lados de la frontera, donde se viven tiempos electorales. No faltarán y por el contrario, aumentarán como una plaga, los redentores y proclamadores del sagrado derecho al agua y por tanto a la vida. Bajo este ropaje, no hay otra cosa que el apetito por el poder y los privilegios que éste conlleva. El PAN y el PRI, le han apostado a montarse en la cresta de este movimiento por el agua para ganar las elecciones el próximo año. En Texas, igual sucede con adalides de ambos partidos, demócratas y republicanos.
Pero, hay un ausente en esta lucha. Es el actor principal, sobre el que descansa todo el tinglado pero que hasta hoy carece de representación y de voceros. Es el formado por los asalariados o jornaleros, como también se les conoce. Ellos son quienes ponen en marcha toda la maquinaria económica cada mañana.
Desempeñan los oficios más variados en la compleja y moderna agricultura de nuestros días, desde el humilde bracero que trabaja con un azadón, hasta el técnico mecánico que presta servicios a las avanzadas herramientas agrícolas. Hay de todo y suman cientos de miles en la cuenca. Hasta hoy, constituyen solamente una fuerza política en potencia y no han puesto sus intereses en la mesa del debate: mejores salarios, prestaciones laborales, servicios médicos, escuelas, albergues para las familias de los trabajadores migrantes, etcétera. Nadie lo hará por ellos, hasta que se organicen por sí mismos. Por ahora, forman la mayoría de los asistentes a las concentraciones y manejan los tractores que desfilan en las protestas.
Vuelvo al principio: la cuenca del río Bravo o Grande está agotando sus recursos. Ha sido pródiga, pero cada pleitista reclama para sí una mayor cantidad de sus bienes.
Son muchos los diablos y muy poca el agua bendita.